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"Ningún empresario puede secuestrar una inversión pública"

El Juzgado desestima la medida cautelar solicitada por Ascan que impedía a Colindres, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente hacer uso de las piscinas cubiertas, construidas hace más de tres años.  

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Las obras de construcción de las piscinas finalizaron hace tres años.

Las obras de construcción de las piscinas finalizaron hace tres años.

El Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria, formado por los Ayuntamientos de Colindres, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente, ocuparán "de forma inmediata" las piscinas cubiertas, una vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander ha desestimado la medida cautelar presentada por la empresa constructora.   

Ascan se había negado a entregar a los Ayuntamientos las llaves de las instalaciones hasta que el Ejecutivo cántabro abonara los cerca de seis millones de euros que le adeuda por las obras, que finalizaron hace más de tres años, un tiempo en el que las piscinas han permanecido cerradas.

Sin embargo, el auto, contra el que cabe recurso de apelación, señala que a los usuarios no se les puede privar de su derecho a utilizar una dotación construida en suelo y con dinero público, y  destinada a satisfacer sus necesidades.

"Es una decisión largamente esperada y que llevamos mucho tiempo peleando", ha manifestado en declaraciones a este diario José Ángel Hierro, presidente del Consorcio y alcalde de Colindres (PSOE). 

Hierro ha resaltado que el fallo judicial "ha puesto las cosas en su sitio" y "confirma" lo que los ayuntamientos implicados vienen denunciando desde el comienzo del litigio, y es que "ningún empresario puede secuestrar una inversión pública". Además de acceder de forma inminente a las instalaciones, ya planean organizar una jornada de puestas abiertas "para que los vecinos puedan comprobar de primera mano la calidad del nuevo equipamiento". 

El regidor municipal también ha recriminado al Gobierno de Ignacio Diego (PP) que no haya cejado de ponerles "trabas" en este conflicto, que, según recuerda, se originó por su decisión de romper de forma unilateral el compromiso firmado por el anterior Ejecutivo de coalición para sufragar las obras.   

En esta línea, ha recordado que el Gobierno de Diego les "presionó" para firmar un segundo convenio por el cual se veían "obligados" a renunciar a la ayuda para gestionar las instalaciones deportivas. "Y aún así no han pagado lo comprometido en los años 2012, 2013 y 2014", increpa Hierro. 

Con el nuevo acuerdo, los Ayuntamientos recibirán una partida presupuestaria anual durante los próximos cuatro años, con la que abonarán a la empresa la inversión.

No obstante, el Consorcio y los Ayuntamientos aún mantienen abierto otro frente judicial motivado por la resolución del contrato de explotación, que finalmente será pública.   

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