La culpa de todo la tiene Yoko Ono

Si la cosa fuera de repartir culpas, aprovechando que la artista Yoko Ono ha visitado Euskadi para presentar su exposición en el Guggenheim le echaríamos todas ellas sin dudarlo a la esposa de John Lennon. Porque gracias al grupo Def con Dos, todo el mundo sabe desde hace muchos años que:

“La culpa de todo la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Y en el metro ahí están como siempre los guardas jurados quitándoles los puestos a los indios, moros y africanos que venden barato.

Y pienso con mi última neurona.

¿Por quién doblan ahora todas las campanas?

¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas?

¿Por qué al despertarme tengo legañas?

¿Quién quema el monte y quién lo apaga?“.

Hasta aquí el metal rap de los años 90 de Def con Dos. Pero si hasta sir Paul McCartney ha asumido ya (y lo ha dicho) que a la buena de Yoko Ono tampoco se le puede achacar la responsabilidad de la separación de The Beatles, habrá que buscar las culpas en otro lado. O más concretamente, habrá que indicar el camino adecuado para que el reconocimiento del daño injusto causado por ETA llegue a sus presos, más pronto que tarde.

He utilizado para comenzar este artículo el gancho de Yoko Ono -que a sus 81 años sigue levantando cierto morbo allá por donde pasa- porque leyendo el último sociómetro, difundido el pasado viernes, me he dado cuenta de una realidad: que solo al 2% de las personas encuestadas le interesa de manera genérica todo esto del “conflicto vasco”, los presos de ETA y el cierre ordenado de más de 50 años de terror. Lo cual demostraría, no tanto la insensibilidad de la mayoría de la sociedad vasca, sino que la ciudadanía ha amortizado mucho más rápidamente a ETA que una clase política que sesión tras sesión en el Parlamento vasco se enreda en debates estériles sobre estos asuntos.

Y sin embargo es necesario clarificar algunas cosas sobre el futuro de los presos etarras, porque aunque básicamente “son un problema para ETA y para Sortu”, como suele recordar Borja Sémper desde la tribuna de oradores, también una política flexible, dinámica en relación con ellos puede equilibrar ese desfase que ahora existe entre el final de ETA y el circo que se genera a su alrededor -sea vía verificadores internacionales, como ocurrió recientemente en Bilbao, o vía exiliados, como ayer en Alsasua- y las preocupaciones de la sociedad vasca. De la del resto de España, mejor ni hablamos. Con todo, no se puede obviar otro dato del sociómetro: el 45% está en desacuerdo con la política penitenciaria, nueve puntos más que en 1999, fundamentalmente por el mantenimiento de la dispersión.

El principal beneficio penitenciario que contempla la legislación para cualquier preso es la libertad condicional, que les permite cuando la alcanzan no tener que volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son: estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social. En la última modificación del Código Penal, se añadió a propuesta del PP que “se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista” y “haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas”.

Para demostrar esa voluntad de reinserción y de romper con el pasado terrorista, el recluso podrá acreditarla “mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito”. Finalmente, el presos debe también haber “satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito”.

Sigue sin trascender el contenido exacto de las 16 cartas remitidas esta semana a Instituciones Penitenciarias por otros tantos presos de ETA enfermos o con más de 70 años, pero todos los datos apuntan a que los presos no han explicitado y muy probablemente se queden en una apelación genérica similar a la que ya hizo el colectivo del EPPK en su comunicado del 28 de diciembre. Entonces, además de admitir la legalidad penitenciaria, en lo que fue un paso histórico, reconocieron “con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto”. Pero solo mostraron voluntad de “analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”. Es decir, que no tenían ninguna intención de regalar al Estado una declaración clara y diáfana sobre su responsabilidad en los asesinatos, la extorsión, las bombas y la persecución del que piensa diferente a ellos durante tantas décadas en este país.

Aunque algunos de estos presos también pueden preguntarse, no sin razón, ¿Para qué voy a caminar por donde otros como los 'traidores' de la vía Nanclares han ido, si luego muchos de los beneficios penitenciarios a los que tenían derecho los han tenido que arrancar en el juzgado de Vigilancia Penitenciaria o ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside Fernando Grande-Marlaska?

Lo inteligente casi siempre suele ser combinar legalidad con flexibilidad, inteligencia con cintura política, porque si a la política del palo no le acompaña la zanahoria, el nudo gordiano de los presos de ETA puede eternizarse más de la cuenta, lo que sin duda retrasará también la disolución de la organizacion terrorista.

Pero es Rajoy quien tiene la sartén por el mango y una mayoría absoluta que le sostiene en el Congreso de los Diputados. Y el presidente no ve en los reclusos de la organización terrorista un problema. Y además considera que un movimiento a destiempo en ese frente lo único que le va a traer es problemas por el flanco de las víctimas y de los sectores más extremistas de la sociedad española y de su propio partido. Fue Borja Sémper el encargado de ir a recoger a Rajoy el pasado sábado para llevarle a la clausura del congreso extraordinario del PP vasco en el Kursaal donostiarra. Y los sectores más aperturistas del PP, del que Sémper es un buen ejemplo, esperaban algo más de su presidente en relación con el final de la violencia y el papel que en él deben jugar los Gobiernos central y vasco y el PNV y los socialistas.

Todo hace pensar que solo después de la elecciones europeas Moncloa y las cancillerías de Ferraz y Génova pueden mostrar algún tipo de movimiento en esta materia. En Ajuria Enea y en Sabin Etxea ya tienen la maquinaria engrasada. Y Arantza Quiroga, la presidenta del PP vasco, espera que el planteamiento que le trasladó a Rajoy en su entrevista del pasado 15 de enero pueda empezar a hacerse realidad.