Luis y Rocío consiguen una nueva casa horas antes de que se ejecute su desahucio

El desahucio de Luis y Rocío ha tenido un final feliz. Unas horas antes de que la comisión judicial y la Policía Nacional se presentaran este jueves en el domicilio que el matrimonio tenía arrendado para ejecutar la orden de desalojo por impago de los suministros (luz, agua y gas), Liberbank, a través de la mediación del Ayuntamiento de Santander, cedía a la familia una nueva vivienda donde poder alojarse. Una alegría que no ha estado exenta de momentos de tensión y nerviosismo.

A las diez en punto de la mañana, la hora a la que estaba prevista el desalojo, llegaban al edificio los dos miembros de la comisión judicial, el órgano encargado de llevar a cabo, junto a las fuerzas de seguridad del Estado, el desahucio. El propio Luis y el portavoz de Stop Desahucios Santander, Roberto Mazorra, les explicaban la situación: el día anterior habían conseguido una nueva vivienda, pero la entrega de las llaves no se había producido hasta las once horas de la noche, por lo que necesitaban tiempo para hacer la mudanza.

La comisión judicial dejaba la decisión en manos de la procuradora de la parte demandante, que aparecía en el lugar unos minutos después. En un primer momento se mostró reacia a conceder la moratoria de 24 horas que solicitaban los afectados, aunque tras conversar en privado con los delegados del Juzgado y ante las reiteradas peticiones del hombre y del colectivo antidesahucios, accedió a conceder un margen de tres horas para sacar todas sus pertenencias.

Tocaba entonces remangarse. Los voluntarios, entre los que se encontraba el portavoz municipal de Ganemos, Antonio Mantecón, comenzaban un trajín de subidas y bajadas cargados con bolsas, mobiliario, electrodomésticos... que iban introduciendo en dos furgonetas que tenían aparcadas frente al edificio. Todo ante la atenta mirada de la procuradora, que controlaba la situación a unos metros de distancia. Exhaustos, al filo de las 13.30 horas, media hora por encima del tiempo acordado, daban por finiquitado el trabajo, con lo que la comisión judicial procedía a levantar acta y a sustituir la cerradura.

¿Qué vais a hacer ahora Luis? “Pues seguir buscando trabajo, como hago todos los días”, respondía el hombre a los numerosos medios que han acudido a dar cobertura al desahucio. Y es que la situación económica de la familia sigue siendo muy precaria. El matrimonio no encuentra trabajo y carece de ingresos a expensas de que puedan recibir alguna ayuda pública que ya están tramitando.

Luis relata que durante 20 años ha trabajado como pescadero y también algún tiempo de camarero pero con la llegada de la crisis “no sale nada”. La última vez que tuvo un contrato fue en verano, “dos meses”, al igual que el anterior, también en la temporada estival y “otros dos meses”. Su mujer está buscando empleo en los supermercados, donde tiene experiencia como reponedora, y también se ofrece para limpiar casas. Pero tampoco tiene suerte. El matrimonio tiene dos hijos, uno de 7 años de edad, que “no se ha enterado de nada, le hemos dicho que cambiamos de casa y está ilusionado por elegir habitación”, y otro de 20, que “también está buscando trabajo”.

La deuda

Una deuda de 400 euros ha sido la desencadenante para que la propietaria del inmueble presentara una denuncia ante los juzgados de instrucción de Santander que ha desembocado en la orden de desahucio.

Según ha explicado Luis, firmaron el contrato de renta en septiembre de 2014 y pagaron la fianza y un año por adelantado (6.600 euros). Nueve meses después, en junio, la dueña de la vivienda les demandó por impago de suministros, una deuda que Luis cifra en 993 euros, una cantidad a la que descuenta los 550 euros de depósito y los tres meses que restaban para cumplir el año de alquiler que ya había abonado.

La pareja recibía las facturas vía email, “sin justificantes” y de golpe, sumando cantidades que hacían inasumible su abono. “No me ha pasado los recibos por mi cuenta nunca, solo me enviaba emails diciendo que me debes 500, 600… Me juntaba 4, 5 ó 6 recibos. No hay trabajo, no se puede hacer frente a eso, si me pasas los recibos de uno en uno buscaré el dinero, pero sino…”, se lamentaba.

Liberbank y el Ayuntamiento

La mediación del Ayuntamiento de Santander con Liberbank llegó la semana pasada, cuando el colectivo Stop Desahucios y el partido Ganemos hicieron pública la situación de este matrimonio y sus dos hijos, y solicitaron al Consistorio una vivienda municipal.

El alcalde, Íñigo de la Serna, aseguró que el Ayuntamiento no disponía de inmuebles vacíos pero se ofreció a mediar con representantes de Liberbank para intentar lograr una vivienda en régimen de alquiler social. Una petición a la que la entidad bancaria accedió, ofreciendo a la familia un piso de tres habitaciones situado en General Dávila, a escasos metros de donde residían actualmente.

Los afectados solicitaron al Juzgado una moratoria en la ejecución del desahucio para poder concretar ese acuerdo y habilitar la nueva vivienda, que aunque está “en buenas condiciones” necesita algunos pequeños arreglos, como poner en marcha la caldera. A última hora de la mañana del miércoles, la justicia emitía un auto rechazando su petición y se aceleraban, en consecuencia, todas las gestiones con Liberbank, que ha cedido el piso sin ni siquiera concretar las condiciones con el matrimonio. Lo único que saben es que será en régimen de alquiler social, de modo que la renta no podrá superar el 33% de sus ingresos.

“Todo el mundo se ha volcado. El señor Revilla -presidente del Gobierno de Cantabria- se ha volcado, el señor Iñigo de la Serna se ha volcado con nosotros”, agradecía, finalmente, Luis.