El Gobierno inicia expedientes para indemnizar a 238 propietarios de viviendas con sentencia de derribo

El Gobierno de Cantabria ha acordado iniciar los procedimientos de responsabilidad patrimonial por los cuales los propietarios de 238 viviendas de Argoños y Piélagos con sentencias de derribo puedan recibir otra casa de las mismas características y calidades en la zona o dinero. Los nuevos procedimientos, que según el Ejecutivo buscan “asegurar el patrimonio de los afectados”, se refieren a las urbanizaciones de Cerrias I y II, en Liencres, y las viviendas localizadas en el municipio de Argoños.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha señalado que “llega la hora de las soluciones concretas” al problema de los derribos de las viviendas en Cantabria, lo que se está traduciendo, a su juicio, en la serie de expedientes de responsabilidad impulsados por el Gobierno y las autorizaciones provisionales aprobadas por los ayuntamientos.

Fernández espera que durante el mes de marzo se aprueben los últimos procedimientos de responsabilidad patrimonial pendientes y finalice la tramitación de los primeros, como es el caso de las viviendas de La Arena y Escalante, para suscribir posteriormente el acuerdo indemnizatorio con los vecinos. Al mismo tiempo, ha señalado que los ayuntamientos ya han concedido más de 300 autorizaciones provisionales para las viviendas con sentencia de demolición, un proceso que espera que los consistorios puedan rematar también durante el mes de marzo.

El consejero ha afirmado que, de este modo, las familias afectadas tendrán “encima de la mesa” una solución a su caso en los próximos meses, tanto para las viviendas que el Gobierno espera que puedan legalizarse, como para las que se tendrán que demoler. “Las soluciones a los problemas de derribo ya están llegando”, ha subrayado.

Versiones contrapuestas

Una opinión que dista de la ofrecida hace unas semanas en eldiario.es por el portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, que “el problema de los derribos no estará resuelto dentro de dos legislaturas”. Tal y como explicó en una entrevista, han pasado cerca de 25 años desde que la Justicia dictaminó la primera orden de derribar una urbanización de casas que había sido construida ilegalmente. Esa sentencia todavía no se ha ejecutado, y el problema no solo no se ha resuelto sino que afecta ya a 621 viviendas, la mayoría de ellas edificadas al borde del litoral.

El Gobierno cántabro cree que puede salvar de la piqueta 449 de estas viviendas mediante la aprobación en los ayuntamientos afectados de nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad y ahora debe juzgar la legalidad de las autorizaciones provisionales, una figura urbanística que ha aprobado el Parlamento de Cantabria para conceder una especie de bula temporal a las viviendas afectadas hasta que sean aprobadas los nuevos planes urbanísticos. El fallo no llegará, por lo menos, hasta dentro de año y medio.

Precisamente este viernes, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se ha reunido con el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Rafael Losada, y le ha expresado el sentimiento de “desamparo, decepción y maltrato” que sienten los afectados por las sentencias derribo con las actuaciones judiciales en general y con las de la sala de lo Contencioso-Administrativo en particular.

AMA, que a lo largo de esta semana también se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, y con la asociación ARCA, así se ha expresado a través de un escrito firmado por 623 familias afectadas que el colectivo le entregó a Losada y que se titula 'Yo acuso...', según ha informado la asociación en un comunicado.

AMA también se ha reunido con la asociación ARCA, un encuentro que los afectados por derribos fue “muy positivo” porque, además de “romper una incomunicación de muchos años”, ha servido para que ambos colectivos constaten que tienen “muchos puntos de vista compartidos”.

“Tanto ARCA como AMA ven la necesidad de acabar con un problema social, creado por las administraciones públicas, que afecta a cientos de familias y en general a todos los ciudadanos nuestra comunidad”, ha señalado la Asociación de Maltratados por la Administración.

“Creemos necesario que en la búsqueda de soluciones tenemos que participar y estar informados todos. La transparencia es un necesidad y obligación en la actuación de las instituciones, muchas veces hay soluciones y acuerdos que no necesariamente necesitan ser resueltos en los tribunales”, ha dicho AMA

Las dos asociaciones han coincidido en la necesidad de “preservar, cuidar y proteger el territorio y los valores naturales”, así como que “tengan su castigo ”penal, social y político“ quienes a través de la especulación, la culpa 'in vigilando' y con la irresponsabilidad de sus actuaciones han atentado o puedan hacerlo contra el medio ambiente.