La amenaza de congelación de los fondos europeos a Cantabria sigue vigente
La congelación de los fondos estructurales a España y Portugal como consecuencia de sus reiterados incumplimientos en materia de déficit público sigue amenazando el futuro de tres programas sociales, de empleo y desarrollo rural de Cantabria, financiados con más de 400 millones de euros en el periodo 2014-2020.
Y siguen bajo sospecha a pesar de que el Parlamento Europeo se pronunciara en contra de forma prácticamente unánime en la tarde del lunes, cuando se debatió sobre la necesidad de sancionar a españoles y portugueses con la congelación de esas inversiones públicas.
Desde todos los frentes, partidos de izquierda o derecha, calificaron esta propuesta de la Comisión Europea como “injusta”, “incoherente”, “inmoral”, “absurda”, “peligrosa”, “desproporcionada” o “contraproducente”, entre otros duros calificativos empleados por los eurodiputados de distintos países.
Sin embargo, el dictamen de la Eurocámara no es vinculante y tiene únicamente carácter consultivo, por lo que la decisión final recaerá sobre la Comisión Europea, que sigue defendiendo que tiene la “obligación legal” de suspender esas aportaciones a los estados que no cumplen con el Pacto de Estabilidad Presupuestaria.
Este organismo defiende que está siendo “flexible” a la hora de aplicar las reglas comunitarias y recuerda que este verano suspendió una multa que podría haber sido de hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de estos países, pero dejó abierta la posibilidad de suspender los fondos europeos si no había “ajustes inmediatos”. “Las reglas son las reglas, no tiene nada que ver con un deseo político”, subrayó el vicepresidente de la Comisión Europea durante su comparecencia.
Precisamente este hecho es el que ha provocado más críticas, ya que los diputados en la Eurocámara consideran que, si se aplica esta medida, se estará castigando a las regiones, como Cantabria, que son principalmente las beneficiarias de estos fondos europeos, en lugar de a los gobiernos nacionales que no han tomado las medidas necesarias para ajustar sus cuentas.
En el caso de España, además, el incumplimiento del déficit en 2015 vino acompañado de una rebaja fiscal en plena precampaña de las elecciones del 20D, una medida electoralista que tuvo graves consecuencias para las arcas públicas y que el actual Gobierno en funciones trata de aplacar con una subida del impuesto de sociedades aprobado la semana pasada.
Según señalan los defensores del castigo para España y Portugal, y de rebote, para las comunidades autónomas que recibían la financiación europea, “esta sanción apenas tendría impacto en la economía de forma inmediata y se podría levantar en el momento en el que tomaran medidas drásticas para cumplir el déficit”.
En la práctica, esto significa la obligación de aplicar nuevos recortes en los servicios públicos de cara al año que viene. Todos los gobiernos europeos deben presentar a Bruselas un avance de sus presupuestos para 2017 antes del 15 de octubre, algo casi imposible en el caso español, con un Ejecutivo en funciones sin margen para la negociación política. Si Rajoy, o cualquier otro candidato, consigue superar la investidura, se verá abocado a realizar de forma urgente un ajuste de 10.000 millones de euros en las cuentas públicas.
Empleo y desarrollo rural
El listado completo señalado por Bruselas afecta a 78 programas regionales y siete nacionales y en él se incluyen tres que hacen referencia a Cantabria y que en conjunto suman algo más de 401 millones de euros de ayudas para el periodo 2014-2020, según la documentación consultada por eldiario.es Cantabria.
Se trata de dos Programas Operativos, dotados con 42,5 y 105,3 millones de euros, y que tienen como principales objetivos aumentar el empleo, reducir el riesgo de pobreza y mejorar la competitividad de las empresas.
Así, estos planes prevén, entre otras cuestiones, crear más de 3.000 empleos en empresas; la participación de más de 5.000 personas en situación de desempleo; integrar en el mercado laboral a más de 2.500 personas con discapacidad; facilitar la vida laboral y familiar de más de 3.000 participantes y aliviar la situación de 2.500 gitanos en riesgo de exclusión social.
El tercer proyecto amenazado en Cantabria, el Programa de Desarrollo Rural, se centra en mejorar la competitividad del sector agrícola y en preservar los ecosistemas relacionados con este sector y cuenta con 250,5 millones de euros públicos disponibles.
En total, España tiene que recibir 38.000 millones de euros en Fondos Estructurales y de Inversión entre 2014 y 2020. No hay información agregada sobre los compromisos para 2017, que son los que se verían en principio directamente afectados, pero la cifra podría rondar los 1.300 millones, según el cálculo del propio ministro Luis de Guindos. Cantabria recibiría anualmente unos 57 millones de euros.
