AMA pide partidas presupuestarias para los convenios y que se conviertan “en ley”

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha mostrado su “malestar” con el Gobierno regional por el “retraso” en las actuaciones previstas, y ha considerado que “cada vez tiene menos interés en resolver” su situación.

Además, la agrupación ha pedido una partida presupuestaria “suficiente” para aplicar los convenios suscritos con los afectados y que, además, se conviertan “en ley”, con la inclusión de los principios que han servido para su creación en la Ley del Suelo.

Así lo ha expresado el colectivo al término de una reunión celebrada este sábado en Argoños, en la que han participado cerca de 300 personas, y en la que han destacado que dichos convenios “sirven de defensa al tercero de buena fe”, es decir, al comprador de una vivienda luego condenada a la demolición.

En el encuentro, el presidente de AMA ha transmitido a los asociados las comunicaciones enviadas por alcaldes de los ayuntamiento afectados por las sentencias de derribo sobre la situación actual de cada municipio.

Situación de cada ayuntamiento

Así, Juan José Alonso, regidor de Escalante, les ha trasladado que una vez que termine la segunda exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se remitirá al la CROTU, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio. En este Consistorio esperan que una realizadas las modificaciones necesarias, se proceda “en breve” a la aprobación definitiva del documento.

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños, ha indicado a los integrantes de AMA que están a la espera de los informes pertinentes del Gobierno de Cantabria, de modo que a “mediados” de noviembre se realizara por segunda vez a exposición pública del PGOU. Por otra parte, el Ayuntamiento está “a la espera” del préstamo extraordinario del Gobierno cántabro para abonar los daños morales “lo antes posible” a los afectados.

Y José Miguel Igual ha indicado que en Arnuero “se sigue trabajando” en la planificación, y ha indicado que ya se han llegado a acuerdos con varios propietarios para adquirir los terrenos donde se ubicarán las viviendas de sustitución. Así, esta administración local “sigue cumpliendo con los compromisos judiciales que han adquirido demandante, Ayuntamiento y afectados”, ha apuntado el regidor.

Su homóloga de Piélagos, Verónica Samperio, les ha destacado que la aprobación inicial del PGOU ha sido “un importante impulso” y espera que, con todas las aportaciones, se puedan “dar pasos necesarios para su aprobación definitiva en un tiempo prudencial”, algo para lo que el Ayuntamiento “está trabajando intensamente junto con el Gobierno de Cantabria”.

En este sentido, la alcaldesa informó a AMA sobre la reciente providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la que se piden aclaraciones al Tribunal Supremo sobre la aplicación del artículo 108.3 de la ley LJCA y que los afectados esperan que “sirva para dar la garantías necesarias a los ciudadanos ante los ilícitos de las administraciones”.

Preocupación de los afectados

Con todo ello, AMA ha expresado su “preocupación” por la “inseguridad jurídica” que producen las anulaciones de los PGOU por parte del Supremo, y sobre todo por “los daños que producen los ayuntamientos con su planificación contraria a la legalidad vigente”.

Acuerdos

En el encuentro, el colectivo de afectados por los derribos ha aprobado celebrar el 17 de diciembre el acto de apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y presentar aportaciones a la ley del suelo.

Entre estas últimas figura que se recorten los plazos de planificación dentro del urbanismo, que en los suelos donde se derriben viviendas si posteriormente se vuelve a construir tengan preferencia los ciudadanos afectados, o que cuando haya condenas firmes a las administraciones se restituya el patrimonio a los propietarios “loa antes posible”, mediante la regulación de sus casas, la entrega de otras de sustitución o el abono del importe de las mismas al precio de mercado.