Este es el “delito” por el que el PP pide la dimisión de la alcaldesa de Moratalla, Candi Marín: la estimación de alegaciones en un recurso de alzada. A partir de ahora, según este argumento del PP, si hemos de ser justos, todos los alcaldes y alcaldesas, consejeros/as, presidentes/as, deberán dimitir cuando las administraciones que representan pierdan algún caso en los tribunales contencioso-administrativos.
Es entendible el nerviosismo del PP, al que le saltan los asuntos de corrupción un día sí y otro también. Ver como los privilegios y la impunidad se desmoronan pone nervioso a cualquiera, salvo a los no privilegiados y a los que se ajustan a la ley. Pero recurrir a argumentos burdos, falsos, jurídicamente insostenibles, no demuestra más que la ignorancia y/o la mala fe del que los utiliza.
A lo mejor, alguien debería leerse, para recordar, la Ley, 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre todo en lo que se refiere al artículo 122 y siguientes sobre el Recurso de Alzada.
Los hechos: en un proceso de selección de personal y ante la resolución del tribunal, una aspirante que queda en segundo lugar y no obtiene la plaza, presenta un recurso de alzada. Los servicios jurídicos municipales informan sobre las ocho alegaciones que conforman dicho recurso, estimando una de ellas que modifica la puntuación resuelta por el tribunal. La aspirante que ahora queda fuera de la plaza recurre al contencioso-administrativo contra el ayuntamiento. El juez dicta que el ayuntamiento no tiene razón y le condena (al ayuntamiento) a indemnizar a la reclamante.
Es una fase más del procedimiento administrativo común que permite que el administrado reclame ante una decisión de la administración que considera injusta. Otra cosa es lo que le pasa al PP, que les imputan delitos recogidos en el Código Penal, a ellos personalmente. En el caso Auditorio por ejemplo, el ayuntamiento de Puerto Lumbreras no está imputado, lo está PAS; en el caso Púnica, la Consejería de Educación no está imputada, lo está PAS; en el caso Púnica que afecta a Pilar Barreiro no está imputado el Ayuntamiento de Cartagena, lo está ella.
Pero en fin, ¿qué hacemos intentando hacer aclaraciones? Esto ya lo sabían y lo saben en el PP. Querer comparar esto con el caso de un contencioso-administrativo que condena al ayuntamiento de Moratalla, en el transcurso de un proceso administrativo como consecuencia de la estimación de una alegación en un recurso de alzada, es querer confundir malintencionadamente al personal. Lo inaudito es que algún medio de comunicación dé pábulo a esto.
*José Luís Álvarez-Castellanos Rubio es coordinador Regional de IU-Verdes
