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La Asamblea contra el Fracking de Cantabria registra 1.600 alegaciones

La asamblea contra el fracking destaca que la oposición de la población a esta técnica es "abrumadora"

elDiario.es Cantabria

La asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria ha registrado este jueves en la Delegación de Gobierno 1.600 alegaciones contra el sondeo Angosto -que está en proceso de evaluación ambiental-, situado a unos tres kilómetros de Espinosa de los Monteros, en el Norte de Burgos.

Estas alegaciones se suman a las 1.100 registradas también este jueves a la misma hora por la Asamblea contra el fracking de Burgos, y las recopiladas por la Asamblea del País Vasco, así como a las presentadas por más de 80 asociaciones de la comarca de Las Merindades de Burgos y de Cantabria, que “representan a 8.000 asociados”, y por 24 pedanías y ayuntamientos.

Así lo ha asegurado Josué Bilbao, miembro de la asamblea cántabra, minutos antes de registrar en la Delegación de Gobierno las 1.600 alegaciones, en las que se reclama que, en aplicación del “principio de prevención”, se anule el proyecto de perforaciones exploratorias en las áreas de interés 'Angosto' debido a las consecuencias perjudiciales que podría tener su ejecución en la salud de las personas y en el medio ambiente, así como en los modos de vida en estas zonas, “incompatibles con la extracción de gas de forma industrial”.

El sondeo Angosto-A se encuentra dentro del permiso de investigación Angosto-1, operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) empresa gestionada por el Gobierno vasco, que promueve varios proyectos de fracking en un territorio muy extenso.

Se trata de un permiso de investigación que afecta a las Comunidades de Castilla y León, Cantabria y País Vasco, lo que ha hecho que las plataformas antifracking que operan en estas zonas se hayan unido para combatirlo de forma coordinada, igual que tienen previsto hacer con los pozos de BNK en el Norte de Burgos.

El portavoz de la Asamblea cántabra ha recalcado que los pozos de investigación son “el primer paso para después hacer una explotación a gran escala, que es el objetivo de las empresas porque sólo así pueden rentabilizar el negocio”. Además, ha destacado que la oposición de la población a esta técnica es “abrumadora en todos los territorios afectados, tanto en Las Merindades de Burgos como en los valles pasiegos, la zona oriental de Cantabria, Cabuérniga y en todo el País Vasco”.

El permiso Angosto fue otorgado por seis años en 2006 por el Gobierno del PSOE, y prorrogado en 2012 por el Gobierno del PP, que recientemente ha autorizado la concentración de los trabajos e inversiones de los permisos de investigación Enara, Usoa, Mirua, Usapal y Angosto-1.

Primeros sondeos

Por su parte, BNK España ha presentado esta semana los proyectos para sus primeros sondeos exploratorios en seis emplazamientos del norte de Burgos para la extracción de gas.

El vicepresidente de Operaciones de Europa de la compañía, Troy Wagner, ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que los sondeos se situarán en seis emplazamientos, tres en Urraca y otros tres en Sedano, que poseen una extensión media de 2,3 hectáreas y en los que se podrán realizar dos pozos en cada uno.

Wagner ha avanzado que la ejecución de las obras se realizará siempre de forma “paulatina”, una detrás de otra, puesto que el análisis de cada pozo determinará la ubicación del siguiente y ha recordado que el objetivo de estos proyectos es confirmar la existencia de gas natural en el norte de Burgos.

Durante la tramitación de los proyectos y hasta que se autoricen todos los permisos necesarios, el vicepresidente de Operaciones de Europa de BNK España ha reiterado que no se realizará sobre el terreno ninguna actividad relacionada con la exploración de hidrocarburos y ha recordado que los ayuntamientos percibirán entre 300.000 y 600.000 euros por cada pozo en concepto de impuestos y tasas.

También ha recordado que, si los resultados son positivos, los dueños de los terrenos en la zona del yacimiento obtendrán el uno por ciento de la producción, lo que supondrá un beneficio de entre 2 y 4 millones de euros por cada emplazamiento.

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