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CCOO y UGT entregan un manifiesto en la Seguridad Social en defensa de las pensiones

Exigen al Gobierno la convocatoria urgente de la comisión del Pacto de Toledo

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Responsables de las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT han entregado esta mañana un manifiesto a la directora provincial de la Seguridad Social en el que reclaman la defensa del sistema público de pensiones ante la "situación de alarma" creada por la merma del fondo de reserva de la Seguridad Social y exigen al Gobierno que convoque "urgentemente" la comisión del Pacto de Toledo.

En un comunicado, los dos sindicatos aseguran que este sistema es "perfectamente sostenible" aunque consideran que es necesario reforzar su estructura de ingresos, siendo la creación de empleo de calidad la "mejor" fuente de financiación, por lo que han insistido en que es necesario "transitar" hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación, a la vez que se siga impulsando, desde los presupuestos públicos, el mantenimiento y la atención a las necesidades de la sociedad.

Para CCOO y UGT es "básico" que el Gobierno sustituya el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) por una nueva fórmula pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción, pero hasta que se produzca este cambio, el Ejecutivo debe garantizar un flujo de recursos sostenido y suficiente que permita continuar con el mantenimiento del poder adquisitivo.

PROPUESTAS

Para las dos centrales sindicales debe ser prioritario que el Gobierno no diseñe políticas unilateralmente y comience a negociar con los representantes de los trabajadores y le insta a luchar contra el fraude y la economía sumergida, no solo por una cuestión de ingresos, sino para reforzar la equidad y legitimación social del conjunto del sistema público.

CCOO y UGT proponen aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude, -Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, etc.- así como mejorar su organización ya que está demostrado que solo el afloramiento de una tercera parte de la economía sumergida supondría un incremento de ingresos por cotizaciones sociales de varios miles de millones de euros anuales.

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