Camargo se suma al Fondo de Suministros del Gobierno cántabro, con 120.000 euros para ayudas de emergencia

Todos los grupos municipales han dado la bienvenida a estos recursos del Gobierno de Cantabria para las personas que más lo necesitan, pero han mostrado algunas “dudas” relacionadas con su compatibilidad con las ayudas propias de urgente necesidad del Ayuntamiento.

El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha mostrado su “preocupación” porque ve “cierta falta de previsión” en la Concejalía de Servicios Sociales y ha pedido que se elabore un protocolo de actuación para que los técnicos del área sepan cómo pueden compatibilizarse las ayudas del fondo regional y las ayudas del Ayuntamiento. Además, ha mostrado su “reconocimiento” al “excelente trabajo” de los técnicos, profesionales y voluntarios de todos los servicios sociales.

El concejal del área, Marcelo Campos, le ha replicado que “una parte importante de que los Servicios Sociales funcionen bien se debe a que el equipo de Gobierno ha dispuesto más recursos y partidas económicas respetables para atender la gran demanda que hay” de ayudas de urgente necesidad.

El portavoz del PRC y primer teniente de alcalde, Héctor Lavín, ha añadido con ironía que “ni Camargo se ha venido abajo ni se ha paralizado ni ha venido el coco”, y la alcaldesa, Esther Bolado, ha agregado que un año después, “seguimos gobernando y gobernamos bien”.

Respecto a los 100.000 euros del Gobierno, el concejal de Servicios Sociales ha explicado que aunque las condiciones vienen dadas y hay “algunos problemas de interpretación”, también es cierto que algún punto del convenio “da bastante juego” a los técnicos para salvar posibles problemas de incompatibilidades. “No creo que haya ningún problema a la hora de disponer de estas ayudas”, ha resumido.

El Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, al que el Gobierno regional destinará en el conjunto de Cantabria dos millones de euros, es el primero que se crea de estas características en la Comunidad Autónoma y permitirá que las familias tengan ayudas para hacer frente al pago del alquiler o fianza de vivienda, equipamientos, suministros básicos, etc. o también financiar los gastos de endeudamiento previo originados en los tres meses anteriores por los conceptos recogidos en el convenio, en cuyo caso la cuantía máxima será de 1.500 euros al año por unidad de convivencia.

Para calcular la escasez de ingresos económicos se aplicarán baremos en referencia a los ingresos del último mes, de tal forma que se fijará en una renta máxima de 666 euros en caso de que la unidad de convivencia esté integrada por un único miembro hasta los 1.589 euros en caso de que la familia esté integrada por siete o más miembros.

El portavoz del PP ha señalado que este protocolo no recoge la problemática específica de los desahucios, por lo que ha pedido que se haga una regulación propia. Por su parte, el portavoz de IU, Jorge Crespo, ha considerado que estas ayudas son “cuidados paliativos para rescatar a la gente que se nos ha caído con la crisis”, ha reclamado que se amplíen los criterios de acceso y ha pedido ayudas de carácter “transformador”.

CENTRO CULTURAL DE ESCOBEDO

También por unanimidad, se ha aprobado la mutación demanial del Centro Cultural de Escobedo, por la que la Junta Vecinal cede al Ayuntamiento su titularidad para que lo gestione, igual que hace en el resto de pueblos del Valle. Los grupos han considerado “de justicia” que todas las juntas vecinales estén “en situación de igualdad”.

Con la abstención del PP e IU, se ha acordado trasladar a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (CROTU) una modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) promovida por la empresa Cosgui Delegación del Mueble para el reconocimiento del carácter urbano de una parcela de su propiedad en Cacicedo.

El concejal de Urbanismo, Carlos González, ha explicado que este asunto pasa por el Pleno por “cautela” y por recomendación de Secretaría, ante una situación “atípica” generada por una sentencia que obliga al Ayuntamiento a aprobar una modificación urbanística sin someterla a información pública, aunque vinculada al informe de la CROTU. Una sentencia “contundente” que “hay que cumplir” y que obliga al Ayuntamiento pero no a la CROTU, ha explicado González.

Además, se ha llevado a cabo el sorteo para la designación de los miembros que van componer las mesas electorales en las elecciones al Congreso y al Senado del domingo 26 de junio.