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Exigen explicaciones al Gobierno por la “crisis de las ITV”

Manifestación a favor de la ITV pública

Santiago Cabrera Catanesi

Murcia —

El secretario de política municipal del PSOE-RM, Alfonso Martínez Baños, ha pedido al consejero de Empleo, Universidades y Empresa que deje de dar bandazos sobre el modelo de gestión de las ITV. De esta forma, Martínez Baños ha exigido al consejero que “cumpla de una vez” el mandato que le dio la Asamblea Regional y convoque una mesa política para debatir y acordar el modelo más idóneo para las estaciones de ITV de la Región de Murcia.

El dirigente socialista ha recordado que con el modelo público, “que es el defendemos en el PSOE, las arcas públicas ganarían unos 6 millones de euros, y no entendemos por qué se renuncia a ello. Además, los usuarios ahorrarían en el precio de la revisión”.

De igual modo, se pregunta “¿por qué el Gobierno regional ha ocultado el informe económico realizado por Inforges, en diciembre de 2016, sobre este asunto? No sabemos qué tiene que ocultar el Ejecutivo”.

Martínez Baños ha señalado que el PP se niega a realizar un estudio de viabilidad económica sobre los distintos modelos de gestión de las estaciones de las ITV en la Región de Murcia.

Por otra parte, el Secretario General y Portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha pedido la dimisión del consejero de Desarrollo Económico, Juan Hernández, “por querer estafar a los murcianos tratando de privatizar la ITV de Alcantarilla, que es la más rentable de la Región”.

Asimismo, el diputado regional de la formación morada, Andrés Pedreño, ha exigido también la dimisión de Juan Hernández por “ocultar deliberadamente el informe en el que se justificó para intentar privatizar la ITV pública de Alcantarilla”. El diputado ha señalado que este informe “constata que es la estación más rentable de la Región de Murcia.

Acuerdo provisional entre Gobierno Regional y sindicatos

Los sindicatos de CCOO y UGT de Murcia han llegado a un acuerdo con el Partido Popular regional. De esta forma, el sistema de autorizaciones restringidas que había propuesto el gobierno, se ha modificado a uno de licencias condicionadas.

Los motivos del cambio han sido a raíz de las quejas de los sindicatos, que consideraban que la autorización restringida permitía a las empresas adjudicatarias explotar de forma indefinida las instalaciones, siempre que cumplieran unos requisitos mínimos. Además, se pasaba de cobrar unas tarifas fijas a unas tarifas máximas, y se dejaba de pagar un canon anual al Ejecutivo autonómico.

Entre varias de las medidas adoptadas en la propuesta de ley, se incluye la aplicación de una auditoría externa anual, en las que se analizará que los empresarios respeten las condiciones de los empleados, además de los requisitos técnicos y medioambientales. La propuesta recoge que la instalación de Alcantarilla no modificará su régimen de gestión pública directa.

El modelo de licencias condicionadas da derecho al Gobierno de la Región a recuperar la titularidad de las ITV, verificando cada diez años que las instalaciones cumplen los requisitos para el desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, CCOO y UGT han acordado dar 48 horas a las Asamblea Regional (empezando desde el lunes), a la espera de que la proposición de ley para las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) de la Región acordado junto con el Partido Popular sea refrendado por una mayoría parlamentaria. Los sindicatos han advertido de que, en caso de que no se apruebe el nuevo decreto, la situación se “radicalizará”.

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