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Casos Aislados S.A.

En los últimos cuatro años la Policía ha detenido a 1.400 presuntos corruptos aislados. Y no contamos los casos aislados de los que son imputados sin ser detenidos. O los que ni siquiera son imputados porque el clientelismo -la corrupción de conceder contratos públicos a empresas de amigos del partido, o de amigos a secas- es una práctica tan aislada como legal en España.

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En la ración habitual de chanchullos esta semana ha tocado una menestra bastante lustrosa. La Policía ha realizado registros en tres ayuntamientos del PSC y ha detenido a cuatro personas. Se han producido nuevos arrestos en la trama de corrupción policial de Palma. Adif ha despedido por segunda vez a un mismo cargo  acusado de aceptar sobornos por las obras del AVE. Nos hemos enterado de que un ministro -que es ahora comisario europeo- no se inhibió en el Consejo de Ministros que  aprobó la amnistía fiscal por la que se benefició posteriormente su mujer. En Alcorcón las cloacas están tan desbordadas que el alcalde ha decidido  prohibir a sus concejales que se reúnan con promotores inmobiliarios si no es con la presencia de un funcionario público que levante acta de la cumbre. La Autoridad Vasca de la Competencia ha alertado del riesgo de corrupción en las contrataciones públicas. Hemos sabido lo buitres que pueden llegar a ser los fondos buitre de las viviendas sociales de Madrid. El  Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, colocó a la exmujer de Gustavo de Arístegui con un sueldo de 74.000 euros (el Aristegui que está imputado por supuesto de cobro de comisiones). Y el Banco Central Europeo ha anunciado el fin de los billetes de 500 euros, de los que España llegó a acumular el 26 por ciento de todos los que circulaban en Europa.

Son casos aislados, por supuesto. Una semana más con un montón de casos aislados.

En los últimos cuatro años la Policía ha detenido a 1.400 presuntos corruptos aislados. Y no contamos los casos aislados de los que son imputados sin ser detenidos. O los que ni siquiera son imputados porque el clientelismo -la corrupción de conceder contratos públicos a empresas de amigos del partido, o de amigos a secas- es una práctica tan aislada como legal en España.

De las investigaciones abiertas en los últimos años sabemos que los partidos políticos no han tenido en muchas ocasiones forma legal de financiarse para mantener el trepidante tren de vida electoral en el que viven. Durante años se han enfrentado a la disyuntiva de cobrar comisiones o recibir donativos sospechosos. Hasta que en 2007 se prohibieron los donativos anónimos, los partidos contaban con millones de euros que les regalaban ciudadanos y empresas muy comprometidas con la democracia y la pluralidad política. Puede que quisieran recibir algún favor a cambio como se desprende de la instrucción del caso Bárcenas, pero tan solo es una conjetura populista y aislada.

En los últimos cuatro años la Policía ha detenido a 1.400 presuntos corruptos aislados. Y no contamos los casos aislados de los que son imputados sin ser detenidos.

También ha quedado acreditado que en un país en el que buena parte de la clase dirigente defiende las libertades económicas más que las personales, empresas de todo tipo han llegado a acuerdos para repartirse el mercado y amañar los precios. Sabemos que hay jueces que cobraban conferencias de administradores a los que adjudicaban procesos concursales. Y que hay  médicos invitados a congresos de lujo por las farmacéuticas que les colocan medicamentos. Y que el sistema fiscal está construido para que las grandes fortunas puedan marcharse de vacatas a Panamá

Pero son casos aislados, por supuesto. Según la versión oficial que matraquea cada vez que pillan a un chorizo, vivimos en un paraíso de honradez llamado Casos Aislados S.A., en el que muchos profesionales liberales pasan del IVA, autónomos con coches de alta gama pagan menos IRPF que los trabajadores a los que emplean y es casi imposible cruzar un parque sin pisar la mierda de un perro que no ha recogido su dueño.

Son casos aislados. No se puede juzgar a todo el establishment -y probablemente a la sociedad en su conjunto- por unos pocos jetas, aunque -y esta es otra posibilidad- tampoco debería juzgarse a todos por la actitud heterodoxa de un puñado de ciudadanos honrados. Los expertos dicen que rebajar este lodazal -más estructural que coyuntural- pasa por una combinación de medidas preventivas, el endurecimiento de sanciones y un cambio cultural profundo que germine en el sistema educativo. Mientras todo eso llega, y no parece que vaya a llegar pronto, sería deseable que al menos los aludidos no siguieran insistiendo en la excusa de los casos aislados. Suena a eso: a excusa.

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