La Fiscalía archiva la denuncia contra el alcalde de Santander por prevaricación

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las diligencias de investigación abiertas a raíz de que una vecina denunciara al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), por un presunto delito de prevaricación por incumplir el acuerdo plenario en el que se instaba al Consistorio a emitir una declaración institucional pidiendo disculpas a los afectados por el incendio ocurrido hace siete años en el barrio de Tetuán. 

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía reconoce que existe una “demora” en el cumplimiento de dicho acuerdo -fue aprobado el pasado mes de julio- pero señala que en el mismo no se establece un plazo para llevarlo a efecto y, por lo tanto, entiende que no ha lugar a un delito de prevaricación por omisión. 

“Con un criterio de racionalidad se pudiera entender que se ha producido una demora en su puesta en funcionamiento”, afirma la fiscal superior Pilar Jiménez, que, al mismo tiempo, destaca en su escrito que “no existe una negativa, pues en ningún momento se ha producido un manifiesto rechazo a su ejecución”.

La denuncia fue interpuesta por Verónica Fraile, cuyas padres perdieron la vivienda en el siniestro ocurrido el 8 de octubre del año 2008, cuando el rescoldo de una explosión de gas derivó en un terrible incendio que acabó calcinando las casa de 27 personas, así como dos negocios.

El suceso enfrentó al equipo de Gobierno (PP) y a los afectados, que llevaron el caso a los tribunales al entender que el trabajo del servicio municipal de bomberos fue imprudente, tal y como estimó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, que en una sentencia emitida el pasado mes de marzo certificó que el fuego fue consecuencia de una “deficiente” actuación de los bomberos, por lo que condenó al Consistorio a abonar unos 3 millones de euros como responsable patrimonial de los hechos. El Ayuntamiento no recurrió el auto y la aseguradora de la Administración local asumió la mayor parte de la indemnización. 

Pero más allá de la incorrecta intervención de este cuerpo, los afectados se han sentido siempre “abandonados” por los responsables del Ayuntamiento, y especialmente del alcalde, a quien recriminan su “falta de humanidad”.

Fue el PRC, encabezado por José María Fuentes Pila, el que llevó al Pleno la moción en el que además de instar a pedir disculpas, se reclamaba la elaboración de un protocolo de actuación para este tipo de sucesos.

Tras conocer que la Fiscalía había admitido a trámite la denuncia, el equipo de Gobierno presentó de urgencia al resto de grupos municipales un borrador con la declaración institucional, un texto que no cuenta con el visto bueno de los vecinos ni de la mayor parte de la oposición.      

Nueva declaración

Así, el Grupo municipal regionalista anunció este miércoles que ha consensuado con los afectados por el incendio una declaración institucional que registrará en los próximos días para su debate en el próximo Pleno municipal, que se celebrará a finales de febrero, y en la que se pide perdón de forma “conjunta, unánime e inequívoca” a las víctimas.

“Los vecinos han apoyado el texto que hemos propuesto, así que lo registraremos en los próximos días con la convicción de que todos los miembros de la Corporación lo apoyarán también”, ha afirmado Fuentes-Pila, para quien ha llegado el momento de “cerrar las heridas y mirar hacia adelante”.

En concreto, ha explicado el regionalista, el texto reconoce una actuación “deficiente” en relación al acompañamiento de las víctimas, por lo que se pide perdón de “unánime, conjunta e inequívoca a todos y cada uno de los afectados por el incendio de Tetuán que durante todos estos años no encontraron en su Ayuntamiento el apoyo que esperaban”.