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ENTREVISTA | María Luisa Real

"Valdecilla no lo hacen los edificios, lo hacen los profesionales"

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, afirma que el contrato público privado del hospital ocasiona "roces diarios" entre la empresa y los profesionales sanitarios

Asegura que no ha habido "ningún retraso" en el traslado al nuevo edificio, ya que hacerlo en verano, como había anunciado el anterior Gobierno, "era imposible salvo que se llevara a cabo sin licencia"

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María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

María Luisa Real es desde el pasado mes de julio la nueva responsable de la sanidad en Cantabria aunque su papel en la Administración pública no es nueva. Ya en la anterior etapa de Gobierno PRC-PSOE estuvo al frente de los Servicios Sociales, primero como directora general entre los años 2003 y 2011 y, posteriormente, como gerente del ICASS hasta que en 2011 fue cesada tras la victoria electoral del PP. Esta nueva responsabilidad tampoco es completamente desconocida para ella, ya que es médico de atención primaria.

La vicepresidenta autonómica y compañera de partido, Eva Díaz Tezanos (PSOE), la eligió por su "cualificación y capacidad de diálogo". En este sentido, de Real dicen que es "más gestora que política", una habilidad esta última con la que ya ha tenido que lidiar a raíz de la polémica surgida entre su departamento y el Ayuntamiento de Santander por la concesión de la licencia de ocupación de las nuevas instalaciones de Valdecilla, en las que pacientes y profesionales, dice, son "inquilinos" como consecuencia del contrato público-privado, que es otro de las temas más candentes a los que tendrá que hacer frente durante esta legislatura.    

¿Cómo valora estos primeros meses de trabajo?

Este tiempo ha sido fundamentalmente de toma de contacto con la realidad de la sanidad en Cantabria, que durante estos años anteriores ha estado funcionando por inercia. Se abandonaron muchas cuestiones iniciadas por los gobiernos anteriores en materia de salud pública, de desarrollo de atención primaria, todo el tema de la revolución tecnológica, el control del gasto farmacéutico, etcétera. Son cuestiones que hemos retomado y que intentaremos ir perfeccionando a lo largo de la legislatura. 

¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?

Las tres líneas estratégicas de la Consejería van a ser la lucha contra las desigualdades en salud, la atención a la cronicidad, para lo cual se necesita potenciar la capacidad de resolución de atención primaria, y potenciar la calidad y la investigación.

También queremos recuperar los derechos laborales de los trabajadores sanitarios que, como todos los empleados públicos, se han visto claramente afectados durante estos cuatro años de recortes. Además de sus condiciones laborales, se recortaron las prestaciones sanitarias, con lo cual los profesionales han tenido que trabajar con una consulta más complicada. Por eso hemos firmado el acuerdo de la Mesa Sectorial, que se ratificó por unanimidad por todos los sindicatos. 

El primer eje de actuación que se marcaba son las desigualdades en salud. ¿A qué nos referimos?

Las desigualdades en salud se ven claramente en todo el sistema sanitario y se ven ahondadas por la situación de crisis. Me refiero desde la atención a determinadas patologías por sexo, por ejemplo, los hombres tienen enfermedades más prevalentes, como son algunos tóxicos, y tienen más dificultades para expresar sus problemas de salud en las consultas. Por supuesto también hay enfermedades que se manifiestan diferentes en las mujeres, y muchas veces la atención sanitaria protocoliza la atención de igual forma para ambos sexos cuando no somos iguales. Hay que tener en cuenta determinadas condiciones que no son igual en unos segmentos de población que en otros. 

Se refería también a la atención primaria. Recientemente se ha celebrado en Santander un congreso en el que los médicos de este nivel asistencial hacían una llamada de atención y reclamaban una reforma del sistema. ¿Cómo se encuentra la atención primaria en Cantabria y qué pasos se van a dar en este campo?

