Afectados por derribos se movilizarán exigiendo justicia a las administraciones

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por derribos en Cantabria, ha acordado retomar las movilizaciones en el Gobierno regional, ayuntamientos de la Comunidad y ante la propia justicia, debido al “incumplimiento” de los compromisos adquiridos por parte de las distintas administraciones para que se solucione su problema, generado hace más de dos décadas.

“Echarémos el resto, hasta la última gota de energía que nos queda, para que se haga justicia”, advierten los integrantes del colectivo, para quienes “lo que queda de esta Legislatura es la última oportunidad de terminar esta cruel situación” en la que se encuentran los propietarios de viviendas sobre las que pesa sentencia de demolición.

AMA ha decidido realizar nuevas movilizaciones para que “no se olvide el gran daño que están sufriendo” los afectados por “el incumplimiento” de las obligaciones de las administraciones, incluida la judicial, a la que piden que “se acabe con esta situación” y se apliquen los convenios firmados entre damnificados y Gobierno, para que se pague “donde haya que indemnizar” y “donde sea posible la regularización no se demore más.

Se ha puesto de manifiesto de este modo en el encuentro celebrado esta jornada en el Centro Cultural de Argoños, al que han asistido más de 200 personas. El presidente de AMA, Antonio Vilela, les explicó que esta “no era una reunión más”, porque la situación en la que se encuentran está llegando A su fin“ y ”no podemos aguantar más tiempo“.

“Esta Legislatura, a la que apenas le queda un año, tiene que ser la que marque el final de un proceso, de una muy triste historia que tenían que sonrojar a las instituciones y sus representantes, por no haber dado un solución en tiempo y forma a tantas familias, que después de décadas siguen con su patrimonio secuestrado, y con el temor en su cuerpo ante el posible derribo de sus viviendas”, ha expresado el portavoz de los afectados.

Por ello, y siguiendo lo acordado en la Declaración Institucional del Parlamento de Cantabria, han solicitado un reunión con Gobierno y alcaldes de los ayuntamientos involucrados, para que se pongan plazos al cumplimiento de “todas” las medidas que tanto Ejecutivo como consistorios “tienen que realizar para cumplir con la citada resolución. Confían en que la misma se pueda celebrar en la primera quincena del próximo mes de marzo.