El Gobierno pone en marcha el rescate del Puerto de Laredo ante las críticas de la oposición
Que Marina de Laredo -la UTE formada por las constructoras Ascan y FCC- no va a ser la responsable de gestionar el Puerto Pesquero-Deportivo de Laredo es un hecho. La entrada de la empresa en concurso de acreedores obliga al Gobierno de Cantabria a rescindir la adjudicación y asumir la concesión. Las discrepancias entre el Ejecutivo y los partidos que lo sustentan con el resto de formaciones es la fórmula por la que se rescinde ese contrato y se fija la cuantía de la indemnización que recibirán las constructoras por ello. Mientras que PRC y PSOE apuestan por una salida negociada con la empresa, la oposición (PP, Ciudadanos y Podemos) reclama al Ejecutivo que sean los tribunales los que tomen la palabra.
Así se ha puesto de manifiesto durante la comparecencia, a petición propia, del consejero de Obras Públicas, José María Mazón, en una comisión parlamentaria, en la que el titular del ramo ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves iniciar los trámites para resolver la concesión. Este proceso llevará cerca de nueve meses, si bien el Ejecutivo espera poder acortar los plazos, según ha apuntado el consejero.
La Administración pública tendrá que negociar con los responsables de Marina de Laredo la cuantía de la indemnización que percibirán por esa revocación del contrato. Aunque el titular de Obras Públicas ha evitado durante su intervención aportar una cifra, algunos miembros del Ejecutivo han apuntado que el rescate podría rondar los 50 millones de euros.
A cambio, el Gobierno recuperará la titularidad de la infraestructura, cuyo coste de construcción ascendió a unos 80 millones de euros después de tener que llevar a cabo dos modificados de obra que incrementaron el presupuesto inicial -64 millones de euros- en cerca de 20 millones de euros, que fueron asumidos por la constructora. El Gobierno, que aportó a la operación 45 millones de euros, podrá explotar los casi 1.000 atraques deportivos con los que cuenta el puerto o bien adjudicar su gestión a una nueva empresa que deberá abonar por ello un canon.
Mazón tampoco ha detallado cómo piensa el Gobierno afrontar esa indemnización, aunque ha avanzado que su departamento está trabajando en diseñar un plan económico mediante el cual la Administración no tenga que aportar dinero “a corto plazo”.
Durante su comparecencia, el consejero ha insistido en que el Puerto de Laredo es una “magnífica” infraestructura, que servirá como “motor económico” de la zona oriental de Cantabria. En este sentido, ha destacado que la parte pesquera del puerto ya está prácticamente a máximo rendimiento mientras que ha confiado en que la sección deportiva prospere a medida que mejore la situación económica. En la actualidad, están ocupados unos 150 del millar de atraques de los que dispone.
Igualmente, Mazón ha asegurado que “aunque ahora cueste algo de dinero -recuperar la infraestructura-, se va a recuperar con creces” la inversión. “Hay que ser optimistas”, ha instado el consejero al resto de partidos, a los que también ha pedido que no tengan dudas de que el Gobierno pagará un precio “justo” y que “va a defender los intereses de la Administración”.
Sobre esto último, la oposición han mostrado sus dudas, acusando al nuevo Ejecutivo de escoger la fórmula “más perjudicial” para los cántabros y, por contra, la “más beneficiosa” para la empresa constructora. Cuando en 2011, el Partido Popular (PP) llegó al Gobierno regional, se negó a aceptar el plan de reequilibrio-económico presentado por Marina de Laredo con motivo de los modificados del proyecto y los problemas de financiación de la empresa.
El Ejecutivo presidido por Ignacio Diego encomendó a los servicios jurídicos regionales un informe en el que se ponía de manifiesto que la cuenta de compensación incluida en ese plan era “lesiva” para los intereses de la Administración pública y, por tanto, era inadmisible.
Comenzaron entonces diversos litigios entre ambas partes, de los cuales, hasta el momento, el Gobierno siempre ha salido victorioso. Es por este motivo que la oposición pide al bipartito que continúe por la vía judicial y que rescinda el contrato achacando a la constructora el incumplimiento del mismo. En la obra, además de sobrecostes, también se produjo un retraso de varios meses. Con ello, la oposición cree que se podría disminuir la cuantía de la indemnización.
Por su parte, el nuevo Gobierno se escuda en un reciente informe del Consejo de Estado, que no considera causa de resolución los incumplimientos del concesionario esgrimidos por el anterior Ejecutivo del PP. En este sentido, Mazón ha afirmado que el retraso en la ejecución y explotación del puerto es motivo de “penalidades pero no para rescindir” y ha asegurado que ir en contra del dictamen del Consejo de Estado “sería una locura”. Al otro lado de la bancada, la oposición le ha recordado que el informe es “preceptivo y no vinculante” y le ha reprochado que no confíe en los servicios jurídicos del Gobierno, a los que los jueces han dado la razón.
Los portavoces de los grupos regionalista y socialista, Pedro Hernando y Silvia Abascal, respectivamente, han mostrado su apoyo al Gobierno, al que han agradecido que tome la iniciativa para poner en valor el puerto y generar actividad económica en la zona.
El PRC y Marina de Laredo
Además de todo ello, el exconsejero de Obras Públicas y actual portavoz parlamentario del PP en la comisión del área, Francisco Rodríguez Argüeso, ha insinuado un supuesto trato ventajoso del Gobierno de Cantabria hacia Marina de Laredo por la vinculación de la empresa con un miembro del PRC, Antonio Bocanegra.
Según ha apuntado Rodríguez Argüeso, Bocanegra fue el gerente de la UTE y en estas pasadas elecciones autonómicas y municipales ocupó el puesto número 3 en la lista regionalista al Ayuntamiento de Laredo. Además, acaba de ser nombrado director de la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria).
Mazón ha mostrado su “sorpresa” por estas insinuaciones y ha negado que Bocanegra fuera el responsable del plan de reequilibrio presentado por la empresa. “Eso lo llevaban los sabios de Madrid”, ha dicho. Del mismo modo, ha apuntado que esta persona se marchó de Marina de Laredo “hace tres años”. “Están viendo fantasmas donde no los hay”, ha sentenciado.
Finalmente, el consejero ha reconocido que la UTE ocultó durante un año que una de las tres empresas que conformaban la UTE -Puntida, perteneciente a Caja Cantabria- vendiera su accionariado. No obstante, ha asegurado que el Gobierno pidió un informe y la venta era legal. “Con Puntida o sin Puntida el resultado hubiese sido igual”, ha apostillado.