Yo soy médico de atención primaria y tuve el placer de participar en el acto de inauguración. Efectivamente, una de las líneas estratégicas que comentaba antes es la atención a la cronicidad, que es un problema en la atención sanitaria no solamente de Cantabria sino de España y de todos los países occidentales. Para atender al paciente crónico, que es el más frecuente en las consulta, hay que aumentar la capacidad resolutiva de los profesionales, hay que darles más acceso a pruebas complementarias y en las mismas condiciones que a los profesionales de la atención hospitalaria. 

Los profesionales de atención primaria no solamente son la puerta de entrada al sistema sino también los mantenedores de la asistencia sanitaria. Únicamente aumentando su capacidad de resolución se puede atender con la suficiente prontitud a los pacientes crónicos y evitar que estos terminen yendo a las urgencias del hospital. Igualmente, es necesario mejorar la coordinación atención primaria-atención hospitalaria y de todo el sistema sanitario con el sistema de servicios sociales. 

María Luisa Real, consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

Real fue responsable de los Servicios Sociales entre 2003 y 2011. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

El pasado 25 de noviembre comenzó el traslado a las nuevas dependencias de Valdecilla. ¿Qué se ha llevado a cabo hasta ahora y cuál va a ser el procedimiento a seguir por la gerencia del centro y la Consejería?

Me gustaría insistir en que, contrariamente a lo que se ha comentado, no ha habido ningún retraso porque algunas afirmaciones del anterior Gobierno sobre que el traslado se podría haber realizado en verano no eran realistas salvo que se pretendiese hacer sin cumplir la legalidad, es decir, sin la licencia de ocupación. El Ayuntamiento, en el uso de sus competencias, uno de los requisitos que pedía era un Plan de Autoprotección, además de otras cuestiones responsabilidad de la empresa. Existe una carta del anterior gerente, fechada el 30 de junio, en la que pide una prórroga de seis meses para finalizar el Plan, por lo tanto, si existe una necesidad temporal de medio año para elaborar este Plan, me gustaría saber cómo se pretendía hacer el traslado en verano, salvo que fuera a hacer sin licencia. Por tanto, no ha habido ningún retraso. La anterior gerencia fijó en seis meses el plazo para redactar el Plan de Autoprotección y la actual lo ha finalizado en dos.

Además, durante este tiempo no hemos estado parados, hemos tenido que elaborar un nuevo plan funcional de traslado porque el anterior, elaborado por una empresa externa, no era conocido por los jefes de servicio y una vez que lo han conocido, ha sido necesario replantearlo. Ha habido que realizar reformas estructurales para adaptarlo a las necesidades de los servicios.

¿Qué tipo de obras?

Ha sido necesario reformar algunas unidades, como la unidad de reproducción asistida o la farmacia y en todas las plantas de hospitalización ha sido necesario habilitar un espacio para el trabajo de los propios profesionales, ya que no existía. Durante todo este tiempo se ha estado trabajando para poder hacer efectivo el traslado. Quiero recordar que fue el día 23 cuando el alcalde comunica que el Ayuntamiento concede la licencia de ocupación; el 24 se realiza un acto obligatorio de esterilización y una toma de muestras, y al día siguiente comienza el traslado. Con lo cual, como había dicho repetidamente, lo único que estábamos esperando era a estar en condiciones legales para realizar ese traslado, no eran ni cuestiones políticas ni ninguna otra cosa.

Entonces, ¿a qué achaca ese cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y la Consejería?

Si se revisan mis declaraciones ante la pregunta de los medios sobre cuándo se va a realizar el traslado yo contesto que cuando tengamos la licencia de ocupación. Esto no supone ningún juicio de valor sobre si el Ayuntamiento estaba dando la licencia con rapidez o con lentitud, pero ante eso el Ayuntamiento deduce que se le está culpabilizando de retrasar el permiso cuando en ningún caso se ha dicho eso.

