La oposición planta al Gobierno por la tramitación urgente del convenio de basuras
El convenio de basuras entre Cantabria y Guipúzcoa llegará el próximo lunes al pleno del Parlamento autonómico con más polémica aún de la que el propio contenido del acuerdo ya genera de por sí. A las dudas medioambientales que despierta autorizar a la provincia vasca a verter en la planta cántabra de Meruelo 128.000 toneladas de residuos -a cambio de unos 9,3 millones de euros-, se suma que el procedimiento administrativo seguido por los partidos que sustentan al Gobierno (PRC y PSOE) no ha gustado nada a la oposición. Y es que el expediente fue registrado este pasado martes y la Mesa del Parlamento ha aprobado este miércoles, con carácter urgente, incluir el convenio en el orden del día de la sesión que tendrá lugar el próximo lunes.
PP y Podemos aseguran que “no existe tiempo suficiente” para estudiar la documentación y, en señal de protesta, ambas formaciones han decidido retirar las iniciativas que habían registrado para debatir en ese pleno, de modo que el convenio de basuras ha quedado como el único punto del orden del día.
“¿Para quién es urgente esto? ¿Para Guipúzcoa?”, se ha preguntado el portavoz popular Eduardo Van den Eynde, quien en declaraciones a los medios de comunicación ha considerado “poco comprensible” que en una iniciativa como esta “de gran importancia” se dé a los grupos políticos “muchísimo menos tiempo para su análisis que en cualquiera de las iniciativas ordinarias que se traen a los plenos”.
En su opinión, lo que intenta el Gobierno es “hurtar el debate y el análisis de la oposición”. “Esto es un intento de meter un gol a la sociedad de Cantabria, rápido porque este es un asunto que al Gobierno le quema en las manos, y que quiere colarlo por la puerta de atrás”, ha insistido.
También Podemos ha criticado la “urgencia” con la que se pretende debatir el convenio de basuras. Para el diputado Alberto Bolado “no es una urgencia sino una imprevisión” del Gobierno que, dado que el preacuerdo estaba pendiente de vencimiento, “podía haber tenido preparado el expediente y la documentación necesaria con tiempo suficiente para su debate”.
A juicio de Bolado, esta cuestión es de “trascendencia absoluta para los intereses de Cantabria, por lo que es inmoral no dejar que los grupos puedan analizar con sosiego toda la documentación técnica, más aún cuando ya se había advertido en una sesión plenaria de que el plazo del preacuerdo finalizaba y la documentación no había sido remitida”.
Bolado sostiene que el Gobierno de Cantabria no lleva esta cuestión al Parlamento “por una cuestión de democracia”, sino porque “es una patata caliente que afecta, fundamentalmente, a uno de los socios de gobierno, el PSOE ,en plena precampaña electoral”.
