Cerdá justifica la desalinizadora de Escombreras por la derogación del trasvase del Ebro

Los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras se han retomado este miércoles en la Asamblea Regional de Murcia con la comparecencia del exconsejero de Agricultura y Agua del Ejecutivo de Valcárcel, Antonio Cerdá, que se ha desarrollado en abierto y ha contado con un formato más flexible que el que rigió las declaraciones del propio Valcárcel y de Alberto Garre. Si los expresidentes tuvieron la tranquilidad de poder exponer su discurso sin interrupciones, Cerdá se ha enfrentado a las interpelaciones directas de los diputados y en ocasiones se ha visto acorralado y nervioso.

Cerdá ha validado las explicaciones que ofreció la semana pasada Ramón Luis Valcárcel, no sin antes llevar a cabo una extensa introducción en la que ha vuelto a recordar la bendición que hubiera supuesto para la Región de Murcia el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro, aprobado por el PP y derogado después por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Así ha justificado la creación del Ente Público del Agua, que “nace con la derogacion del trasvase del Ebro, porque era la solución al déficit hídrico estructural de la Región de Murcia”.

El exconsejero ha basado gran parte de sus respuestas en repetir que “nadie en esta Cámara” se opuso en su momento al proyecto y a la forma de llevarlo a cabo, que no se sorteó ninguna legalidad porque todo se basó en leyes aprobadas en la Asamblea Regional de Murcia, y que todo lo relacionado con la desalinizadora de Escombreras se hizo con transparencia y claridad.

“Fue tal el estrangulamiento en esa situación, que el Gobierno regional tuvo que buscar la manera, dentro del Estatuto de Autonomía y de sus competencias, de buscar soluciones, y por eso se creó el Ente Público del Agua con la unanimidad de esta Asamblea: nadie recurrió ni nadie se opuso a su creación”, ha defendido Cerdá frente a las preguntas del diputado socialista Jesús Navarro, que ha aprovechado para reprochar al exconsejero que se hubiera dedicado a “demonizar” las desalinizadoras que construía el PSOE, mientras que el PP planeaba hacer la planta de Escombreras: “Yo demonizaba las desalinizadoras como alternativa al trasvase del Ebro, pero no como complemento; no son la alternativa porque son caras, pero tenían que ser como un generador de corriente, que si se va la luz, te aporta la energía. Esa es la demonización”, ha dicho Cerdá.

Navarro ha preguntado también, cuestión que más han tarde han repetido el resto de diputados, si el proyecto pretendía responder a presiones del sector inmobiliario y dar servicio a grandes desarrollos urbanísticos como Lo Poyo y Novo Carthago, hecho que Antonio Cerdá ha negado: “Lo niego rotundamente; se hizo para defender los intereses generales de la Region”. Sin embargo, a renglón seguido ha traspasado la responsabilidad a los ayuntamientos, y a los acuerdos adoptados en los Plenos municipales que luego pasaban al Consejo de Gobierno y “donde nadie, incluyendo los técnicos, nadie puso nunca ninguna pega”. “No hay ningún documento en contra, que yo sepa”, ha afirmado sin convicción.

“Este organismo se constituye como organismo de cuenca y nadie dijo absolutamente nada, el EPA tenía las competencias, esto no se hizo a capricho; nunca el organismo central de cuenca se ha opuesto ni ha denunciado estos convenios, que eran públicos y tenian la transparencia y legalidad requerida; nadie dijo ni media”, ha asegurado Antonio Cerdá, quien también se ha remitido en varias ocasiones a los informes de “prestigiosos despachos privados” que avalaron el proceso. A dicha cuestión se ha referido el socialista Jesús Navarro cuando ha preguntado a Cerdá por qué no se recurrió a los servicios jurídicos de la Región de Murcia. Y sobre quién pagó esos informes privados, el exconsejero ha dicho: “No lo sé... El Ente Público del Agua”.

La responsabilidad política debe dirimirse “en las elecciones”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional y presidente de la Comisión, Miguel Sánchez, ha preguntado si no se deberían pedir responsabilidades políticas por el resultado económico arrojado por desalinizadora ya que señaló que “nos cuesta 4,8 euros por metro cúbico y se vende a 0,60. Estamos pagando el agua más cara de España”, a lo que Cerdá respondió que “la responsabilidad debe dirimirse en las elecciones”.

