Recientemente el BOE daba un sobresalto a miles de estudiantes universitarios españoles en pleno verano. En la disposición del Ministerio de Educación sobre las bases de la convocatoria de becas para este curso académico se estableció que la nota mínima para acceder a la beca que permite el ahorro de la matrícula del primer curso será de 6.5, cuando ahora es de 5.5.
La polémica ha llegado a tal nivel que el Ministerio asegura “mantener todo como estaba” achacando a un error lo aparecido en la resolución. Uno no sabe si es más penosa la verosimilitud que se le otorga a esta nueva condición, que proviene de un Ejecutivo declaradamente beligerante con el modelo de universidad pública y accesible, o la falta de rigor al jugar con el futuro de mucha gente.
Vayamos con el supuesto de verosimilitud y la posible idea de que, una vez más, el Gobierno esté haciendo pruebas con ciertas medidas para ver la reacción ciudadana. Lo primero que debemos convenir es que la política de becas está inspirada en diversos principios, entre los que destaca el de “ascensor social”, es decir, la creencia de que el acceso a la educación superior (universitaria o de Formación Profesional) es la mejor oportunidad para acabar con el estancamiento social, permitiendo que las hijas e hijos de padres pobres puedan, desde el sistema público, alcanzar un nuevo contexto socioeconómico.
Dentro de las transferencias estatales a los becados se distinguen, fundamentalmente, cuatro partes. La primera es la que permite el ahorro de las matrículas (el costo por asignatura-crédito) que supone ya, en el mejor de los casos, 1.000€ o, lo que es lo mismo, el salario entero mensual de un trabajador español “afortunado”; a esta parte le acompaña una cuantía fija de 1.500€ para el umbral más bajo de renta.
La tercera es una cuantía variable que une a los umbrales de renta los rendimientos académicos (adaptados a cada rama de conocimiento). La cuarta y última parte de ellas es la beca de movilidad, una cuantía (1.500€) que permite vivir en la ciudad universitaria intentando actuar sobre el factor de desigualdad territorial (aunque el límite kilométrico no considera la situación de conectividad real de la zona de origen).
La parte más pura de esta política pública es la beca-matrícula, pues tras ella subyace la noble e imprescindible voluntad de que nadie se quede sin estudiar por dinero. Por ello, incluir cualquier requisito de nota en esta parte de la ayuda, más allá del lógico aprobado, es solo una voluntad más de seleccionar socialmente a los estudiantes universitarios, elitizando de nuevo estas aulas.
En lo que decide que estudies la carrera que quieres, la que te permitirá soñar con una nueva vida, no puede importar un punto más o menos. El incentivo al rendimiento debe aplicarse, sin duda, pero nunca por encima de la garantía de inclusión. Por eso, la beca-matrícula debe estar asegurada desde el aprobado para aquellas personas con bajos ingresos (la mayoría de las familias españolas, desgraciadamente) para hacer frente a su pago, porque nadie, nadie, puede quedarse sin ser universitario por esta razón mientras otras personas, cuyo talento puede ser menor, se lo podrán permitir.
La universidad pública cree en la gente y confía en que servirá como institución de mejora social. Todo el mundo que quisiera debería ir a la universidad, no como fin, sino como un medio eficaz para remover las bases de una desigualdad social excesiva aún hoy en nuestro país. Así lo han aceptado muchos países de nuestro entorno, considerando que la educación superior gratuita y pública es una pieza fundamental del cuestionado Estado del bienestar, al que tendríamos que empezar a llamar, Estado de justicia, para que no suene a comfort lo que significa garantía de derechos fundamentales de un entorno democrático.
La democracia también tiene una vertiente de compromiso con la igualdad económica muy importante. Las libertades civiles no tienen sentido si no hay quien las ejerza en plenitud y, para ello, la gratuidad de la educación superior destinada a todo aquel que lo necesita tiene que ser una reivindicación incuestionable. Mamá, ir a la universidad no es un privilegio ni un gasto, es una contribución a que mañana todos vivamos mejor.
