CEOE denuncia que la derogación de ayudas a la contratación indefinida “enmascara un recorte en creación de empleo”

CEOE-Cepyme ha denunciado que la derogación por parte del Gobierno de Cantabria del decreto que regulaba las subvenciones destinadas a la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida, una medida que cree que “enmascara un recorte en creación de empleo y evidencia una preocupante ineficacia en la gestión de los recursos públicos”.

La patronal ha considerado en un comunicado que esta decisión tiene su explicación en cuestiones “absolutamente ajenas a las empresas y vinculadas más bien al hecho de que la Administración regional prefiere redirigir a fines distintos la cantidad que supone esta medida de fomento del empleo”.

En cuanto a la eficacia de estas ayudas --que en 2015 ascendieron a seis millones de euros-- para la creación de empleo, CEOE ha estimado que “el decreto ha hecho posibles más de 3.000 contrataciones con una media de 5.000 euros de apoyo en cada caso”.

En base a estos datos, la organización ha opinado que el decreto “difícilmente puede considerarse ineficaz teniendo en cuenta las cifras de desempleo en Cantabria o comparando este balance con el coste y los resultados que arrojan los programas de creación de empleo temporal en cuya gestión interviene en exclusiva la Administración”.

Para CEOE-Cepyme Cantabria, el apoyo de las ayudas recogidas en el Decreto resultaba “especialmente relevante” puesto que se orientaba a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos, que constituyen más del 95% del tejido empresarial cántabro y que “desde ayer queda desamparado”.

Además, a su juicio, la fórmula para la concesión de las ayudas facilitaba que la totalidad de contratos que se firmasen de acuerdo a las condiciones establecidas pudieran beneficiarse de las ayudas con independencia de la fecha de la firma, aportaba a la empresas una estabilidad y una seguridad que no permiten las ayudas que se conceden a través de convocatorias específicas.

CEOE ha indicado que el Gobierno explica la retirada de esta medida por la posibilidad de que alguna empresa haya comenzado a despedir trabajadores transcurrido el periodo de 16 meses de duración del contrato, periodo que fija el Decreto para que el empresario tenga derecho a la ayuda.

Entre las empresas agrupadas en la patronal, esta explicación ha sido acogida con “máxima incredulidad” porque, “teniendo en cuenta que el Decreto entra en vigor el 9 de mayo de 2015 y que su derogación ha sido publicada ayer 17 de octubre, es materialmente imposible que existan datos suficientes que avalen la teoría en la que se escuda del Ejecutivo y que es con un simple cálculo matemático totalmente inverosímil”.

En cuanto a la posibilidad de que el Decreto esté abierto al fraude, desde los servicios jurídicos de CEOE-Cepyme se explica que “cualquier incumplimiento por parte de un ciudadano de las condiciones que dan lugar a percibir una ayuda, obligaría a éste a devolverla por lo que no cabe hablar de fraude en ningún caso”.

Además, desde estos servicios han insistido en que “la Administración tiene la obligación y los mecanismos para controlar la correcta utilización de los recursos que pone a disposición de las empresas y los ciudadanos y es su obligación y responsabilidad ejercer este control sin que le quepa escudarse en hipotéticos incumplimientos para renunciar a hacer frente a su obligación de gestionar”.