Suspendido el juicio contra los acusados de formar una red de prostitución al no citarse a tres testigos

El juicio contra los siete acusados de formar una red de prostitución, que se iba a celebrar desde este lunes en la Audiencia de Cantabria, ha quedado suspendido al no haberse podido citar para la sesión a tres testigos protegidas que sí han sido localizadas en Rumanía.

La suspensión ha sido solicitada por el fiscal, que ha alegado que se trata de las tres testigos “principales” para la acusación, y que si bien han sido localizadas ha resultado “imposible” citarlas para el juicio, que iba a arrancar a las 9.30 horas.

Y aunque parte de las defensas han estado de acuerdo con tal solicitud y otras no, la sala ha acordado suspender el juicio 'sine die', hasta que se logre entregar la citación a las testigos localizadas.

En el juicio, previsto hasta este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, se iba a juzgar a siete acusados de formar una red que explotaba a mujeres en situación irregular en España, en tres clubes de alterne, dos de ellos en Polanco y uno Torrelavega, para los que la Fiscalía reclama un total de 165 años de prisión.

Según el escrito del fiscal, los acusados --A.U.F.; JI.B.B.; GR.V.A; A.M; VM.M.M; R.S.A. y S.S.-- constituían una organización para “delinquir” en la que había una “clara distribución de tareas y jerarquías”.

La Fiscalía señala que a la cabeza de la organización estaba A.U.F., que era el propietario de los tres clubes; JI.B.B. era su hombre de confianza y supervisaba diariamente los establecimientos; otros cuatro --VM.M.M.; S.S.; GR.V.A, y R.S.A-- fueron encargados de alguno de los clubes, y el acusado restante, A.B., de nacionalidad rumana, y era el “contacto” de la organización en ese país y era el encargado de reclutar a chicas para traerlas a España.

Según el escrito del fiscal, en septiembre de 2005, A.B. seleccionó a seis mujeres de Rumanía a quienes ofreció un trabajo digno, por el que iban a cobrar 1.000 euros al mes. Entraron en España como turistas --en ese momento Rumanía aún no pertenecía a la UE-- y fueron trasladadas a uno de los clubes. Allí, tuvieron que firmar un papel en el que reconocían tener una deuda de 1.000 euros por el traslado, deuda que debían saldar tomando copas y ejerciendo la prostitución.

Además, las chicas debían pagar además por el alquiler de la habitación, la limpieza de sábanas y el uso de preservativos. La primera noche, algunas se negaron a prostituirse, por lo que fueron amenazadas de muerte y también de que matarían a sus familiares en Rumanía.

Las mujeres se encontraban recluidas, y sólo se les permitía hacer salidas controladas pero, en un momento de descuido, lograron huir y acudieron a la policía. Tras testificar e identificar a los autores, salieron de España.

Meses después, en un control de extranjería en uno de los clubes, la Guardia Civil encontró cuatro mujeres brasileñas que decían ejercer la prostitución de manera voluntaria si bien se encontraban en situación irregular en España.

Fueron traídas a España, según el fiscal, por una mujer brasileña, que no ha sido identificada, quien les pagó el viaje pero luego les exigió una deuda que debían pagar prostituyéndose.

Los hechos relatados constituyen, a juicio del Ministerio Fiscal, delitos de detención ilegal, explotación de la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Por eso, reclama una condena de 33 años de prisión y multa de 3.150 euros para el dueño de los tres locales, y además que los establecimientos sean clausurados definitivamente.

Por su parte, el hombre de confianza del anterior merece, a juicio del Ministerio Público, una pena de 20 años de cárcel y la misma multa, condena también solicitada para dos de los encargados del club donde fueron obligadas a prostituirse las chicas de nacionalidad rumana.

Para el hombre rumano que reclutaba a las chicas, la petición de condena se eleva a 18 años de cárcel, y para los encargados del club donde ejercían las mujeres brasileñas, el fiscal solicita doce años de prisión y multa de 3.150 euros.