Cantabria pide al Gobierno central financiación para cumplir las sentencias de derribo
El Gobierno de Cantabria busca aliados para afrontar el grave problema que tiene con las más de 600 viviendas declaradas ilegales por los tribunales. En caso de que no prosperen las autorizaciones provisionales -una figura urbanística ideada por el Ejecutivo autonómico para intentar salvar de la piqueta a 449 de esas viviendas- y de que los órganos judiciales pasen de la tolerancia mostrada hasta ahora a ser beligerantes en el cumplimiento de las sentencias, la administración pública deberá demoler las urbanizaciones e indemnizar a los afectados, con lo que tendría que hacer frente a un gasto multimillonario. Unos 300 millones de euros, según las estimaciones de los afectados.
Mientras llega la solución definitiva, que pasa por la aprobación de nuevos planes generales de ordenación urbana en los municipios implicados, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) -que engloba a los afectados- presiona a los responsables del Gobierno para que se comprometan a establecer un “límite temporal” que ponga, de una forma u otra, fin a un problema que arrastran desde los años 90, cuando la mayoría de estas viviendas fueron construidas fuera de ordenación en localidades costeras y como consecuencia de ello fueron declaradas ilegales.
En la última reunión mantenida por ambas partes, el Ejecutivo -formado por PRC y PSOE- planteó la posibilidad de implicar al Gobierno central (PP) dada la magnitud del problema. Fue una idea lanzada al vuelo, sin sostén, pero que va cogiendo forma, aunque todavía esté muy verde.
El bipartito aprovechó el pasado martes la visita a Cantabria de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, para plantearle esta cuestión. Además de analizar el panorama político nacional, hablar de la reforma de la financiación autonómica, de los proyectos del Ministerio de Fomento en la comunidad y de la partida pendiente para costear las obras de Valdecilla, socialistas y regionalistas expusieron el problema de los derribos. La vicepresidenta tomó nota y acordaron que el Gobierno regional remitiría a Madrid un informe al respecto.
Límite 2019
La propuesta que AMA ha puesto encima de la mesa de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria es fijar como límite el final de la legislatura -entre febrero y mayo de 2019- para poner fin a las sentencias de derribo.
En este sentido, reclaman a las administraciones implicadas que tras la tramitación de los planes generales de Argoños, Piélagos y Escalante acaten las sentencias y no interpongan nuevos recursos que prolonguen la causa. De este modo, se regularían aquellas viviendas donde así lo han autorizado los tribunales y se concedería una vivienda de sustitución o indemnización donde no sea posible.
En esta línea, piden que se extiendan los convenios que regulan las indemnizaciones a todos los afectados y que se incluya una partida presupuestaria de 100 millones de euros como muy tarde en 2018. Todo ello, añaden, ha de ser recogido una proposición no de ley aprobada en la Cámara autonómica.
De momento, el borrador de los presupuestos de Cantabria para el año 2017 fija una partida de 1,6 millones de euros para el Plan de Derribos, una cantidad similar a la de este año.
