El PP cántabro se asoma al abismo: imposición de gestora o ruptura

El PP de Cantabria afronta unas horas cruciales para el futuro del partido. La guerra abierta por el liderazgo provocó una división sin precedentes en el seno de la formación conservadora dentro de la comunidad autónoma, una brecha que se hace más grande cada día y que ha llevado a Génova a un callejón sin salida: o desautoriza a la dirección autonómica elegida en el Congreso Federal por solo cuatro votos o toma medidas drásticas que pueden acabar en la escisión.

Y es que el pulso entre los dos sectores enfrentados no cesa, con declaraciones cruzadas en los medios y a través de las redes sociales, con acusaciones de pucherazo, denuncias en los tribunales, insultos, descalificaciones personales y una mayoría de diputados en el Parlamento de Cantabria que no reconocen la autoridad de María José Sáenz de Buruaga al frente del partido e impiden su nombramiento como portavoz del PP en la Cámara.

Ahora, agotados todos los plazos y ultimátums lanzados por una y otra parte, a la dirección nacional le tocará decidir si hace la vista gorda con los críticos que desafían al contestado equipo de Buruaga e impone una gestora que pacifique un partido que parece roto en dos mitades casi idénticas o rompe la baraja, impone sanciones ejemplares y expulsa a todos los díscolos, aún a riesgo de que esa circunstancia pueda precipitar los acontecimientos.

En este último caso, con nueve de los trece diputados enrocados en sus posiciones y fieles al anterior presidente, Ignacio Diego, el partido que ganó las últimas elecciones autonómicas en Cantabria -sacó aproximadamente 9.000 votos y un escaño al PRC de Miguel Ángel Revilla, que gobierna gracias a su pacto con el PSOE- podría pasar a tener una representación muy poco significativa.

De hecho, de producirse esta expulsión masiva -que ni los propios afectados descartan- los afines a Diego pasarían a ser diputados no adscritos hasta el final de legislatura, dando lugar a una circunstancia insólita: en conjunto sería el segundo grupo con mayor número de diputados en la Cámara, solo por detrás del PRC.

Desenlace inminente

A la espera de un posicionamiento claro de Génova, que de momento ha ignorado todos los escritos que denuncian irregularidades en el proceso interno que otorgó el poder a Buruaga, el sector del PP de Cantabria afín al expresidente Ignacio Diego ha pedido a Mariano Rajoy que “ponga al frente del partido a una gestora que promueva una integración real e impulse con garantías de transparencia la pendiente renovación de juntas locales, para poder impulsar desde ya la maquinaria electoral”.

En un comunicado enviado a la prensa, el sector crítico señala que “una presidenta y una dirección que promueve las expulsiones de todos aquellos compañeros que discrepan, no está legitimada para continuar al frente del PP”. “En el partido no sobra nadie, hacen falta todos. Y es precisamente la pluralidad y la diversidad en el debate lo que enriquece una propuesta que siempre se ha situado como la opción política mayoritaria entre los ciudadanos de Cantabria”, añaden en su texto.

Mientras, desde el PP cántabro señalan que el cambio de portavoz “no ha estado entre los asuntos que ha tratado el Grupo Parlamentario Popular”, que se ha reunido, como todas las semanas, para hablar sobre su actividad en la Cámara, a dos días de que este tema vuelva a centrar el debate del Comité Ejecutivo.

Sobre esta circunstancia, el todavía portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha anunciado que los diputados que no aceptan que María José Sáenz de Buruaga lo sustituya recurrirán los acuerdos del último Comité Ejecutivo porque consideran que “vulneran los estatutos del Partido Popular y los reglamentos de organización del PP de Cantabria y del Grupo Popular”.

En esa reunión, que se celebró el pasado 23 de mayo, se acordó volver a trasladar el mandato sobre el cambio de portavoz a los diputados, que tenían de plazo hasta el viernes para comunicar si lo aceptaban o lo rechazaban, un requerimiento al que no contestaron los nueve parlamentarios que se oponen al relevo y que podrían ser sancionados por no acatar las órdenes.