El TSJ de Murcia archiva el 'Caso Guardería'
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha archivado el caso Guardería, que investigaba entre otros a la consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, y al exalcalde de la capital Miguel Angel Cámara por un presunto delito de prevaricación administrativa en el traslado y posterior demolición de una escuela infantil.
Además, ha decretado el sobreseimiento respecto de todos los investigados, entre los que figura la exedil de Medio Ambiente y hoy consejera de Agricultura del Gobierno autonómico, que compareció en sede judicial el pasado febrero.
La resolución del magistrado Enrique Quiñonero señala que “más allá de especulaciones e hipótesis sin sustento probatorio alguno” la cronología de los hechos “no evidencia otra finalidad que la de acelerar los tiempos y solventar los obstáculos” al inicio de un proyecto que había sido asumido por el Ayuntamiento de Murcia por considerar que tenía interés público.
El magistrado no advierte la presencia de los elementos que califican el delito de prevaricación porque “no puede afirmarse que con su adopción pusieren los investigados su voluntad sobre los intereses que la ley protege, y que lo hicieran con la gravedad propia de una conducta que pueda ser calificada de injusta y arbitraria”.
Asimismo, recuerda que la magistrada del juzgado número 1 de Murcia dictó tres autos de sobreseimiento respecto de todos los denunciados, en 2011, 2013 y 2015.
La investigación se centró en los acuerdos de la Junta de Gobierno de los meses de julio y octubre del año 2007 que llevaron a la demolición de la guardería en el marco de un proyecto de remodelación integral del barrio de La Paz de Murcia que proyectaba el empresario local José López Rejas, y que no llegó a ejecutarse.
El juzgado de Instrucción 1 de Murcia había elevado al TSJ este caso, por la condición de aforada de la consejera, tras tomar declaración al exalcalde de la ciudad y los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno que tomó esa decisión en 2007.
El PP compara con situación de Sánchez
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Víctor Martínez, ha exigido que “todos” los que en su día pidieron la dimisión de la consejera “deberían de pedir perdón”.
El popular se ha referido especialmente al secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, que considera que debería “dimitir” de manera inmediata de sus responsabilidades “por vergüenza política y por ser el 'capo' de una estrategia miserable para dañar al PP y los intereses de la Región”.
Martínez pide a Ciudadanos mirar con quién se reúne “y que mire los hechos”. Además, ha pedido que se deje trabajar a la justicia y se ha preguntado qué hubiese ocurrido si el presidente regional hubiera accedido a las “presiones” de Tovar y hubiese cesado a la consejera antes de conocer la resolución judicial que ha determinado que no existió delito de prevaricación.
“Pedimos a Ciudadanos que respete la presunción de inocencia y confíe en Pedro Antonio Sánchez y el PP”, ha solicitado el 'popular', que ha insistido en que se debe dejar trabajar a la justicia “y pidamos celeridad. Cuando los políticos se quieren convertir en jueces es un problema”.
El Tribunal Superior de Justicia de la Región ha archivado el caso de la guardería La Paz “al entender que no existe delito de prevaricación”, y ha pedido que “se deje trabajar a la justicia”. El parlamentario se ha referido concretamente a dichos partidos en referencia a la reunión que han mantenido en Murcia.
La guardería se derribó para un proyecto urbanístico no ejecutado
Con el objetivo de levantar 30 bloques de edificios en sustitución de las hacinadas 1500 viviendas de baja calidad que existían, el ayuntamiento derribó la guardería en el año 2007 y trasladó a los alumnos a unos barracones de forma temporal -que se extendió hasta 8 años-. Hoy, tal proyecto no se ha ejecutado, pero en el barrio sigue sin existir una guardería pública. De hecho, el promotor de la obra, José López Rejas, admitió que el proyecto no se llevó a cabo por la crisis económica, y que de saberlo no hubiera solicitado el derribo de la guardería.
Finalmente, el juez no ha visto que esta situación haya incurrido en algún delito de carácter político, por lo que los presuntos responsables, Cachá como concejala y Miguel Ángel Cámara como alcalde de la ciudad están exentos de dicha responsabilidad. 10 años después el barrio sigue igual, pero sin guardería.