Sánchez también interrogó a Cerdá sobre la opinión del expresidente Garre vertida en la comparecencia de la semana pasada sobre que no fue un buen negocio y que “contenía prácticas leoninas”. En esta ocasión, Cerdá negó que las condiciones fueran “ni leoninas ni draconianas”.

El portavoz de C´s también recordó que “la Comunidad podía haber construido la desaladora por 111 millones de euros, en lugar de pagar un precio muy superior. Han pasado diez años y se ha devaluado, y en cambio, ahora cuesta más. Es una desaladora, no un cuadro de Dalí”. Cerdá siguió defendiendo que “el modelo privado es tan válida como el público, igual que en la educación”.

Preguntado también Cerdá sobre si conocían las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre su rentabilidad respondió de nuevo que “hubo una reunión en la que se explicó a los representantes del organismo que la desaladora no podía ser rentable, al igual que las del Estado”.

Por otra parte, ante la repetida “leyenda de los 600 millones de euros” por parte de Cerdá, el diputado socialista Jesús Navarro explicó que “salen de sumar las cuotas de 25 años de contrato, más el lucro cesante, más los intereses”. Cerdá volvió a justificarse con que la cifra de compra se situaba “entre los 160 y 170 millones”, mientras que el expresidente Valcárcel lo estableció en 180 y el expresidente Garre en 140 en la anterior comparecencia.

Acorralado por preguntas que Cerdá desconoce, repitió una y otra vez que las empresas públicas ligadas a la desaladora “nunca han pagado dietas ni otro gastos”, aunque reconoció que la Comunidad tendrá que asumir el crédito bancario de la desalinizadora para cerrar el acuerdo con ACS sin especificar cuánto.

Seguridad en lo general y dudas en lo concreto

Cerdá ha insistido en que “la desalinizadora tenía permiso de construcción e informe de impacto ambiental, el EPA tenía competencias y el proyecto se diseña con sólidos informes ténicos, jurídicos y económicos, y con el mandato que da la Asamblea para aportar agua y resolver el estrangulamiento de los desarrollos”. De ese modo, el exconsejero se ha mostrado más seguro en las afirmaciones de carácter general mientras que se ha mostrado inseguro en los detalles, algunos de los cuales le han sido recordados por el diputado de Podemos Antonio Urbina.

A las preguntas de Urbina, Cerdá ha contestado con mayores imprecisiones. “No sé los detalles del día a día”, ha dicho mientras Urbina iba poniendo fechas a los diferentes pasos del proceso que desembocaron en el “acto único” de firma de varios contratos en febrero de 2006: “No hay trama, olvídense. Se crea el EPA, se crea Hidronostrum y se adquiere el 51% de la planta para hacerla suya, y todo se hace el mismo día. Estos despachos de prestigio que estaban diseñando el modelo lo avalan todo con informes sólidos, y cuando llega el día, se firman los contratos, lo que se llama unidad de acto”. “Todo se hizo con seguridad jurídica y con el objetivo de asegurar la titularidad publica de la planta”, ha insistido Cerdá.

Urbina ha reiterado una pregunta: si desde agosto de 2005 el objetivo final era que la planta fuera pública, ¿por qué no se sacó su construcción a concurso público, y se esperó hasta meses después? “Se podria haber optado por otra opción, la mejor opción hubiera sido no construir nada y no haber tenido que construir nada, pero hay que ponerse en esa situación de estrangulamiento”, ha proclamado Antonio Cerdá.

“La clave está en la crisis” ha sido otra de las frases del exconsejero, que ha vuelto a titubear en los detalles del crédito de Banesto por la suma de 114 millones de euros y ha tratado de desmentir, tal y como ya hizo Valcárcel, el supuesto mito de “los 600 millones de euros” de lucro cesante reclamados por Hidromagement: “Desconozco los detalles del crédito de Banesto; se ha dicho tanto de los 600 millones...”. “A principios de 2009, el gerete presenta un documento a la Direccion General de Presupuestos y a la Intervención en el que ya se veía la no viabilidad del proyecto, porque habia caído la demanda de agua y había que renegociar el contrato -ha relatado Cerdá-. Entonces se toma la decisión de renegociar los contratos, y en 2010 empiezan los problemas económicos de las cajas y es cuando se empiezan a incumplir los compromisos que había, con sucesivos impagos hasta 2012. Eso es lo que generó la demanda por lucro cesante, pero eso no supone que tengan que ser los 600 millones, podría ser menos segun se estimase”, ha zanjado sobre el asunto Antonio Cerdá.