Buruaga asegura que el PP ha conseguido “frenar y ralentizar el aumento de la pobreza”

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Saénz de Buruaga, ha responsabilizado al anterior Gobierno (PRC-PSOE) del aumento de la pobreza en Cantabria en el periodo 2009-2013, y ha asegurado que las políticas del Gobierno del PP han conseguido “frenar la tendencia ascendente, ralentizar el aumento de la pobreza, y pronto conseguirán revertir la situación a través del empleo”.

Buruaga ha destacado que Cantabria fue la comunidad autónoma que registró entre 2009 y 2013 el aumento más acusado de la pobreza, en concreto ocho puntos porcentuales, tal y como refleja el último informe de la Red contra la Pobreza, pero ha matizado que entre 2009 y 2011, durante el mandato del anterior gobierno, aumentó un 5,7%, y que en 2012 y 2013, Cantabria fue la única región que consiguió reducir la tasa de pobreza, del 13,8% de 2011 al 11,1% en 2013.

“Datos para la esperanza que ustedes pretenden enterrar”, ha espetado a la oposición, asegurando que “sus políticas son las que están en el origen de un problema” del que ahora pretenden sacar partido. Buruaga ha insistido en que las políticas del PP están “dando resultados” y ha añadido que gracias a ellas, Cantabria “vuelve a tener esperanza en el futuro”.

Lo ha dicho en respuesta a las preguntas de la diputada del PRC Matilde Ruiz, que ha vuelto a denunciar el incumplimiento por parte del PP de sus compromisos electorales, ha tachado de “regresivas” sus políticas y le ha acusado de “sustituir la justicia por la caridad”.

LEY DE DEPENDENCIA

Por otro lado, la consejera ha explicado que la aportación del Estado a la financiación de la Ley de Dependencia se ha reducido del 24,5% en 2011 al 18% en 2014 -de 26,2 a 17,8 millones-, mientras que la de la comunidad autónoma, que es “la mayor”, se mantiene “estable” -del 51,13% baja al 50,6%, lo que supone pasar de 107 millones a 86-; y la de los usuarios crece del 24,37% al 31,4% -de 26 a 31 millones-.

Según ha explicado, ello se debe a que el número de personas en situación de dependencia se ha reducido y ha aumentado notablemente la prestación en forma de servicios frente a la prestación económica. Según sus datos, el número de personas con derecho reconocido han pasado de 16.895 en julio de 2011 a 15.225, y los grandes dependientes se han reducido en más de 1.500 personas, lo que justifica en parte la disminución de la aportación del Estado.

Buruaga ha explicado, en respuesta a preguntas del PSOE, que un total de 8.258 personas dependientes que recibían prestación fallecieron entre julio de 2011 y diciembre de 2014, mientras que por el contrario, 8.032 nuevos beneficiarios han entrado en el sistema, y en julio lo harán los 3.500 dependientes de grado moderado afectados por la moratoria de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy al principio de la legislatura.

Según ha destacado, ello elevará el número de personas dependientes con derecho reconocido a 18.725, “casi 2.000 más” de los que había en julio de 2011 (16.895). Por otro lado, la vicepresidenta ha señalado que el aumento de la aportación de los usuarios se debe al incremento de las prestaciones de servicios, que han pasado del 36% al 47,3% durante la legislatura, en detrimento de la prestación económica, que en julio de 2011 representaba el 64% y se ha reducido un 15%, con 1.353 perceptores menos.

Para la consejera, todos estos datos evidencian que el sistema de dependencia “no se ha visto paralizado ni maltratado”. Todo lo contrario de lo que opina el PSOE y su portavoz en esta materia, Lola Gorostiaga, que ha denunciado que hay “menos personas atendidas, con más dificultades de acceso a las prestaciones, que pagan más por el servicio”, y además la comunidad autónoma “soporta más peso” de la financiación de la ley.

Frente a los datos de la consejera, Gorostiaga ha asegurado que la aportación de la comunidad autónoma ha aumentado del 63% al 71%, y ha responsabilidad de ello al Gobierno de Mariano Rajoy que “suspendió el nivel acordado, rebajó el mínimo y subió el copago”.

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

Por otro lado, la oposición ha criticado de nuevo el “desmantelamiento” de los servicios sociales municipales y la “falta de compromiso” con los mismos por parte de la Administración regional, que ha defendido, a través de su grupo parlamentario, que dichos servicios se prestan en coordinación con el Ejecutivo.

Así se han pronunciado unos y otros en la debate de una moción del PRC, rechazada con los votos del PP, y con la que se pretendía que el Parlamento instara al Gobierno cántabro a aprobar un decreto regulador del régimen transitorio de aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local respecto del sistema autonómico público de servicios sociales.

La regionalista Rosa Valdés ha asegurado que la brecha de la desigualdad ha aumentado en la Comunidad Autónoma desde que gobiernan los 'populares', a los que ha recriminado que hayan impuesto sus reformas en la materia “a las bravas”. También ha tachado de “insulto” la financiación a los ayuntamientos en este ámbito, y ha rechazado por tanto el “mantra” del PP de que las cuantías que se destinan a servicios sociales son suficientes.

La socialista Dolores Gorositaga, cuyo grupo ha respaldado la iniciativa del PRC, ha enumerado medidas adoptadas en los últimos años como el copago de los medicamentos, la segregación en educación o recortes en sanidad, entre otras.

Y la 'popular' Mercedes Toribio ha asegurado que los ayuntamientos prestan servicios en “coordinación” con el Gobierno regional que, además, ha recordado, tiene que pagar “un millón” de euros “cada día” por la deuda que PRC y PSOE “dejaron”. Esta diputada también ha reprochado a regionalistas y socialistas que los parados de larga duración “vienen de su legislatura”.