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Un vacío legal deja a las personas con movilidad reducida sin acceso garantizado al tren

El litigio entre un maquinista y un usuario provoca que algunos operarios de Renfe dejen de colocar la rampa que posibilita subir al ferrocarril a las personas en silla de ruedas

Una joven cántabra inicia una recogida de firmas para defender su derecho a "desplazarse libremente"

La Ley de Igualdad de Oportunidades vincula la exigencia de adaptar las estaciones al volumen de pasajeros y no lo hace obligatorio hasta el año 2020

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Rampa portátil para acceder al AVE más viejo, "el pato"

Los trenes de largo recorrido cuentan con rampas automáticas pero no así los de cercanías. M.A. Nelo

En el andén de la pequeña localidad cántabra de Mar (Polanco), Katia Barrio espera cada mañana la llegada del tren de cercanías para desplazarse hasta Santander. Allí acude, desde hace años, a un centro de día de la Asociación Amica en el que, entre otras cosas, desarrolla su autonomía personal, se relaciona con otros compañeros y practica la boccia, un deporte paralímpico similar a la petanca.    

Esta vez ha tenido suerte y ha podido subir al tren, pero desde hace unas semanas no siempre es así. Pedro, su padre, apunta que "en los últimos siete días, Katia se ha quedado en tierra en dos ocasiones". El ferrocarril se ha detenido pero nadie ha salido a colocar la rampa portátil que ella, al igual que todas las personas con movilidad reducida, necesita para poder acceder al interior.

En la actualidad, la gran mayoría de estaciones de Cantabria no están adaptadas. Hasta ahora han sido los maquinistas los que han suplido esa falta de accesibilidad. Cuando en el apeadero ven a un usuario con movilidad reducida, salen de la cabina y colocan una pequeña rampa que llevan incorporadas todas las unidades y que permite a estas personas subir al tren.

Sin embargo, hace aproximadamente un año, surgió un "roce" entre un usuario y uno de los empleados de Renfe. El maquinista dejó de cooperar y el caso ha acabado en el Juzgado, quien, en primera instancia, ha dado la razón al operario. Ni la ley ni el convenio de los trabajadores les obliga a llevar a cabo esta tarea, que queda en manos de la voluntariedad de cada uno.

El padre de Katia cree que "la sentencia ha envalentonado a esta persona" que, según su versión, está animando a sus compañeros a que dejen de ayudar, de forma que "se ha enrarecido el ambiente". "A él se han unido otros amiguetes y el problema se agrava porque Katia no sabe cuándo la van a dejar tirada, haga frío o calor", explica.

Y es que "hay unos pocos que amenazan con que el resto van a dejar de hacerlo a partir de enero". "No sé si será una bravuconada de estos tres 'garbanzos' negros o realmente van a contagiar a más", sostiene Pedro, que alaba que "la mayor parte de los maquinistas son gente humana y no les importa nada poner la 'rampita'". 

La familia no ha recibido ninguna confirmación oficial y la información que les ha llegado ha sido a través de algunos de los propios trabajadores que se lo han comentado personalmente a la joven. "Lo de la rampa era una 'chapucilla' que hizo Renfe hace años y hasta ahora ha estado funcionando muy bien. El problema ha venido cuando un 'garbanzo' negro ha decidido dejar de ayudar e impide que lo hagan otros", resume Pedro. 

En declaraciones a eldiario.es Cantabria, el presidente del comité de empresa, Manuel Cortines, reconoce que han celebrado varias reuniones para tratar el problema y coincide en que "el litigio ha encabronado la situación". Admite que hay trabajadores que han manifestado que no van a colaborar, aunque subraya que es un grupo muy reducido. "Todos no, pero la inmensa mayoría va a seguir poniendo la rampa", afirma.

Cortines entiende que las personas con movilidad reducida no quieren tener la "incertidumbre" de si van a poder subir al tren o no y, por ello, señala que desde el comité de empresa han reclamado que se ponga personal específico para asistir a quienes lo necesiten. "Renfe no está obligado; el maquinista no está obligado y, al final, el perjudicado siempre es el usuario", apostilla.  

Hasta 2020

A este factor humano, se suma, por otro lado, el vacío legal, ya que la Ley Nacional de Igualdad de Oportunidades -aprobada en 2003 y refundida diez años más tarde- no obliga a hacer accesibles las estaciones "hasta el año 2020", según apunta Mar Arruti, presidenta de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Cantabria.

Además, la norma tiene "letra pequeña" al vincular esta exigencia a un número mínimo de pasajeros, añade Pedro.

La joven cántabra Katia Barrio.

La joven cántabra Katia Barrio.

Recogida de firmas

Katia no se ha quedado de brazos cruzados y, arropada por su familia, ha iniciado una recogida de firmas en interne t  para exigir a las administraciones una solución. 'Déjenme subir al tren como los demás', es el encabezado con el que arranca la carta en la que cuenta su caso. 

Tal y como ella misma relata, en los recorridos de larga distancia, el Grupo Renfe -en el que se ha integrado Feve- ha puesto una rampa mecánica que sale sola, pero en los trenes de cercanías, como el que pasa por su pueblo, no. "Quiero seguir asistiendo al centro de día y seguir siendo independiente. No quiero perder el derecho a desplazarme", expresa.

La misiva está dirigida a los ministerios de Fomento y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como a Renfe y a Adif, y en ella apela a la igualdad de oportunidades recogida en la Constitución española y en la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.     

Renfe "se lava las manos"

Una persona del gabinete de comunicación de Adif ha señalado que aunque son los propietarios de las infraestructuras ferroviarias, la explotación está cedida al Grupo Renfe y, por tanto, derivan a este ente la responsabilidad de garantizar el acceso al transporte público a las personas dependientes. Este diario ha intentado ponerse en contacto con Renfe para recabar su postura pero, a pesar de las reiteradas llamadas, no ha sido posible contactar con ningún responsable.  

El padre de Katia explica que cuando se inició el problema hablaron con la empresa pero afirma que "de momento se lavan las manos". "Saben que la ley les respalda", comenta.

En esta misma línea se manifiesta la presidenta de Cocemfe Cantabria, quien lamenta que la ley "no esté de nuestro lado" y anuncia que llegarán "hasta donde sea necesario" para que estas personas no se queden en tierra. Por el momento, su organización ha presentado un escrito en la Oficina de Peticiones del Parlamento cántabro y baraja la posibilidad de hacer lo mismo con el Defensor del Pueblo. Al mismo tiempo, han iniciado los contactos con el comité de empresa para intentar arreglar esto "de buena manera".

12 centímetros

Para Pedro, solucionar el caso de su hija es una cuestión de "voluntad". "Es salvar 12 centímetros. Ponen de pretexto que hay una curva... Lo arreglaba yo una noche con un carretillo y dos ladrillos. ¡Si es que son 12 centímetros!", recalca al otro lado del teléfono. 

El padre de Katia insta "a ponerse en la piel de las personas con discapacidad". "Lo que les cuesta levantarse todos los días e iniciar la rutina como para encima encontrarse con estas historias", sostiene. "No entiendo que pasen estas cosas en pleno siglo XXI. Es algo muy triste. El teleférico de Fuente Dé es accesible y un tren de cercanías no", subraya.

Pedro también cuenta que la indignación e impotencia que sufre al ver a su hija quedarse tirada, le llevó hace meses a acudir a la estación con una docena de huevos y que tiró uno al tren que conducía el mencionado maquinista. Explica que ello le costó "unas críticas muy negativas" y que, por este motivo, le han pedido que delegue en la "diplomacia" de las asociaciones de discapacitados. 

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