El tratamiento para la hepatitis C llegará “a tantos como digan los médicos”
El tratamiento para los enfermos de hepatitis C ha llegado este lunes a la sesión plenaria del Parlamento de Cantabria, donde Gobierno y oposición se enfrentaron por la gestión de este problema en la comunidad autónoma. El diputado del Partido Popular Íñigo Fernández actuó como portavoz del grupo mayoritario en la Cámara y explicó que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) prevé tratar con Sovaldi a unos 200 pacientes a lo largo de 2015, aunque insistió en que se darán “tantos como digan los médicos”. “Si se necesitan 500, se suministrarán 500”, ha asegurado.
El PP mantiene así en el pleno la misma postura que explicó la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, a la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Cantabria, que trasladó a los enfermos en una reciente reunión en la sede de su departamento que el alto coste económico del tratamiento no sería determinante a la hora de diagnosticar a los pacientes, por lo que cedió la responsabilidad a los facultativos.
Durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PSOE para que el Parlamento regional instase al Sistema Nacional de Salud (SNS) a elaborar un plan contra la hepatitis C y a incorporar una partida presupuestaria suficiente para que ningún enfermo se quede sin el nuevo tratamiento Sovaldi por razones económicas, Íñigo Fernández confirmó también que, en estos momentos, se están suministrando en Cantabria una treintena de tratamientos del medicamento Sovaldi a instancias de los especialistas.
La iniciativa socialista ha contado con el apoyo del PRC pero ha sido tumbada por la mayoría del PP, que ha pedido al PSOE que presente de nuevo esta proposición no de ley cuando el estado y las comunidades autónomas hayan elaborado el Plan Nacional sobre esta enfermedad.
“Los enfermos no pueden esperar a que el Gobierno esté primero creando una comisión de expertos, después elaborando un plan nacional... el tratamiento se tiene que poner a disposición de forma inmediata”, ha dicho la diputada socialista Dolores Gorostiaga, que ha sido la encargada de defender la proposición de su partido.
Por su parte, la diputada regionalista Alodia Blanco ha criticado el precio al que ha adquirido España este tratamiento -43.500 euros por unidad-, un precio que, en su opinión, solo beneficia de forma “irracional” a una empresa que ni siquiera es una farmacéutica, sino “un fondo buitre que adquirió un pequeño laboratorio que tenía la patente”. Así, ha abogado porque el Gobierno de España expropie la patente al igual que ya han hecho otros países.
Entusiasmo moderado
También se ha pronunciado sobre este asunto el colectivo de enfermos que se agrupa bajo la plataforma cántabra, que mantuvo el pasado viernes una reunión con el director del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el doctor Javier García Crespo. Si la última palabra la tienen los médicos, los pacientes pendientes de ser diagnosticados querían conocer la intención del máximo responsable sanitario en la región.
A través de un comunicado, se mostraban “moderadamente satisfechos” en cuanto a las previsiones de la administración con los fármacos de última generación. Según les trasladó Crespo, durante el año 2015 se espera tratar a todos los enfermos que estén en las fases más avanzadas de la enfermedad, esto es, grado de fibrosis 3 y 4 (en una escala que va de 0 a 4), lo que significa tratar a los enfermos más graves.
Según el doctor, “la financiación no es el problema” y la Consejería de Sanidad “nunca” ha denegado un tratamiento por motivos económicos. Lo que sí reconoció fue la falta de personal para tratar a esos pacientes, la existencia de un registro que determine el número de enfermos a tratar o el retraso en la llegada del Sovaldi a los centros de salud públicos.
