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Carreras: “El Tribunal Constitucional es un juez, y los jueces deben y tienen que interpretar”

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. | Pablo Hojas.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha analizado si el Tribunal Constitucional debe ser “juez o árbitro” en el futuro de las autonomías en España. Un asunto que ha definido como “una patata caliente” ya que es “una gran responsabilidad que se pida al TC que haga de político”, ha asegurado.

Carreras ha explicado, en el encuentro El Tribunal Constitucional: logros y dudas celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, lo importante y acertado de la doctrina del TC para el correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías, pero “se tendría que resolver porque lleva a la crítica de los tribunales, que se ven politizados”, ha añadido. Asimismo, ha destacado que “hacer de juez no es hacer de árbitro” ya que, “el primero busca interpretar las normas y el segundo concilia intereses” y ha afirmado que “el TC es un juez, y la posición institucional que tienen los juristas es la de la interpretación”.

Reformas constitucionales

El catedrático ha señalado las reformas constitucionales que “modestamente” propone para evitar que el TC tenga que ejercer de árbitro: eliminar el principio dispositivo y “los restos que quedan de él”, consolidar el mapa autonómico y cambiar el artículo de la Constitución Española en el que se especifica que “las competencias de las Comunidades Autónomas se encuentran en los Estatutos”, ha explicado.

En este sentido, Carreras ha incidido en la importancia de “dotar de las competencias que no están atribuidas al Estado a las Comunidades Autónomas”, y así ha destacado que “se igualan las competencias autonómicas y se impide que se estén siempre en este proceso”. Por ello ha insistido en la posibilidad de reinterpretación del TC de la Constitución, que no en el cambio pues así el Tribunal “se libraría” de sentencias que pasarían a otras jurisprudencias “como, por ejemplo, la vía contencioso-administrativa”.

Por lo tanto, Carreras ha instado a un cambio basado en el debate de las leyes que afectan a la Comunidades Autónomas. Su solución pasa por “derivar a un órgano político” en el que participen las autonomías y así “se evitarían las impugnaciones y se descargaría al TC de la resolución de conflictos políticos”.

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