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AMPL Cantabria y otras nueve ccaa rechazan la estrategia de empleo propuesta por el Gobierno del PP

En la Conferencia Sectorial de Empleo

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AMPL Cantabria y otras nueve ccaa rechazan la estrategia de empleo propuesta por el Gobierno del PP

Cantabria y otras nueve comunidades autónomas (Extremadura, Andalucía, Asturias, Valencia, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha y Navarra) han rechazado el reparto de fondos realizado en la Conferencia Sectorial de Empleo, que según el ministerio de Fátima Báñez asciende a 2.070 millones de euros para 2017. A la vez, han rechazado la estrategia de empleo propuesta por el Gobierno del PP al entender que apuesta por la precariedad para cuatro millones de parados.

Según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado, estos diez Gobiernos autonómicos han acusado a la ministra Báñez de haber roto el acuerdo de diálogo y consenso alcanzado en la Conferencia de Presidentes y han mostrado su rechazo a la propuesta de Estrategia Española de Empleo que pretende aprobar el Gobierno de la Nación, porque "no ha sido apenas negociada ni consensuada con la mayoría de las comunidades autónomas".

Los representantes de los ejecutivos autonómicos consideran que la ministra Fátima Báñez ha "ninguneado" a las comunidades, ya que la Conferencia Sectorial se ha convocado con urgencia, imponiendo el inicio a las 13 horas, para finalmente celebrarse sin la presencia de la ministra.

En cuanto al contenido del documento propuesto por el Gobierno, la mayor parte de las comunidades autónomas rechazan el diseño de la Estrategia por no centrarse en asuntos fundamentales tales como las políticas dirigidas a colectivos prioritarios (jóvenes, mayores de 45 y parados de larga duración).

Según el consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, "en su conjunto supone una prórroga de la Estrategia de 2012 y de las políticas de austeridad auspiciadas por la reforma laboral, aún en un contexto de crecimiento económico".

Según Sota, la estrategia "también evita abordar cuestiones clave" relacionadas con la calidad en el empleo, como la precariedad laboral, la temporalidad y parcialidad, la devaluación salarial y el recorte que han sufrido las prestaciones y subsidios. Por ello, estas comunidades han presentado un documento alternativo que plantea políticas "más inclusivas".

Por otra parte, consideran que la Estrategia "pone en evidencia la voluntad del Gobierno de reducir los servicios públicos de empleo en favor de empresas privadas de colocación, que ahondarán en el debilitamiento de los Servicios Públicos y debilitarán aún más la situación de los colectivos más vulnerables".

Las comunidades también han rechazado el reparto de fondos de la Conferencia Sectorial, al entender que no existe un compromiso financiero real, más allá del mantenimiento de los niveles actuales de financiación, que consideran "insuficientes y muy por debajo de los 3.200 millones de 2011, lo que supone 1.400 millones más que el presupuesto actual".

En este sentido, los Gobiernos autonómicos reivindican que las comunidades no son "meras subcontratas que distribuyen el dinero que reparte el Ministerio, sino que son responsables y competentes en materia del diseño y ejecución de las políticas activas, lo que implica una responsabilidad en la distribución de estos fondos".

Las comunidades (Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Catalunya, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunitat Valenciana) han reclamado una vez más a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que convoque a la Comisión de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes para replantear y pactar una Estrategia que se adapte a la situación del mercado actual y a las realidades de cada Comunidad Autónoma.

RECHAZO AL REPARTO DE FONDOS

Además de no tratar de pactar un documento consensuado, las comunidades citadas han criticado con dureza el hecho que el Ministerio haya distribuido una nota de prensa de otro punto del orden del día, el reparto de fondos para políticas activas, anunciando una distribución que aún no se había sometido a votación en el seno de la Conferencia Sectorial, y que corría el riesgo de no ser aprobada, como finalmente ha sucedido, por lo que se ha tachado de irresponsable la actitud del Ministerio.

En la misma línea que Sota, el consejero de Trabajo de Baleares, Lago Negueruela, ha manifestado que el ministerio ha emitido una nota de prensa antes de que acabara el debate dando por acordados puntos que aún no han sido debatidos, como el reparto de fondos. Ha asegurado que han ofrecido consenso, pero el Gobierno "no ha querido llegar a un acuerdo, incumpliendo así los pactos alcanzados en la Conferencia de Presidentes".

Negueruela ha recalcado que no están de acuerdo ni en la forma ni en el fondo y que el Ministerio ha dado un "paso atrás" para los cuatro millones de parados que hay en España al no abordar la calidad en empleo y apostar por el "modelo de precariedad", con el único apoyo de las autonomías gobernadas por el PP y Canarias. Denuncia, además, que no les han dejado votar.

Por su parte, la consejera extremeña Educación y Empleo, Esther Gutierrez, ha declarado que se trataría de una gran oportunidad para pactar la estrategia de empleo para los próximos tres años y dar esperanza a cuatro millones de parados. Pide al ministerio que recapaciten y negocien una estrategia consensuada con todas las comunidades.

En su nota de prensa, el Ministerio de Trabajo ha informado este miércoles de que la nueva distribución de fondos para las políticas activas de empleo será de 2.060 millones de euros para las autonomías en 2017, extremo que, aseguran, ha sido aprobado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

La Conferencia ha acordado, según la nota de este departamento, añadir 167 millones de euros más a los 1.893 millones aprobados el 18 de abril, tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En total, esta cantidad representa un 14,38% (259 millones) más que en 2016, año en el que se repartieron 1.801 millones de euros.

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