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AMPL Vigilancia Aduanera confirma que las empresas de la operación Trigo Limpio eran sociedades "vacías"

El jefe de la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera ha confirmado que las empresas investigadas en la operación Trigo Limpio, eran sociedades "vacías", sin propiedades, con cuentas bancarias que se abrían específicamente para cobrar cheques, que no estaban dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y no hacían declaraciones tributarias.

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Algunas de ellas tenían "domicilios ilocalizables" y otras tenían su sede social en los domicilios del abogado acusado en esta causa, Rodolfo M.P., y del testaferro, José Angel C.I., que figuraba como administrador de algunas de esas empresas y que no está acusado por padecer alzheimer.

El inspector ha destacado que las cuentas bancarias estaban "vacías" pero tenían movimientos "llamativos", con ingresos de grandes cantidades de dinero que "entraba y a continuación desaparecía". Así, ha puesto como ejemplo una cuenta que dura 15 días y en la que se ingresan cheques por valor de 300.000 y 400.000 euros que salen "el mismo día o el siguiente".

Así lo ha explicado durante su declaración en el juicio de la operación Trigo Limpio, en el que hay 12 acusados para los que la Fiscalía pide en total más de 70 años por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, por facturar comisiones de operaciones de compraventa inmobiliaria a nombre de sociedades 'pantalla' como Minalcom o Arroyo de Aguanaz, ambas administradas por José Angel C.I., para ocultar beneficios y engañar al fisco.

El jefe de la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera ha señalado que el acusado que más patrimonio tenía es el intermediador inmobiliario José Antonio L.G., principal imputado junto con el abogado. La Fiscalía pide para ellos 27 y 25 años de cárcel, respectivamente.

A preguntas de la defensa del abogado, ha afirmado que José Angel C.I. cobró cheques por valor de un millón de euros. "El dinero según entraba salía, el destino todavía estamos buscándolo", ha dicho tras recordar que José Angel testificó en 2007 ante la policía y el juez instructor, que el dinero "se lo reparten entre unos cuantos, a mí me dan la propinilla".

Sobre las escuchas telefónicas de José Angel, ha afirmado que "no aportaron información relevante" porque llevaba una vida "muy rutinaria", "no se relacionaba" con personas del mundo de la intermediación inmobiliaria y prácticamente solo hablaba con su abogado, Rodolfo M.P., al que se ha referido como "el único contacto con relevancia" en la investigación.

INCAPACITACIÓN POR DETERIORO COGNITIVO

En la jornada de este miércoles también han declarado las forenses que en 2011 y 2013 dictaminaron que José Angel C.I., que ingresó en una residencia en el año 2008, no estaba capacitado para declarar ante el juez y sobre su imputabilidad. Ambas han señalado que es imposible determinar si en el momento de los hechos, en los años 2005 y 2006, ya presentaba deterioro cognitivo y en qué grado.

La primera de las peritos recogió en su informe de 2011 que José Angel padecía "un deterioro cognitivo moderado con especial afectación de la memoria reciente y con una regular conciencia de su enfermedad", por lo que dictaminó que su capacidad de declarar estaba "notablemente disminuida".

A preguntas del fiscal, la perito forense ha explicado que cuando le preguntó sobre los hechos enjuiciados para evaluar su capacidad de declarar, contestó que le "hacían cambiar datos de la contabilidad y que eso no le gustaba, por lo que dejó de hacerlo".

Con posterioridad a ese reconocimiento se le diagnosticó deterioro cognitivo y fue puesto en tratamiento por alzheimer, y un mes después de estar con la segunda perito se promovió informe de incapacitación por deterioro cognitivo.

La forense ha explicado que su sintomatología era manifiesta y ha opinado que en 2011 "no empezaba sino que ya tenía la enfermedad plenamente establecida", sin embargo en ese momento aún no estaba diagnosticado ni tratado.

Ha señalado que "se valía para la vida cotidiana y que él mismo comentó que se le olvidaban cosas y su memoria "ya no es lo que era". En su opinión, también tenía afectada la memoria lejana, por lo que "podrían existir lagunas".

La segunda forense, la que le vio en 2013, dictaminó que padecía un deterioro cognitivo "moderado-severo", y que su capacidad para declarar estaba "claramente alterada".

Un matrimonio que regentaba un bar y que mantenía con él "cierta relación de amistad", comentó a esta perito que le conocían desde 2004 y que ya presentaba "alteraciones en el comportamiento y olvidos en situaciones cotidianas", lo que "podría ser compatible con los inicios de la enfermedad". En la primera jornada del juicio, el abogado declaró que empezó a notarle síntomas "a finales de 2006".

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