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REGIÓN DE MURCIA

La PAH pide el compromiso de los partidos para acabar con los desahucios

Han presentado un documento a las formaciones políticas en el que se incluye la creación de una Agencia Regional de Vivienda que gestione alquileres sociales, y el aseguramiento de servicios básicos para las familias como la luz y el agua

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Paco Morote y varios miembros de la PAH explican el documento propuesto a los partidos / PSS

Paco Morote y varios miembros de la PAH explican el documento propuesto a los partidos / PSS

Se trata de un "compromiso de mínimos" que parte de la base de la ILP presentada ante la Asamblea regional, texto que fue rechazado por la mayoría absoluta del Partido Popular. En dicha Iniciativa Legislativa Popular, y debido a las limitaciones impuestas a la participación ciudadana, la Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Hipoteca tuvo que prescindir de medidas de tipo fiscal que en este nuevo documento sí se han incluido.

Según explicaron los miembros de la Coordinadora de PAH's, con Paco Morote a la cabeza, hay cuestiones en materia de vivienda que escapan a las competencias autonómicas y municipales, y que vienen fijadas principalmente por la Ley Hipotecaria, a la que, recordaron, Europa ha calificado como injusta y por la que España podría recibir pronto una sanción comunitaria: "Hay quince sentencias europeas que obligarán a modificar la legislación estatal", dijo Morote. Sin embargo, dentro del marco competencial de la Región de Murcia también existe un espacio para la acción.

Entre las medidas que recogen las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y que han puesto sobre la mesa de los partidos, destacan aquellas de orden fiscal que no se pudieron incluir en la ILP, puntualizando que con ello se obtendría una fuente de recursos económicos que deben ir destinados a financiar las políticas de vivienda: en primer lugar, piden que todos los edificios paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles -IBI-, esté o no acabado y sea quien sea su propietario. En segundo lugar, proponen un nuevo impuesto para las viviendas cerradas que según afirmaron, no estaría destinada a penalizar a los pequeños propietarios sino a "los grandes tenedores de viviendas cerradas, que son los bancos, básicamente.

A fin de poder implantar dicho impuesto, antes habría que elaborar un Censo de Vivienda Vacía para el que se necesita la implicación activa de las tres administraciones. La cuantía del impuesto vendría determinada por varios criterios: su valor mínimo de venta, ubicación, tiempo que lleva la vivienda cerrada, superficie, etc. También se aplicaría una escala al propietario en funcion del número de viviendas vacías que posee.

La PAH propone exenciones al pago de dicho impuesto, especialmente la derivada de la cesión de la vivienda objeto del mismo a una Agencia Regional de Vivienda, que se encargaría de gestionar alquileres sociales. Lo recaudado tanto por el IBI como por el impuesto a la vivienda vacía, se tendría que destinar a políticas en la misma materia con tres prioridades: el derecho a los suministros básicos para todas las familias, como la luz y el agua; terminar de construir los edificios cuyas obras están paralizadas y dedicarlos a alquiler social, rehabilitar viviendas y expropiar para evitar desahucios.

La Coodinadora de las PAH's aconseja también que la Administración pública no trabaje con entidades financieras que lleven a cabo desahucios, y exige que los partidos que suscriban el documento, luego lo lleven a la práctica. Para ello aseguran que se dedicarán a la supervisión en el cumplimiento de los compromisos. Paco Morote explicó también que el documento no excluye a ningún partido, aunque reconoció que el Partido Popular se ha excluido a sí mismo hasta la fecha, por rechazar la ILP que las PAH's murcianas llevaron al Parlamento autonómico.

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