Concentraciones de AMA el 28 de marzo para denunciar la “inseguridad jurídica” de los afectados por derribos

AMA, la asociación que en Cantabria aglutina a los propietarios de viviendas con sentencia de derribo, ha convocado para el 28 de marzo concentraciones ante el Gobierno de Cantabria, el Parlamento regional y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para denunciar la “inseguridad jurídica” creada, según señala, por el Ejecutivo regional, los ayuntamientos y los jueces y pedir que se “repare el daño”.

En un comunicado, este colectivo, ha expresado una vez más este sábado su “desazón, cansancio y preocupación” por la inseguridad jurídica que, a su juicio, se está creando para los afectados con las sentencias de la Sala de Contencioso-Administrativo del TSJC, con las resoluciones del Gobierno de Cantabria y con las actuaciones de los ayuntamientos con viviendas con sentencias de derribo.

De hecho, ha asegurado que “el miedo y el desasosiego” han vuelto a las familias, motivo por el cual se ha acordado celebrar una reunión extraordinaria de AMA el próximo sábado, 19 de marzo, en Argoños.

“Es muy difícil de comprender, para el común de los humanos, que cada vez que hay una resolución administrativa, una norma o ley que pretende dar soluciones al tema de las sentencias de derribo, posteriormente aparezca una resolución judicial que eche por tierra el trabajo o el camino realizado”, se ha quejado AMA, que cree que es un “bucle” del que parece “imposible” salir.

Para AMA Las últimas sentencias que afectan a familias de Miengo y Argoños han puesto de manifiesto “una vez más la inseguridad jurídica” de las familias afectadas.

Así, ha lamentado que mientras los afectados piden soluciones a la situación de “injusticia” que, según señala, sufren estas familias, las Administraciones hagan normas y la Justicia las declara ilegales. “Y vuelta la mula al trigo, otra vez a empezar”, censura.

“INCORRECCIÓN” DE LA ADMINISTRACIÓN Y “CELO EXCESIVO” DE JUECES

AMA ha asegurado que le resulta “descorazonador y demoledor” ver que, tantos años después, se siguen produciendo actuaciones “incorrectas” de la Administración, de la que dice que “no es capaz de hacer su trabajo sin incurrir en ilegalidades”, y el “celo excesivo” de la Justicia.

Respecto a los jueces, AMA ha opinado que con la “minuciosidad” que demuestran “más parece que va a buscar la aguja en la forma, que a resolver los problemas de fondo de los ciudadanos”.

AMA ha denunciado la “falta de sensibilidad” hacia las familias afectadas por parte de algunos jueces que, según dice, parecen olvidarse de las familias que están sufriendo este problema cuando hablan de las sentencias de derribo.

“La sensación del aumento de la inseguridad jurídica en nuestra Comunidad es altamente preocupante. Que más de 600 familias lleven más de dos décadas esperando saber si sus viviendas pueden ser legalizadas o tienen que se indemnizados por las actuaciones ilícitas de las Administraciones es penoso e impresentable”, señala.