Y luego, por otra parte, el anterior Gobierno empieza a decir que si se está retrasando. Creo que el tiempo pone las cosas en su sitio. Siempre he dicho lo mismo, que estábamos esperando a la licencia de ocupación, que no se realizaría el traslado mientras no existan condiciones de legalidad y de seguridad, y eso es lo que hemos hecho. 

Mencionaba antes que se han tenido que realizar algunas modificaciones "estructurales". ¿A qué se han debido? ¿A deficiencias del proyecto o a que las obras no se han ejecutado correctamente?

El hecho real es que no estaban hechas esas modificaciones, que eran imprescindibles para que los servicios funcionen correctamente. Usted sabe que la nueva gerencia ha encargado dos trabajos, uno de ellos, que está actualmente en el procedimiento de adjudicación, es realizar una auditoría para conocer si la obra realizada y los acabados se atienen al proyecto. Y el otro se ha encargado a la Universidad de Cantabria para establecer si el coste que supone para la comunidad autónoma el contrato público-privado hubiese sido mayor o menor haciéndolo por el sistema tradicional. Ambas cuestiones tendremos que responderlas cuando tengamos los trabajos finalizados, pero el hecho real es que para realizar el traslado ha habido que ejecutar esas modificaciones en la estructura del edificio.

¿A cuánto asciende el coste de esos trabajos y quién los ha asumido, el contratista o el Gobierno?

El pago de esa obra dependerá de si estaba o no en el proyecto, lo cual s e va comprobar técnicamente. Si esto debiera estar hecho y no lo estaba, está claro que tendrá que costearla la constructora. Si realmente no estaba en el proyecto y la gerencia anterior lo aceptó, evidentemente es un error porque si no está la unidad de reproducción asistida concebida, ¿cómo se va a trasladar? El coste ahora mismo no lo sé.  

Respecto a la auditoría que se va a llevar a cabo para comprobar si la ejecución de las obras se ha ajustado al proyecto, ¿ese trabajo no debería haberse hecho antes de conceder la licencia de ocupación?

Así estaba previsto en un principio por el anterior Gobierno pero, finalmente, se desechó, de forma que la obra y la dirección de obra han sido responsabilidad de la misma empresa. Inicialmente estaba previsto hacer un control externo pero, como digo, posteriormente fue desechado.

¿Para qué fecha prevén que podrían estar a pleno rendimiento las nuevas instalaciones?

Depende de varias cuestiones, entre otras cosas, de la virulencia de la gripe porque si es muy alta, habrá mayor número de personas en urgencias y mayor número de ingresos hospitalarios y, por lo tanto, no es un momento adecuado para estar con los traslados. Si esto no es así, será un poquito menos de seis meses, quizá para después de Semana Santa pueda estar finalizado pero no me atrevo a dar una fecha concreta.  D ependerá de algunos factores externos.

¿Cuáles son las impresiones que le han trasmitido los profesionales respecto a estas nuevas dependencias?

Una vez realizada las adaptaciones, un edificio nuevo, más funcional, siempre es atractivo pero también me gustaría insistir en que Valdecilla no es solamente el nuevo edificio de las Tres Torres. Desde aquel triste día de noviembre de 1999, se reconstruyó el 2 de Noviembre, que ese también es el nuevo Valdecilla. Las Tres Torres es la última fase. Técnicamente no es la más compleja porque esto, fundamentalmente, son plantas de hospitalización. La parte más técnica se realizó en la anterior fase, que eran los quirófanos. Sí que es verdad que el nuevo edificio va a permitir el cierre de la Residencia, que es una estructura que está anticuada y que los pacientes y los profesionales se merecían dejar ya. Pero me gustaría insistir en que esto no es Valdecilla; Valdecilla estructuralmente tiene otros inmuebles y, muy importante, Valdecilla no lo hacen los edificios, lo hacen los profesionales, desde el primero hasta el último. Y durante estos quince años el Hospital ha estado funcionado con una alta calidad, de hecho es centro de referencia nacional para seis servicios. Esto, insisto, no lo hacen los edificios.   

