Sanidad, Educación y Servicios Sociales, las 'carteras' pretendidas por el PSOE

La Ejecutiva regional del PSC-PSOE ha dado vía libre para negociar con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) la formación de un Gobierno de coalición entre ambas formaciones. En una reunión celebrada en la noche del martes, sus 30 integrantes dieron el visto bueno, por asentimiento, a reeditar el pacto que socialistas y regionalistas ya mantuvieron entre los años 2003 y 2011.

Sobre la mesa de las negociaciones, los socialistas pondrán tres condiciones: la vicepresidencia para la secretaria general y candidata autonómica, Eva Díaz Tezanos; la gestión de cuatro Consejerías y un pacto municipal, por el cual PRC y PSOE se apoyarán en los municipios en los que ambas formaciones sumen mayoría absoluta, dejando la alcaldía para el candidato más votado. Con esta acuerdo, los socialistas mantendrían la alcaldía de Torrelavega y recuperarían, entre otras, las de Laredo y Santa Cruz de Bezana.         

Además, existe una cuarta condición, que es ajena a la composición del nuevo Ejecutivo y de los Ayuntamientos pero que desde el PSOE consideran importante para no dividir el voto socialista. Y es que Miguel Ángel Revilla y el PRC no se presenten a las próximas elecciones generales, como ya hicieran hace cuatro años.  

Durante la reunión, que se celebró en la sede del partido en Bonifaz, también se habló de las posibles 'carteras' que asumirán los socialistas en el nuevo Ejecutivo. Sanidad, Servicios Sociales y Educación son las pretendidas por el partido, que descarta, entre otras, Obras Públicas. Entienden que no es 'rentable' teniendo en cuenta el nivel de inversiones que se puede acometer en estos años de restricciones presupuestarias.

Todo ello quedará siempre supeditado a los intereses de los regionalistas, que cuentan con el respaldo del 30% del electorado frente al 14% logrado por el PSOE. Y también a la abstención de Podemos o Ciudadanos en la toma de investidura de Miguel Ángel Revilla como nuevo presidente de Cantabria.      

No obstante, y aunque la Ejecutiva ya ha dado el 'ok' a iniciar las negociaciones, el PSOE celebrará el próximo jueves un Congreso regional para contar con la opinión de los afiliados. Esta asamblea será un trámite, ya que los 'oficialistas' cuentan con el apoyo de la mayoría de los miembros, si bien puede producir alguna distorsión orgánica. En este sentido, el sector crítico, liderado por la veterana Rasa Inés García es reacia al acuerdo, al que pondrá condiciones para que su grupo lo ratifique.    

José Guerrero, secretario de Acción Electoral del PSOE, y Rafael de la Sierra, vicesecretario general del PRC, serán los encargados de llevar a buen puerto las negociaciones, que Miguel Ángel Revilla desea se cierren lo antes posible.

Por otro lado, la Ejecutiva pasó de puntillas por el resultado electoral, que deja a los socialistas con el peor registro de su historia, con 44.000 votos -11.000 menos que en 2011- y cinco diputado -dos menos que en la anterior legislatura-.       

El programa “como base”

A través de un comunicado, la dirección socialista ha señalado que el acuerdo debe ser “global” y tener “como base” el programa electoral del PSOE, que a su entender “aporta soluciones realistas a los verdaderos problemas de Cantabria: paro, desigualdad, pobreza y exclusión social, retroceso del Estado de Bienestar y pérdida de derechos democráticos”.

Igualmente, afirma que el acuerdo se guiará por los principios de “la transparencia en la gestión y en la administración de los recursos que los socialistas hemos venido defendiendo”. “No están, por tanto, inicialmente, sobre la mesa el reparto de áreas de gestión, sino definir un plan de actuación claro, coherente y pensando para las personas, y en modo alguno el reparto de cargos”, subraya el PSOE.

Para el PSOE, es “prioritario” que en la negociación se fijen plazos concretos para la puesta en marcha de las medidas que la secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, ha venido calificando de “urgentes”. Entre ellas cita un Plan de Emergencia Social dotado con 10 millones de euros, y las políticas activas de empleo, a las que dedicar 50 millones al año, con programas específicos para los parados de más de 45 años, las mujeres y los jóvenes.