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REGIÓN DE MURCIA

González Tovar: “el PP quiere blindar al presidente Pedro Antonio Sánchez”

El portavoz socialista asegura que es necesario retirar los privilegios a políticos y acusa al PP de falta de voluntad para combatir la corrupción

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Tras la votación por la moción del PSRM por la eliminación de los aforamientos, el portavoz socialista Rafael González Tovar ha advertido que “no hay margen ni razón para seguir manteniendo esta figura del aforamiento especial para los diputados de la Asamblea Regional". A lo que ha añadido que "si bien deben seguir protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria, no deben continuar al margen de la jurisdicción ordinaria de aquellos asuntos ajenos a su normal desempeño parlamentario y que les impliquen de forma directa en cualquier procedimiento judicial”.

Rafael González Tovar, ha manifestado tras el Pleno que “la Asamblea Regional ha querido hoy dar un paso más para reformar el Estatuto de Autonomía, a fin de que se eliminara el aforamiento de los cargos públicos de la Región de Murcia. La moción ha sido rechazada, a pesar de contar con mayoría absoluta, pero no ha obtenido el respaldo de las 3/5 partes de la Cámara exigidos para que prosperara esta iniciativa”.

González Tovar añadió que “cada vez tiene que ser más fuerte el mensaje que se envíe a la ciudadanía de que los privilegios de los políticos tienen que ir desapareciendo, y el aforamiento es uno de ellos”.

El ponente socialista de esta moción ha sido el viceportavoz Joaquín López Pagán, que dijo que “para los socialistas este tema es especial, ya que es una de nuestras propuestas electorales, pero el PP no la ha apoyado”. “Hoy se ha demostrado que el PP dice una cosa y hace la contraria cuando se refiere a corrupción y no tiene voluntad alguna combatirla en sus filas. Por eso se opone a que se eliminen los aforamientos, en su lucha por blindar al presidente Pedro Antonio Sánchez”, ha sentenciado Pagán.

Durante su intervención, el viceportavoz socialista, Joaquín López, argumentó que la moción “se respalda en la prolongada crisis de confianza de la ciudadanía en el sistema político y en las instituciones, agravada por los numerosos asuntos relacionados con la corrupción política que han puesto en jaque la credibilidad de la política, de las instituciones y de aquellas personas que desempeñan esa actividad de servicio público”.

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