Real posa antes de comenzar la entrevista con eldiario.es Cantabria. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

La consejera posa en su despacho antes de comenzar la entrevista. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Hablaba precisamente de la Residencia. El terreno no es la propiedad del Gobierno sino del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) pero, ¿el Ejecutivo tiene alguna idea o plan para dar una nueva utilidad a ese edificio?

Cuando se vacíe la parte asistencial lo primero que tenemos que hacer es independizarlo de los dos edificios que son anexos y que siguen siendo utilizados por el servicio de salud, que son la gerencia del propio servicio y la de atención primaria y el IDIVAL. Como ha dicho, ni el edificio ni el terreno es propiedad del Gobierno de Cantabria y, por lo tanto, no tenemos decidido nada porque cualquier decisión hay que tomarla conjuntamente con el INSS.

No obstante, está claro que el edificio, tal y como está, para reutilizarlo habría que reformarlo profundamente, con lo cual eso supone un coste muy importante. Habrá que valorarlo tranquilamente y, sobre todo, con el INSS. A la pregunta de si tenemos algo pensado, la respuesta es no. Hay que hablar con el INSS y luego hacer una valoración estructural del edificio para conocer en qué condiciones está. 

¿Es posible que haya que derribarlo?

Claro. También el INSS puede que tenga una actitud diferente si tiene que reformar el edificio o si, por el contrario, le derriba y entonces ya le queda el solar. 

Pero, ¿el Gobierno va a tomar la iniciativa?

Primero, lo que vamos a hacer es hablar con el INSS para conocer si tiene algún proyecto sobre el edificio o el solar; segundo, hacer una valoración técnica del inmueble, que no solamente es puramente estructural. Por ejemplo, una decisión que es fundamental es saber si hay amianto o no hay amianto. Puede ser que aunque no haya que derribar el bloque, sí que hay que quitar el amianto y eso tiene un coste.  

Está claro que siempre la Administración pública le son muy apetecibles los edificios públicos porque tampoco tenemos tantos, con lo cual si se puede adaptar, seguro que le encontramos una utilidad para el uso de la Administración. Pero insisto, no se pueden levantar expectativas porque hay que hablar con el propietario y, sobre todo, ver cómo está el edificio, analizar si hay que derribarlo o no y si hay amianto, la forma de afrontarlo es completamente diferente. 

En cualquier caso, no se a construir allí viviendas o dar otro uso que no sea público. 

Creo que dotacionalmente es imposible. 

Cuando digo que el contrato público-privado hipoteca a la comunidad no me refiero solo a que hay que pagar 900 millones. Estoy hablando de que se hipoteca la gestión del día a día, porque los pacientes y los profesionales son inquilinos del edificio.

Volviendo al contrato público privado, ¿ha recibido alguna queja de los profesionales sanitarios por deficiencias en la prestación de los servicios o por injerencias de la adjudicataria?

Cuando he dicho repetidamente que el contrato público-privado hipoteca a la comunidad durante 20 años no me refiero solo a que hay que pagar 900 millones (751 + IVA), a una cuestión económica. Estoy hablando de que se hipoteca la gestión del día a día porque los pacientes y los profesionales son inquilinos de un edificio durante dos décadas y, durante ese tiempo, la gestión del día a día, cualquier modificación estructural, mover un tabique, cualquier cuestión, hay que pedir autorización, es decir, no depende exclusivamente de la administración sanitaria, hay que contar con la empresa que tiene la cesión del edificio.

¿Cuánto puede cambiar la sanidad y, sobre todo, la tecnología sanitaria en 20 años? Una cosa tan simple como que un aparato puede disminuir o aumentar de tamaño y necesites reformar el local donde está ubicado, no tienes autonomía para ello. Eso por no decir que la tecnología también puede ser más barata, como pasa con los ordenadores, pero, sin embargo, el canon que hay que pagar a la empresa es fijo. Es decir, si hay una ventaja sobre la tecnología o una mejora de la gestión, va a recaer sobre la empresa.

