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REGIÓN DE MURCIA

La Fiscalía de Medio Ambiente investiga la gestión de la desaladora de Escombreras

Agentes de la Policía Judicial acudieron ayer a la instalación en busca de la documentación solicitada por el Fiscal de Medio Ambiente con el fin de garantizar la cadena de custodia

José Luis Díaz pretende determinar si hay indicios de delito en la gestión tras la denuncia del abogado Diego de Ramón y de un informe del Tribunal de Cuentas que arrojaba dudas sobre las pérdidas económicas de la planta

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El Fiscal de Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha solicitado de manera oficial una serie de documentos relativos a la gestión de la desaladora de Escombreras con el fin de determinar si, tal y como denunció en marzo el abogado murciano Diego de Ramón, se han producido varios delitos entre los que se encuentra el de malversación. El origen de las sospechas, anterior incluso a la denuncia del letrado, se remontaría a un informe del Tribunal de Cuentas relativo al periodo 2010-2011 en el que se señalaban las excesivas pérdidas económicas, pérdidas que el abogado Diego de Ramón considera injustificadas y relacionadas con el proyecto del macrocomplejo urbanístico de Novo Carthago.

El fiscal José Luis Díaz ha aclarado a este medio que lo sucedido ayer en la planta desaladora de Escombreras "no es un registro" propiamente dicho, sino "un trámite dentro del proceso de petición de documentación" que, llevado a cabo por agentes de la Policía Judicial, persigue "garantizar la cadena de custodia de los documentos". El fiscal ha explicado también a eldiariomurcia que el motivo principal de su investigación no tiene relación directa con la causa de 'Novo Carthago', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en el que están imputados, entre otros, el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá y el exconsejero Francisco Marqués. No obstante, si aparecieran pruebas que relacionan ambos casos, se aportarían a la causa.

José Luis Díaz Manzanera ha incidido en la cuestión de la gestión de la planta que, por causas que se investigan, viene provocando importantes pérdidas económicas. Los grupos ecologistas y la oposición ya denunciaron en su día que el fin de la construcción de la desaladora de Escobreras habría estado relacionado con los planes del Gobierno regional de llevar a cabo el desarrollo urbanístico y residencial en la zona sur del Mar Menor, lo que afecta al macrocomplejo turístico de Novo Carthago. En dicho proyecto, la promotora Hansa Urbana pretendía construir una urbanización de lujo con hoteles, campo de golf de 27 hoyos y 10.000 viviendas en un espacio protegido de costa virgen perteneciente al municipio de Cartagena.

La planta desaladora de Escombreras fue promovida por el Ente Público del Agua de la Región de Murcia y se diseñó con una capacidad de producción de 63 mil metros cúbicos al día, ampliables a 72 mil. Su construcción se debió a la empresa Hidro Management S.L., participada por el Grupo Cobra y perteneciente a ACS, la constructora de Florentino Pérez. En declaraciones a este medio, Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste, explicó que se trata de "un proyecto que salió fundamentalmente para permitir la reclasificación de terrenos de Novo Carthago".

Según García, "en su día la Confederación Hidrográfica del Segura informó negativamente porque no había garantía de suministro de agua, y entonces la Comunidad Autónoma firmó un convenio para dotar de agua al proyecto con un tinglado que ejecutó la empresa de Florentino Pérez". Y en su opinión, "todo esto ha supuesto recientemente una demanda por más de 500 millones de euros a la Región de Murcia, porque en su día se firmó un contrato blindado para el abastecimiento de agua que no se ha cumplido”. Pedro García compara este asunto con el del Aeropuerto de Corvera: “Aquello son 200 millones de euros de aval, pero esto son 500”.

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