Un 44% de los empleos del Gobierno de Cantabria están vacantes o cubiertos provisionalmente por interinos

Un 44% de las 6.336 plazas o empleos estipulados en la Relación de Puestos de Trabajo (RTP) de las distintas Consejerías del Gobierno de Cantabria están vacantes (1.568) o cubiertas de manera provisional por interinos (1.211), según datos aportados por UGT. Este sindicato ha demandado al Ejecutivo autónomo una planificación de los recursos humanos tendente a reducir la alta tasa de interinidad existente hoy en día.

Según precisa la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, se trata de una de las principales reivindicaciones del sindicato planteadas en la última mesa general de negociación de la función pública en la Administración autónoma, celebrada el pasado 9 de noviembre. Para UGT es necesaria la citada planificación “si se quiere reducir la actual tasa de interinidad (empleados temporales) y acercarla a las recomendaciones europeas”.

En la actualidad, sólo en la Administración General del Gobierno de Cantabria, que no incluye el personal docente y el del Servicio Cántabro de Salud, un 25,4% del personal es interino, 17 puntos más que el 8% que la UE ha recomendado a todas las administraciones públicas españolas.

En este sentido, FeSP-UGT ha solicitado al Ejecutivo cántabro la limitación del uso de la figura de los denominados “contratos por programa”, en los que se recurre a “cubrir con personal externo funciones propias de los empleados públicos mientras se dejan de cubrir puestos de la RPT, a pesar de que no suponen un ahorro de gasto”.

El sindicato añade que “en este objetivo de reducir la interinidad contribuiría, y mucho, la recuperación de servicios públicos que han sido externalizados o privatizados”.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), al término de 2016 en Cantabria, un 31% de los asalariados adscritos al sector público (14.796 de un total de 46.775) eran en realidad trabajadores de empresas privadas que prestan sus servicios a las distintas administraciones públicas de la comunidad en régimen de concesión.

Además, el sindicato reclama que esa planificación de los recursos humanos en el Gobierno de Cantabria “tenga en cuenta los efectos que tendrá la modernización de la llamada Administración Digital”, para lo cual solicita “un grupo específico de trabajo que vaya preparando el camino para una digitalización inevitable en las administraciones públicas, que incidirá y mucho en la plantilla de empleados públicos”.

Ley estatal

La federación de UGT en el sector público reconoce que este y otros objetivos están limitados por una normativa superior, la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que restringe las ofertas públicas de empleo, aunque rechaza que el Gobierno regional “la aplique de una manera estricta y restrictiva”.

“Tenemos problemas de lentitud y eficacia en la gestión de los procesos de selección de las ofertas públicas de empleo, está pendiente de negociar la OPE ordinaria de 2017 y tampoco se ha tratado aún la puesta en marcha de los procesos de estabilización; y todo ello no es porque lo impida la normativa básica para todas las administraciones públicas del Estado”, puntualiza el sindicato.

FeSP-UGT rechaza también, tal y como se expresó en la última cita de la mesa de negociación de la función pública en Cantabria, la nueva congelación salarial para los empleados públicos en 2018 “que agrava aún más el deterioro del poder adquisitivo”, tras reiterar su oposición a que se restrinjan además las aportaciones al plan de pensiones o la suspensión de las ayudas de acción social para los trabajadores del Gobierno de Cantabria.

El sindicato recuerda al respecto que “la normativa básica para las administraciones públicas sí permite dedicar los excedentes de la masa salarial a los planes de pensiones” y, por ello, solicita al Ejecutivo “los datos de ejecución de 2017 y que se confirme que no hay excedentes salariales para ser aportados al plan de pensiones”.

FeSP-UGT agrega a sus reivindicaciones a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, encargada de la gestión de los empleados públicos de la Administración autónoma, una ley regional de la función pública “que se hace cada vez más necesaria”.