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El Defensor del Pueblo actúa de oficio por la contaminación atmosférica de Santander

Este procedimiento se ha puesto en marcha también en otros 13 municipios de todo el país para conocer las medidas que contemplan contra este problema

La contaminación atmosférica es una de las grandes preocupaciones ambientales por sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana

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Los santanderinos elegirán el próximo 24 de mayo la nueva Corporación municipal, formada por 27 concejales.

Plaza del Ayuntamiento de Santander.

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante Santander y otros 13 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana.

En concreto, se trata de las ciudades de A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Granada, León, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza, además de la capital de Cantabria.

La institución ha informado este miércoles en un comunicado que ha pedido información a los ayuntamientos sobre los planes de acción a corto plazo para luchar contra este tipo de contaminación, que tiene efectos no solo sobre el medio ambiente sino también sobre la salud humana.

El Defensor del Pueblo también ha preguntado por la evaluación de la puesta en marcha de los planes de acción y por la información que se ha proporcionado a la población.

La contaminación atmosférica es uno de los grandes problemas ambientales, a nivel mundial, europeo y local. En 2016 varias localidades españolas superaron los niveles aconsejados de contaminación por partículas en suspensión, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica urbana.

El Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, atribuye a las entidades locales la competencia de elaborar los planes de calidad del aire y los planes de acción a corto plazo cuando en una zona o una aglomeración determinada exista riesgo de que el nivel de contaminantes supere uno o más de los umbrales de alerta. También obliga a publicar datos sobre la contaminación del aire.

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