Las sentencias de derribo costarán más de 6,5 millones tan sólo en daños morales
La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria va a impulsar el pago de las indemnizaciones por daños morales reconocidos a las personas afectadas por sentencias de derribo.
Además, Díaz Tezanos ha anunciado que el Ejecutivo va a respetar y cumplir los 329 convenios que el anterior Gobierno había suscrito con afectados por sentencias de derribo y va a suscribir los 236 que quedan pendientes.
“Es una prioridad política del actual Gobierno ante un problema social que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha afirmado Díaz Tezanos, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con una delegación de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), encabezada por su presidente, Antonio Vilela.
“Hemos pedido al Gobierno que tengamos unos objetivos claros y unos plazos concretos, que tengamos presupuesto para realizar lo que decimos, que pasemos del mundo de las palabras al mundo de los hechos, y hoy la vicepresidenta ya nos ha hablado de hechos concretos”, ha afirmado Vilela.
Díaz Tezanos ha asegurado que durante este año hará efectivo el pago de todas las indemnizaciones que se resuelvan en este ejercicio, con cargo al fondo de derribos de los Presupuestos de 2015, que asciende en estos momentos a 900.000 euros. Además, ha avanzado que en las cuentas públicas de 2016 también se incluirá una partida para este fin.
La previsión del Gobierno es que el pago de las indemnizaciones por daños morales a las personas afectadas por sentencias de derribo pueda superar los 6,5 millones de euros.
“Para nosotros el pago de los daños morales es importante por lo que supone de reconocimiento para las familias”, ha afirmado el presidente de AMA. “Se ha hecho un daño muy profundo desde las administraciones y éstas tienen que devolver a todos los ciudadanos de Cantabria esa legalidad y restituirla”, ha afirmado.
Díaz Tezanos además ha asegurado que el Gobierno va a asumir las consecuencias económicas de los convenios que el anterior Ejecutivo suscribió con los afectados y firmará los que quedan pendientes. Vilela ha asegurado que los convenios, en su opinión, son “una buena fórmula para dar garantías a los afectados”.
“Vamos a dar respuesta y lo vamos a hacer desde el diálogo y la colaboración con todos, con AMA fundamentalmente porque son ejemplo de diálogo y colaboración, con los denunciantes, con los ayuntamientos y con los grupos parlamentarios”, ha afirmado la vicepresidenta, quien ha asegurado que “las familias afectadas son una preocupación fundamental para este Gobierno y somos conscientes de que son víctimas inocentes de estas sentencias que amenazan seriamente su patrimonio”.
Además, ha defendido que la búsqueda de soluciones a esta situación se haga desde el respeto y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de justicia “porque forma parte de nuestro Estado de Derecho”, y bajo la colaboración permanente con los ayuntamientos para que revisen sus planes generales.
“Queremos que los revisen para que den seguridad jurídica a futuras decisiones urbanísticas y porque son un instrumento fundamental de planteamiento territorial que se deben hacer con criterios sociales y económicos para superar las situación de crisis económica en la que nos encontramos”, ha afirmado.
Díaz Tezanos ha destacado la labor del AMA como “ejemplo de lucha, tenacidad y de diálogo permanente con el Gobierno y la administración”.
