Cantur busca una fórmula para minimizar los efectos de la sentencia del TSJC que anula la subida salarial

Según informa Cantur en un comunicado de prensa, se intentará “fraccionar y flexibilizar los plazos y cantidades que los empleados afectados tienen que devolver”.

El TSJC ha notificado a la empresa pública la firmeza de la sentencia, que anula la subida salarial prevista en el convenio colectivo firmado en 2014, relacionada con cambios de categorías profesionales dentro de la empresa, por suponer un incumplimiento de la legalidad presupuestaria, que impide expresamente la aplicación de cualquier tipo de incremento al personal no directivo del sector público.

La actual dirección de Cantur señala que la denuncia del convenio surgió de la Dirección General de Trabajo bajo el mandato del PP, tras apercibir a la empresa de la ilegalidad del mismo y tras comprobar que este no se modificó en consecuencia.

Igualmente, en dicho convenio se incumple la normativa que establece la necesidad del informe favorable de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Economía, Hacienda y Empleo para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario o laboral.

“Ambos incumplimientos por parte de la anterior dirección y responsables de CANTUR y del Gobierno del PP son los que nos llevan ahora ante esta situación y representan un grave perjuicio para los trabajadores de la empresa”, ha subrayado el actual director general de CANTUR, Javier Carrión, quien, junto con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, están “estudiando una fórmula para intentar minimizar en la mayor manera posible dichos perjuicios para los trabajadores afectados”.

El consejero ha afirmado que “es de una gravedad extrema que CANTUR aprobase un convenio en contra de la opinión de la Dirección General de Trabajo y que ésta se viese obligada a denunciar ante la justicia las ilegalidades del mismo, entre compañeros de Gobierno. Frente a este desprecio por la legalidad y por los derechos de los trabajadores trabajaremos para minimizar los efectos, y desde luego pediremos responsabilidades políticas”, afirma Martín.

Martín y Carrión “lamentan profundamente” esta situación y denuncian que es fruto, “de nuevo”, de “la pésima gestión realizada por los anteriores responsables de la sociedad pública”. El consejero ha destacado, en este sentido, “la gravedad que representa que una empresa pública no cumpla la legalidad”.

“Se trata de una actuación incomprensible que, no solo es ilegal, sino que, además, afecta a personas y empleados que ahora se deben enfrentar a la situación de tener que devolver el dinero”, ha enfatizado el consejero de Turismo.

Por último, subrayan que CANTUR y la Consejería “intentarán buscar alguna fórmula a través de la cual, esta vez con los informes pertinentes y los pasos administrativos que obliga la Ley de Presupuestos, permita en un breve plazo compensar este desastre con el reconocimiento legal de los cambios de categoría de los trabajadores afectados”.