La Conferencia de Río de Janeiro en 1992 sobre medio ambiente tal vez levantara expectativas desmesuradas sobre un replanteamiento profundo de las depredadoras relaciones del hombre con la naturaleza, sobre los límites del crecimiento –y del crecimiento mismo en muchos aspectos–, y sobre la creencia –que no el conocimiento científico– de que la sociedad iba a encontrar siempre las respuestas adecuadas a los retos que estaban provocando los graves desequilibrios ecológicos de las agresiones generalizadas a los ecosistemas que soportan a la especie humana.
Unas expectativas que, al menos, incorporaron las ideas de calidad de vida, las visiones a largo plazo, el desarrollo sostenible –“satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin hipotecar a las futuras y sin sobrepasar en la explotación de los recursos la capacidad de carga y renovación de los ecosistemas que les sustentan”–, la eliminación de las fronteras en la resolución de los problemas ambientales, la implantación de la justicia universal, la superación de las contradicciones norte-sur, campo-ciudad o centro-periferia o las derivadas de la explosión demográfica y el consumo ilimitado, entre otros argumentos opuestos a la identificación entre cantidad de bienes y felicidad; al afán de obtener el máximo de beneficios en el plazo más corto posible; o a admitir la pobreza, la guerra o las desigualdades de un modelo de sociedad que no admite otras alternativas.
En aquel escenario de nuevos horizontes la aparición en las administraciones públicas de ministerios –o de consejerías, concejalías, comisiones, direcciones generales...– de Medio Ambiente e incluso de Economía Ecológica, o de congresos, convenios y tratados internacionales, cambios educativos y culturales... pareció, por un momento, que iba ser consecuente con estas nuevas preocupaciones y las urgentes prioridades e inversiones que exigían en las transformaciones económicas, sociales y políticas que deberían acompañarles.
Sin embargo, el cambio de siglo pronto empezó a vaciar de contenido aquellos tímidos esbozos que se expresó, por ejemplo, en los fracasos del Protocolo de Kyoto, Río+10 y +20 o la Cumbre de Copenhague o en la disolución de los ministerios específicos que han convertido al medio ambiente en puros decorados del marketing político o comercial, pervirtiendo sus propios significados –“el crecimiento sostenible”, imposible de mantener en la mayoría de los sectores a los que se aplica–, acabando en auténticas borracheras legislativas en directa proporción al incumplimiento de las disposiciones que se promulgan, o extendiendo estos vacíos verdes ya no a los partidos tradicionales sino también a los llamados emergentes que han olvidado al medio ambiente como propuesta fundamental en sus programas o debates sobre regeneración política.
Esta desaparición de las cuestiones ambientales de las agendas políticas tienen su reflejo en la falta de compromisos o vinculaciones obligadas a los tratados internacionales –y ahí está la Cumbre de París sobre el clima para volver otra vez a Kyoto o Copenhague como demostración de un voluntarismo retórico que no se traduce en medidas concretas y eficaces–; en la transgresión de las directivas comunitarias –con España como el país que bate el récord de la Unión Europea en infracciones ambientales– de ordenación territorial y planificación urbanística, o de los convenios de Ramsar, Aarhus, Florencia... sobre zonas húmedas, información ambiental, el paisaje, la Red Natura 2000... mientras apoya sin reservas al TTIP (el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, entre Estados Unidos y Europa), la supresión de controles ambientales y la reducción al mínimo –el 0,16% en España frente al modesto 0,7% asumido por los países más avanzados– de las ayudas al desarrollo para actuar en origen frente al intercambio desigual y la crisis ecológica y social de los países pobres; o en la crónica confusión de competencias ambientales entre las distintas administraciones –UE, Gobierno central, autonomías, ayuntamientos, Confederación Hidrográfica, Demarcación de Costas...– a la hora de abordar programas de actuación articulados, complementarios e integrales o eliminar las ambigüedades en las disposiciones autonómicas y estatales sobre, por ejemplo, el fracking o los parques eólicos.
Por otro lado, las modificaciones –particularmente intensas en la última legislatura– destinadas a devaluar la gestión ambiental han afectado a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad con Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes, Zonas Periféricas, Áreas de Influencia Socioeconómica, utilidad pública y derecho de tanteo y retracto... convertidos en papel mojado con sus declaraciones formales o avasallados por la especulación urbanística, y a las leyes con mayores competencias sobre medio ambiente –costas, aguas, montes, caza, suelo, residuos, sector eléctrico y energético, ferrocarriles, impacto ambiental...–, favoreciendo las privatizaciones, haciendo de la naturaleza una pura mercancía y pendientes de recursos ante los tribunales y la UE al ser cómplices de la degradación del litoral español, los ecosistemas fluviales, la biodiversidad y el paisaje; de ignorar su protagonismo en las estrategias contra el cambio climático, inundaciones, temporales y sequías; del bloqueo a las energías renovables y el apoyo a combustibles fósiles o centrales nucleares con el aumento de la contaminación; de los despilfarros en recursos e infraestructuras –autovías, aeropuertos, AVE...– de un transporte derrochador e insostenible; de la apuesta por la incineración y los vertederos frente a las 5 ERRES –Reemplazar, Reducir, Reutlizar, Reciclar, Recuperar– o la renuncia a sustancias tóxicas y residuos peligrosos; de olvidar la fiscalidad ambiental e impuestos verdes para favorecer empleos ecológicos y conductas sostenibles; de la deforestación y las plantaciones masivas de pinos y eucaliptos, la introducción de especies invasoras y la proliferación de incendios forestales; y de la relajación o supresión de las evaluaciones de impacto al margen de las estrategias de prevención o los principios de precaución en la explotación de los recursos o la construcción de instalaciones diversas.
El enorme déficit de estas contrarreformas se agrava, finalmente, con las limitaciones de las fiscalías de Medio Ambiente, el incumplimiento de sentencias, la comisión de delitos sin identificar al delincuente –como ha ocurrido con la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera y los 87 millones de euros de coste o con las sentencias firmes de derribo en la costa de Cantabria– y sin depurar responsabilidades de personas físicas y jurídicas para imponer condenas, sanciones o actuaciones de reparación de los daños producidos, corrección de los impactos ambientales o restauración del medio natural, rematado todo este desamparo con la falta de sensibilidad institucional, política y sociocultural reflejada en la ausencia de la educación ambiental y del consumo responsable en los sistemas de enseñanza y en la necesaria ejemplaridad de las administraciones públicas.
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