El Ayuntamiento anuncia en campaña 70 contrataciones de parados que se materializarán en agosto
El Ayuntamiento de Santander ha anunciado este viernes la apertura del plazo de solicitud para la contratación de 70 desempleados con cargo a las subvenciones que ha dispuesto el Gobierno de Cantabria y que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Unas ayudas que han sido objeto de polémica en toda la comunidad autónoma en los últimos meses por los métodos elegidos para seleccionar a los candidatos y que han sido tachadas de “electoralistas”, como un último intento de presentarse a la cita con las urnas con unos datos de paro 'trucados' por los cientos de contratos públicos y temporales.
Sin embargo, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha dado un paso más y ha adelantado varios meses el plazo de una convocatoria que no se materializará hasta el mes de agosto. Es decir, que el Ayuntamiento de Santander abre una selección que no se concretará hasta el 15 de agosto, fecha prevista para el inicio de los trabajos a jornada completa, durante seis meses, que “desarrollarán proyectos de interés social y general en el municipio”, según ha informado el alcalde, Íñigo de la Serna, a través de un comunicado de prensa.
El también candidato del PP a la Alcaldía ha precisado que se podrán presentar las solicitudes desde el 15 de mayo hasta el próximo día 29, y ha indicado que toda la información respecto a esta convocatoria se puede consultar en la página web del Ayuntamiento y de la Agencia de Desarrollo Local, así como en las propias dependencias municipales de la Agencia, tanto en la calle Magallanes 30, como en el CIE Mercado de México en la calle Alta.
Lo que no explica la nota de prensa del Ayuntamiento -ni el departamento de comunicación del Consistorio, a preguntas de este periódico- es la fecha de inicio. Una fecha que sí viene recogida en las bases de la convocatoria para la contratación de los desempleados, donde explica también los requisitos exigidos, como estar inscrito como parado en las Oficinas de Servicio Cántabro de Empleo en el día de publicación de estas bases y en el día anterior a la contratación. Un periodo exacto de tres meses en el que los candidatos pueden quedar en una situación intermedia, en un 'limbo' legal, seleccionados pero sin contrato ni sueldo a la vista.
Las labores que desarrollarán las personas contratadas se organizan en cuatro programas y ofrecerán servicios de inserción social, ocio, cultura y medio ambiente, con una inversión total de 543.600 euros. De nuevo, y a pesar de las críticas de todos los grupos de la oposición y de buena parte de los interesados en anteriores convocatorias, se apuesta por un proceso inicial en el que se valoran la experiencia o la formación, pero que decidirá una entrevista personal con criterios subjetivos y que realizan los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local.
En el mes de marzo, en un acto público convocado en el Palacio de Exposiciones, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, junto con la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, dieron la 'bienvenida' y se fotografiaron con los 240 trabajadores contratados con cargo a la orden de corporaciones locales 2015 del Gobierno autonómico, una convocatoria que se repite mucho antes de que finalicen los actuales contratos.
Según presumió en aquel momento el propio Ignacio Diego, el Gobierno de Cantabria ha realizado un “esfuerzo sobresaliente” durante el año 2015, cuadruplicando la dotación para este tipo de contratos en las corporaciones locales respecto a 2011, pasando de 7 a 28 millones de euros en plena campaña electoral.
Críticas y denuncias
Estas contrataciones provocaron, además, que Comisiones Obreras llevara ante la Fiscalía al presidente de Cantabria y al delegado del Gobierno. El sindicato solicitó sin éxito su inhabilitación para ocupar cargo público por las “ilegalidades” cometidas en la contratación de parados en los distintos ayuntamientos.
Según explicó en aquel momento su secretario general, Carlos Sánchez, las convocatorias puestas en marcha en 80 municipios contenían “ilegalidades” que, a su juicio, las convertían en “nulas de pleno derecho”. Las críticas y la indignación de los aspirantes fueron la tónica general y se produjo entonces un reguero de protestas por todo el territorio regional.
Durante las semanas en las que se desarrollaron los distintos procesos de selección, las concentraciones de protesta, las reivindicaciones de los afectados e, incluso, las acampadas, se extendieron por prácticamente todos los municipios. En Laredo, por ejemplo, la contratación de varias personas vinculadas familiarmente a una de las concejalas del equipo de Gobierno, así como a miembros del personal del Ayuntamiento, despertó las suspicacias de los vecinos de la villa, que dudaban de la imparcialidad del proceso.
También en Santander hubo críticas a la gestión municipal, porque las entrevistas personales fueron determinantes a la hora de repartir los puestos de trabajo en detrimento de la experiencia y la formación de los candidatos. Es decir, que los criterios subjetivos primaron sobre los objetivos, de modo que el resultado fue que muchas personas que por su currículo habían obtenido una puntuación elevada se vieron fuera en favor de otras que realizaron una entrevista 'sobresaliente', literalmente.
Uno de los casos más singulares se produjo en el Consistorio de Santa Cruz de Bezana, donde optaron por una solución 'salomónica': El Ayuntamiento adjudicó los contratos de trabajo mediante un sorteo público. Una decisión que tampoco terminó de convencer a los participantes, ya que de este modo no se tuvo en cuenta ningún criterio social ni de méritos profesionales.