Pero respecto al presente, ¿ha habido alguna queja o incidencia hasta la fecha?

Claro que los profesionales plantean problemas, como en la hostelería. Además, la empresa hay algunos servicios que presta directamente y otros que tiene subcontratados. Y luego los materiales, el cambio de uso diario hay que comunicárselo a la empresa y claro que hay roces de funcionamiento diario que, además,  no se pueden plantear directamente por el profesional a la dirección del hospital, se plantean a la dirección y la dirección tiene que hablar con la empresa. Complica la gestión del día a día enormemente y se va a ver más porque ahora estamos al comienzo de los 20 años.

¿Es posible liberarse de ese contrato público-privado o ya se ha descartado por completo?

Nosotros dijimos desde el principio que se iba a hacer una valoración jurídica y económica del contrato y en eso estamos. El tiempo que está durando esta valoración es por lo complejo que es y porque se está haciendo una valoración muy seria.  Evidentemente cualquier contrato se puede rescindir si indemnizas a la empresa pero no estamos en condiciones de hacer eso. Lo que estamos valorando es si hubiera hubiera alguna posibilidad jurídica para revertir el contrato y mientras tanto exigir un cumplimiento estricto de todas las cláusulas.

¿Para cuándo prevé la Consejería tener a su disposición esos informes para poder tomar una decisión definitiva?

La auditoría externa todavía no se ha adjudicado, está en fase de presentación de ofertas. Una vez que se adjudique tiene seis meses para elaborar el trabajo, y para el estudio de la Universidad hay cuatro.

En este tema hay que ser prudentes en el procedimiento, no digo en las expectativas. Lo que no vamos a hacer es aumentar los gastos de la comunidad. Vamos a llegar a todo lo que podamos pero tenemos que ser estrictos con el procedimiento porque tenemos que ir sobre seguro, no podemos empeorar la situación. 

El anterior Gobierno de Cantabria del PP firmó con los sindicatos y los colegios profesionales un Pacto por la Sanidad. ¿En qué situación queda ese documento después del cambio de Gobierno?

Lo que hizo el anterior Gobierno no fue un Pacto por la Sanidad. De hecho, el título del documento se llama Propuesta de Acción, una para enfermería y otra para médicos. Es un documento único y exclusivamente firmado por la entonces consejera de Sanidad -María José Sáenz de Buruaga- al que se adhieren los colegios profesionales y algunos sindicatos. Enumera una serie de medidas por orden cronológico y la mayoría de ellas relativas a los dos primeros trimestres no se llevaron a cabo.

Frente a eso, esta Consejería ha llevado un documento a la Mesa Sectorial, que es donde hay que llevarlo. Ha sido firmado por todos los sindicatos, se llevó al Consejo de Gobierno, se aprobó, se ha publicado en el BOC y se ha presupuestado. Eso es un acuerdo por la Sanidad. Lo otro era una propuesta de acción política unos meses antes de las elecciones. 

Otra cuestión es un Pacto por la Sanidad que yo creo que sería deseable tanto a nivel autonómico como a nivel nacional porque el sistema nacional de salud tiene que enfrentarse a cambios demográficos, financieros, estructurales, de renovación tecnológica y farmacológica. 

Nosotros tenemos un límite claro que es la propia gestión y la propia financiación del sistema nacional de salud. En 2012, mientras algunos hablamos de reconocer la asistencia sanitaria como un derecho fundamental, el PP sacó un Real Decreto que rompe con el consenso de los últimos 25 años y, según mi criterio, hace el mayor retroceso en la sanidad de los últimos 30 años, que es cambiar un sistema universal por uno de aseguramiento y, además, introduce el copago, con lo cual dificulta a la accesibilidad a grandes grupos de población. Por lo tanto, por supuesto que el Pacto por la Sanidad es deseable pero hay unas líneas rojas que nosotros no vamos a pasar.

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