Miguel Ángel Revilla presidirá el próximo 26 de febrero una nueva reunión de la Mesa Láctea que, a escala autonómica, tratará de llegar a un acuerdo para amortiguar la caída de un sector que han dejado en manos de la libre competencia, en manos de un sistema que ha dicho 'no' a la regulación de mercado eliminando las cuotas lácteas. Un sistema que sanciona los pactos, que prohíbe, por tanto, fijar precios mínimos para evitar vender la leche por debajo de los costes de producción y que el consejero del área, Jesús Oria, ha tenido que recordar a su superior para rebajar las expectativas que el presidente de Cantabria ha generado, y los medios de comunicación hemos transcrito convirtiéndolo en un titular sin recorrido.
El presidente de Cantabria quiere propiciar un acuerdo de todos los integrantes de la cadena del sector lácteo (ganaderos, industria y distribución) para que la leche al consumidor final no se venda por debajo de los 60 céntimos. Pero ahí está el consejero de Medio Rural para frenar las aspiraciones de un Revilla al que ha tenido que aclarar en qué liga jugamos. En la del dinero. En una liga en la que la Comisión Nacional de la Competencia sanciona propósitos como el suyo porque en un mercado cada vez más libre solo hay hueco para los gigantes. Nadie puede obligar a la industria a solidarizarse con el productor, nadie puede impedir la deslocalización, la búsqueda de nuevos nichos de negocio en provincias próximas a grandes capitales, como Madrid, para abaratar costes.
El próximo 26 de febrero, a falta de mecanismos que permitan regular el negocio, marcando un precio que ayude a sobrevivir a las explotaciones ganaderas de Cantabria, el acuerdo estará supeditado a la buena fe de la industria, que recoge la leche a pérdidas. Y, todos sabemos, que la buena fe y los negocios no siempre van de la mano. ¡Poderoso caballero es don dinero!
Revilla emplaza a las partes que componen la cadena de valor a negociar siguiendo la estela de la ministra de Agricultura que, el pasado mes de septiembre, en un tono más recatado y realista reconocía que lo que propone ahora Revilla está prohibido por ley; que incluir un precio mínimo expondría a los ganaderos a tener que afrontar multas.
Ese “histórico acuerdo” que abanderó el Ministerio y que, sin embargo, no firmaron las grandes organizaciones agrarias a sabiendas de que era papel mojado no ha amortiguado, en absoluto, la caída del sector que ya mantiene a los productores cántabros como los segundos que menos cobran de España. Solo en 2015 cerca de 65 explotaciones dejaron de producir leche y muchas otras terminan derramándola porque no hay industria que la recoja. Industria que ha aprovechado en tiempo récord lo que le ofrecía Europa eliminado las cuotas que podía producir cada ganadero, liberalizando el sector y dejando a las pequeñas explotaciones en tierra de nadie.
Cantabria ha perdido la batalla y lo pagará caro. Los ganaderos representan algo más que su leche en un medio rural cada vez más desprotegido y despoblado. La exconsejera de Ganadería, Blanca Martínez, apostó sus cartas a la buena fe, al asegurar que el nuevo marco normativo aportaría muchas oportunidades. Apostó por la calidad y tampoco ha ganado, como es evidente, porque mientras se está dejando de recoger materia prima, fresca y de nuestros montes, damos la bienvenida a camiones cisterna que transportan leche desde Francia u Holanda para que el brick no supere los 60 céntimos y las grandes superficies lo utilicen como producto-reclamo.
La calidad parece que cuenta poco a estas alturas.
¡Vaya papelón, señor Revilla!
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