Las personas dependientes con prestación se redujeron un 6,8% en 2014

Las personas dependientes que son beneficiarias de una prestación en Cantabria redujeron un 6,8 por ciento en 2014, ya que pasaron de las 14.789 en 2013 a las 13.774, según ha alertado la presidenta de CERMI en la comunidad autónoma, Mar Arruti, durante una rueda de prensa en la que ha presentado una campaña de recogida de firmas, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Esta iniciativa reclama la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para que se establezcan “criterios de copago claros y equitativos” en los servicios que reciben las personas dependientes en las diferentes Comunidades Autónomas. Y es que, según ha explicado la presidenta de CERMI Cantabria, la actual Ley tiene “enunciados genéricos” que “dejan vía libre” tanto al Gobierno central como a los de las comunidades a la hora de establecer los copagos, lo que “ha provocado grandes diferencias en la aportación de las personas usuarias entre los distintos territorios”.

Así, Arruti ha indicado que “no se trata de conquistar nuevos derechos sino de no retroceder en los ya adquiridos”. “Se tratar de cumplir la Constitución y que todas las personas en situación de dependencia sean consideradas iguales por el sistema, al margen del territorio en el que haya nacidos”, ha añadido, al tiempo que ha ensalzado que, mientras en unas comunidades no existe el copago, en otras éste alcanza el 90%.

“Siempre ha existido copago”

En el caso de Cantabria, ha señalado que “siempre ha existido copago” en los servicios que reciben las personas dependientes pero ha indicado que, a partir de 2007, los que alcanzasen el grado 3 de dependencia no tienen que pagar el transporte adaptado. En este sentido, ha señalado que sí existen algunas ayudas individuales para este transporte -que lleva a la persona de su domicilio al centro de día-, pero el resto de personas deben de pagarlo y cuesta “nueve euros por viaje”.

Por otro lado, también ha apuntado que el Gobierno de Cantabria, a partir de 2012, determinó que estas personas con dependencia “se podían quedar con un 19% de su capacidad económica” y en el caso de las personas con discapacidad se aumentó “un 25% más, llegando al 44%”. “Pero hay que pensar que esos porcentajes les permiten quedarse con algo más de 200 euros y con eso tienen que hacer frente a toda su vida de aseo, dentista, medicamentos... pues igual les quedan 40 euros en el bolsillo”, ha advertido Arruti.

Criterios “claros, justos e iguales”

La ILP propuesta por CERMI requiere 500.000 firmas para ser admitida y demanda que se establezcan criterios “más claros, justos e iguales” en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias.

Para ello, se proponen medidas como la exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros (2,5 veces el IPREM), fijar una aportación máxima por persona que no sea superior al 60% del coste del servicio al que accede, o que se garantice a la persona dependiente una cantidad no inferior al 40% de su capacidad económica para destinar a gastos personales.

En estos momentos, no abonan copago aquellas personas con dependencia que tengan unos ingresos inferiores al IPREM (532 euros mensuales) pero sí aquellos que lo superen aunque sea sólo por 20 euros. “Así, una persona con incapacidad total que tenga 580 euros tiene que pagar y las personas que están en residencias de 24 horas todas tiene copago”, ha indicado.

Finalmente, Arruti ha hecho un llamamiento a la “solidaridad” de los ciudadanos para firmar la ILP -en la sede de CERMI Cantabria- y comprometerse con los derechos de “las personas que peor están”, ya que “nadie queda exento de la posibilidad de verse alguna vez en situación de dependencia”.