La Fiscalía y Loroño mantienen la acusación contra Acayro, pero rebajan la pena de cárcel

La Fiscalía y la representación del promotor Jon Loroño mantienen la acusación sobre el juez Luis Acayro Sánchez Lázaro, por obtener de forma “ilícita” el certificado de penales y adjuntarlo a unas alegaciones a una queja presentada por el constructor contra él ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), revelando datos reservados.

Sin embargo, tanto la Fiscalía, que pedía inicialmente dos años y ocho meses de cárcel, como la acusación particular, que reclamaba tres, la han rebajado a dos años, seis meses y un día para este juez, titular del Juzgado de Instrucción e Instancia número 2 de Castro Urdiales, al que le acusan de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Por su parte, el juez ha defendido que actuó de forma lícita y asegura que no pidió a la secretaria judicial que entrara en el registro de penales para obtener los antecedentes penales de Loroño cuando no se daban las circunstancias para hacerlo.

Ha precisado que lo que hizo fue dar indicaciones a una funcionaria para que hiciera una fotocopia de dicho certificado que figuraba en otra procesamiento, en el que Loroño había estado imputado y luego desimputado.

A preguntas de la fiscal, Acayro señala que aportando ese documento pretendía defenderse de la queja de Loroño pero no desacreditarle ante el CGPJ.

Por su parte, tanto la secretaria judicial como la funcionaria a la que el juez cree le pidió que hiciera copia de esos documentos que iba a aportar han contradicho la versión del magistrado.

La secretaria judicial asegura que el juez le pidió, a través de un post-it, que entrara en el registro de penales y sacara copia de los antecedentes de Loroño y lo hizo porque pensó que había resolución judicial para amparar esa petición y que ello se debía a que había causa abierta contra él.

Respecto a eso, el magistrado sostiene que “siempre” que pedía certificado de penales lo hacía o a través de providencia o auto y no a través de post-it.

Por su parte, la otra funcionaria a la que el juez dice que le hizo el encargo de fotocopiar los antecedentes ha negado de que el certificado de penales formará parte del tomo del expediente que mandó fotocopiar. “En ningún caso”, ha señalado.Loroño presentó una querella contra el juez por la utilización que éste hizo de sus antecedentes penales al ejercer su derecho de defensa en un expediente disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial siguió a raíz de una queja del constructor.

Según los hechos denunciados, Acayro pidió a la secretaria judicial de su Juzgado que accediera a la base de datos del registro de penados “sin que existiera resolución judicial” que lo amparase, y “sin indicar esta circunstancia a la secretaria, a fin de obtener para fines privados” los antecedentes penales del querellante, “cancelados desde el 30 de marzo de 2003”.

El juez aportó la hoja de consulta de antecedentes penales a las diligencias informativas que se estaban tramitando en el Consejo General del Poder Judicial, “con el fin de acreditar la animadversión que le tiene el señor Loroño -administrador de Inmobiliaria Izarra- y en definitiva desacreditar a quien entendía estaba detrás de la queja interpuesta contra él ante el CGPJ”.

Una resolución del Tribunal Supremo revocaba el pasado 1 de octubre el archivo de esta causa, acordado por Sala de lo Civil y Penal del TSJC en febrero de este año, y acordaba retrotraer las actuaciones al momento posterior al auto dictado el 9 de diciembre de 2014 por la magistrada instructora del procedimiento contra el juez Acayro.

En aquel auto, se acordaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado por un delito de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público, un juicio al que finalmente el magistrado castreño se enfrentará el próximo 4 de diciembre, fecha que ha sido fijada este jueves por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.

El constructor Jon Loroño consigue así que Acayro se siente en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos, pero anteriormente ya presentó otra querella contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación judicial. Ésta fue archivada de forma provisional a finales de 2014 al entender el juez instructor que no resultaba “debidamente justificada la perpetración del delito investigado”.