Se han cumplido tres años de la puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, que a partir de septiembre de ese año expulsó del sistema sanitario público al menos a 800.000 seres humanos en España, más de 3.000 en Cantabria, en cifras del propio Gobierno de España. Esas personas financiaban y financian la sanidad pública con sus impuestos, esas personas son inmigrantes sin permiso de residencia, aunque lleven residiendo y trabajando años entre nosotros, siendo como nosotros pero con menos derechos.
Tras tres años de críticas, movilizaciones y condenas, tras tres años de riesgos directos para la salud de centenares de miles de personas y de riesgos para la salud pública de toda la población. Tras al menos dos seres humanos reales muertos por falta contrastada de atención sanitaria, Alpha Pam y Janet Beltrán, el ministro de Sanidad del Gobierno del PP anuncia hace dos meses que va a devolver la Atención Primaria a los inmigrantes excluidos. Sin concretar ni cómo, ni cuándo. A fecha de hoy, las comunidades autónomas, a las que correspondería poner en práctica la medida, no han recibido ninguna indicación del Ministerio, por lo que todo indica que nos encontramos ante una declaración electoralista carente de contenidos hasta el momento.
La propia declaración del ministro es en sí misma la constatación de la injusticia, inequidad e ineficacia de la retirada de la asistencia sanitaria universal a las personas afectadas. Es también una rectificación que no reconoce el sufrimiento causado a centenares de miles de seres humanos que perdieron la expectativa de poder ser atendidos y cuidados por un sistema público de salud que financian con sus impuestos. La declaración no reconoce tampoco la vulneración del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España. El Comité de la ONU que supervisa este Pacto, en su declaración sobre 'El derecho al más alto nivel posible de salud' del 11 de agosto de 2000, manifiesta la obligación inderogable de dar asistencia sanitaria no discriminatoria a los inmigrantes en situación irregular.
La declaración pone en evidencia vías como el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública del Gobierno del PP en Cantabria, que solo han servido para maquillar la ausencia de asistencia sanitaria a este colectivo, como ponen de manifiesto los 100 casos de acompañamiento a inmigrantes recogidos por Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria en su blog.
Sin embargo, el compromiso formal adquirido por el Gobierno facilita también la exigencia de su cumplimiento y ampliación. En ese sentido, emplazamos al Gobierno de Cantabria y al Partido Popular que lo sustenta a unirse al compromiso alcanzado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas del país, salvo el PP y Ciudadanos. Acuerdo que compromete a las fuerzas que lo suscriben a “adoptar medidas legislativas que aseguren la sanidad universal, es decir, el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación”. Dicho acuerdo ha sido ratificado en Cantabria por una gran mayoría de fuerzas políticas, sociales y sindicales.
El Gobierno de Cantabria tiene la oportunidad de restituir un derecho humano cuya ausencia excluye a demasiados de nuestros conciudadanos y avergüenza al resto. No hacerlo pondría de manifiesto su insensibilidad moral y su falta de ética.
Sobre este blog
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