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Las contrataciones 'a dedo' acercan al banquillo a un alcalde del PP

El primer edil del municipio cántabro de Santa María de Cayón, Gastón Gómez (PP), podría ser inhabilitado para empleo o cargo público de siete a diez años por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

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Gastón Gómez, alcalde de Santa María de Cayón (Cantabria)

A la derecha, Gastón Gómez, alcalde de Santa María de Cayón (Cantabria).

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medio Cudeyo ha declarado el fin de las diligencias previas y la apertura del juicio oral contra el alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez (PP), por un posible delito de prevaricación administrativa en su gestión al frente del municipio cántabro.

En un auto firmado por la magistrada Luisa Fernanda Vidal al que ha tenido acceso eldiario.es, se acuerda también el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a otras acusaciones de malversación de caudales públicos o fraude y extracción ilegal, pero se mantiene la imputación del veterano regidor 'popular' por una supuesta infracción del artículo 404 del Código Penal, que sanciona a  la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria.

La pena a la que se enfrenta el alcalde de Santa María de Cayón de ser declarado culpable de este delito de prevaricación administrativa es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo que oscila de los siete a los diez años. Gastón Gómez inició el pasado mes de junio su quinta legislatura consecutiva como primer edil, un cargo al que llegó en 1999 como independiente, para convertirse desde 2003 en el cabeza de cartel del Partido Popular en la localidad.

Su cargo fue puesto en cuestión después de las últimas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, a pesar de que revalidó su mayoría absoluta, porque su salida de los órganos de dirección del PP fue una de las condiciones impuestas por Ciudadanos para permitir la investidura de Íñigo de la Serna en Santander.

Finalmente, y pese a su imputación, la formación que lidera Albert Rivera no exigió su salida del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, sino que pidió su cese de los cargos orgánicos que ocupaba entonces -vocal de la Ejecutiva Regional- con el argumento de que Ciudadanos no presentaba candidatura en el municipio y no tenía potestad para reclamar su retirada de la política activa.

Además, Ciudadanos justificó esta exigencia, que también afectó al alcalde en funciones de Astillero, Carlos Cortina, en el hecho de que el decálogo por la regeneración democrática de la formación naranja exige que no haya imputados en las listas electorales ni en los cargos del partido.

Contrataciones 'a dedo'

El auto, contra el que cabe recurso, exime a Gastón Gómez de otros posibles delitos más allá de la prevaricación administrativa, como haber cobrado más de 30.000 euros de Caja Cantabria en concepto de dietas y desplazamientos entre 2009 y 2011, periodo en el que fue consejero de la entidad bancaria integrada ahora en Liberbank. La jueza señala que no detecta irregularidades ni incompatibilidades en esos cobros.

También descarta la malversación de caudales públicos en el pago de facturas sin consignación presupuestaria por parte del Ayuntamiento, aunque pone el foco en la contratación de personal 'a dedo' en  determinados proyectos de la Agencia de Desarrollo Local, en las Escuelas Deportivas y en la Brigada de Obras Municipal, donde "se omitió de manera sistemática el procedimiento administrativo de selección" pese a los reparos de la secretaria y el interventor.

Según se recoge en el auto, las contrataciones se realizaron por "orden directa del alcalde", que no procedió a la regularización de las contrataciones pese a los escritos de disconformidad "reiterados" presentados por el Servicio de Secretaría e Intervención.

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