Denuncian “posibles irregularidades” en la contratación de desempleados con fondos europeos
Representantes de los Grupos municipales Zieza, Cartes Sí Puede, y de Izquierda Unida en Los Corrales de Buelna han presentado ante la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria un escrito conjunto en los que se solicita la revisión y la nulidad, si procede, de los procesos de selección del personal realizados por estos ayuntamientos para la contratación de personas desempleadas en proyectos subvencionados con fondos europeos.
Estos programas de ayuda europea se instrumentalizan a través de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, corriendo la Unión Europea con el 50 por ciento de los gastos. No obstante, deben cumplir con unos fundamentos sociales y medio-ambientales dentro del programa operativo del FSE de Cantabria 2014-2020. Es precisamente, los “supuestos incumplimientos” de la filosofía de estos programas, de marcado carácter social y ecológico, lo que ahora estos partidos quieren elevar ante la oficina europea del Gobierno de Cantabria con la presentación de un escrito conjunto en el que se enumeran estas “irregularidades”.
Según se describe en la convocatoria de la orden autonómica, “uno de los instrumentos de la política de empleo es el Programa de Colaboración de los Servicios Públicos de Empleo con las Corporaciones Locales, que tiene por objeto la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general y social, dentro del ámbito local, como medio de adquisición de práctica profesional y de mejora de la ocupabilidad, que faciliten su inserción laboral, para lo cual se financian gran parte de los costes laborales de las personas trabajadoras contratadas”.
“Esta máxima -señalan en un comunicado- se ha vulnerado en las bases de contratación realizadas por las tres administraciones locales al exigir experiencia laboral previa en cada ayuntamiento”.
Tampoco cumple los requisitos objeto de subvención, ya que, según los firmantes del mencionado escrito las subvenciones deben ir destinadas a proyectos de obras y de servicios “que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y la atención de las personas más vulnerables”.
Ya en su día, los portavoces de estas formaciones políticas denunciaron en sus administraciones locales y en los medios de comunicación la posible vulneración de la normativa europea en los procedimientos seguidos para la contratación de personas desempleadas.
Una de las principales irregularidades detectadas es la referida a la exigencia de experiencia previa relacionada con el puesto de trabajo ofertado, contraviniendo, según los denunciantes, la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre de 2015, en cuanto a la exigencia de experiencia previa y los requisitos de acceso a la condición de empleado público laboral. En este sentido, los portavoces de municipales consideran fundamental preservar el carácter social de estos fondos europeos que “tratan de reducir las dificultades de acceso al empleo de jóvenes, discapacitados, inmigrantes, parados de larga duración y con menores niveles de cualificación”.
Además, los firmantes del escrito, Elvira María Suarez, portavoz de Cartes Sí Puede, Alberto Alcubilla, portavoz de Zieza y Elsa María Salas, portavoz IU en el ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, han hecho especial hincapié en la necesidad de que esta ayudas se destinen a los colectivos prioritarios que establece la orden. Es por ello, por lo que han presentado un escrito de denuncia ante los responsables de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos de Cantabria solicitando su intermediación para el fiel cumplimento de la normativa europea en este tipo de subvenciones.
Por todo ello, solicitan la intervención del Gobierno de Cantabria para la revisión y si procede la nulidad, de las listas de selección realizadas por los Ayuntamientos de Cartes, Cieza y Los Corrales de Buelna, por incumplir el espíritu de la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre de 2015, en cuanto a la exigencia de experiencia previa y los requisitos de acceso a la condición de empleado público laboral.
