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El Gobierno cántabro apoya la labor de los jueces de paz, “eslabón de la justicia más cercano” a los ciudadanos
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, ha trasladado su apoyo a la “labor fundamental” que desempeñan los jueces de paz como “eslabón más cercano de la justicia a los ciudadanos”.
Así se lo ha transmitido el consejero a representantes de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces de Paz de Cantabria, con quienes ha mantenido un encuentro en su despacho.
Concretamente, han asistido el presidente de la Asociación, José Antonio Sánchez, juez de paz de Cartes y Reocín y, a su vez, secretario general de la Federación Estatal de Justicia de Paz y Proximidad; Francisco Javier López, juez de paz de Los Corrales de Buelna; José Manuel Fernández, titular de Udías; Antonio Valdés, sustituto de Udías, y Rafael Gil, sustituto de Liendo, informa el Ejecutivo.
De la Sierra ha analizado con ellos las demandas del colectivo y las “incertidumbres” que, según le han explicado, existen en estos momentos en torno al futuro de los jueces de paz y del Registro Civil, a expensas de que se forme un Gobierno en España.
Asimismo, De la Sierra se va a interesar por la renovación de los equipos informáticos de los juzgados de paz y estudiará colaborar con la Asociación de Jueces de Paz para organizar unas jornadas formativas.
INCREMENTO DE LAS AYUDAS
La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha incrementado en un 75 por ciento la partida total de las ayudas destinadas a impulsar la mejora y modernización de los juzgados de paz.
En total, este año ha repartido 140.500 euros entre los municipios de la región que cuentan con juzgados de paz, con objeto de colaborar en los gastos generados por su funcionamiento.
El consejero del área ha destacado este incremento presupuestario para “dotar de una mayor calidad a los servicios públicos que se prestan” y que “los ciudadanos valoren el funcionamiento” de los registros civiles y los juzgados paz.
De cualquier forma, ha defendido la necesidad de seguir por este camino y mejorar el servicio de la Administración de Justicia, dotándola de más medios y capacidades.
