CC.OO. lleva ante la Fiscalía al presidente de Cantabria y al delegado del Gobierno

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha cumplido su 'amenaza'. Hace más de dos meses advirtió ante los medios de comunicación que los criterios de selección de las Iniciativas Singulares de Empleo, subvencionadas por el Gobierno de Cantabria y gestionadas por las corporaciones locales en cerca de 80 municipios de la comunidad autónoma, contenían “ilegalidades” que las convierten en “nulas de pleno derecho”. Las críticas y la indignación de los aspirantes fueron la tónica general y se produjo entonces un reguero de protestas por todo el territorio regional.

En ese momento, el sindicato anunció que si las máximas autoridades de Cantabria, responsables de la gestión del dinero público invertido en esta convocatoria de ayudas, no hacían nada al respecto, acabarían ante los tribunales. Una advertencia que ha culminado este viernes, cuando la organización sindical ha confirmado este extremo.

Comisiones Obreras ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al presidente del Ejecutivo autonómico, Ignacio Diego, y el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, por considerar que “han consentido ilegalidades” en la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos con cargo a la orden de subvenciones de la administración regional.

El sindicato insiste en que buena parte de las convocatorias y procesos de selección incumplen la ley por vulnerar el derecho fundamental de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Y entiende que Diego y Ruiz, ambos del Partido Popular, podrían haber incurrido en responsabilidades penales por “omisión” en el ejercicio de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad, por lo que solicita su inhabilitación para ocupar cargo público.

Según ha explicado en rueda de prensa Carlos Sánchez, secretario general de Comisiones Obreras, los procesos de selección en la inmensa mayoría de los ayuntamientos se han desarrollado o sin las garantías de publicidad suficiente, o con “discriminaciones” contrarias al ordenamiento jurídico, al establecer el empadronamiento como requisito o mérito y fijar una edad mínima de 18 años cuando la establecida para el acceso a la función pública es de 16 años.

CC.OO. considera que, como garantes de la legalidad, el Gobierno y la Delegación de Gobierno deberían haber requerido a los ayuntamientos para que anularan y subsanaran todas aquellas disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, tal y como solicitó el sindicato el pasado mes de febrero.

Aberraciones jurídicas

“La denuncia no es una opción, es una obligación denunciar aberraciones jurídicas”, ha afirmado Carlos Sánchez, quien ha señalado que “a sabiendas”, Ignacio Diego y Samuel Ruiz “han consentido un ilícito y han permitido la vulneración de un derecho fundamental”.

Según ha explicado, con esta denuncia ante la Fiscalía el sindicato pretende “dar cauce al rechazo y la alarma social” generada por una convocatoria que, en su opinión, “favorece el clientelismo, el nepotismo y el dedo en el acceso al empleo público”, así como “poner a las administraciones en su sitio” para que “no se repita”.

Además, el sindicato va a hacer una consulta a la comisión de quejas del Fondo Social Europeo, que cofinancia estas ayudas para obras de interés social, al entender que la convocatoria se ha “pervertido” y que “no tiene mucho sentido” que la financie cuando se valora más el hecho de estar empadronado que el tener un hijo a cargo, ser parado de larga duración o tener a todos los miembros de la familia en el desempleo.

Para Carlos Sánchez, es una convocatoria “antisocial” que “solo persigue rebajar las cifras de paro” y que además “se ha vuelto contra ellos mismos” por el rechazo que ha generado en buena parte de la población, al favorecer -ha dicho- “el clientelismo, el nepotismo y el dedo en el acceso al empleo público”.

Múltiples protestas

Durante las semanas en las que se desarrollaron los distintos procesos de selección, las concentraciones de protesta, las reivindicaciones de los afectados e, incluso, las acampadas, se extendieron por prácticamente todos los municipios. En Laredo, por ejemplo, la contratación de varias personas vinculadas familiarmente a una de las concejalas del equipo de Gobierno, así como a miembros del personal del Ayuntamiento, despertó las suspicacias de los vecinos de la villa, que dudan de la imparcialidad del proceso.

También en Santander hubo críticas a la gestión municipal, porque las entrevistas personales fueron determinantes a la hora de repartir los puestos de trabajo en detrimento de la experiencia y la formación de los candidatos. Es decir, que los criterios subjetivos primaron sobre los objetivos, de modo que el resultado fue que muchas personas que por su currículo habían obtenido una puntuación elevada se vieron fuera en favor de otras que realizaron una entrevista 'sobresaliente', literalmente.

Uno de los casos más singulares se produjo en el Consistorio de Santa Cruz de Bezana, donde tiraron por la calle del medio. El Ayuntamiento adjudicó los contratos de trabajo mediante un sorteo público. Una decisión que tampoco terminó de convencer a los participantes, ya que de este modo no se tuvo en cuenta ningún criterio social ni de méritos profesionales.