Instituto de Derecho y Medio Ambiente aplaude la denegación de la moratoria para el uso de mercurio en Solvay

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha aplaudido la decisión del Gobierno de Cantabria de denegar la moratoria para el uso de celdas de mercurio en la producción de cloro en la planta de Solvay en Torrelavega, tras un complejo proceso de revisión de la autorización ambiental integrada en el que IIDMA estaba personado como parte interesada.

La organización, una de las más importantes en nuestro país en derecho medioambiental, señala que la aprobación de la moratoria hubiera sentado un “grave precedente”, al tiempo que supondría “un desafío” para la Unión Europea, que podría acarrear incluso consecuencias penales, como ya advirtió la Comisión.

En un comunicado, el IIDMA recuerda que Solvay había solicitado una moratoria de dos años para continuar usando celdas de mercurio para producir cloro, una técnica prohibida por la UE y que no se podrá utilizar más a partir de diciembre de 2017 por el “peligro” que conlleva, al ser “tóxico” para seres humanos y “muy dañino” para el medio ambiente.

Añade el instituto que la Comisión Europea estaba investigando esta situación tras la presentación de una serie de denuncias ante la misma, interpuestas por el propio IIDMA y otras organizaciones.

El instituto especializado en derecho y medio ambiente se personó en el proceso de revisión con el fin de garantizar el respeto del marco jurídico vigente y así evitar las emisiones de mercurio desde esta instalación.

Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el mercurio forma parte de los diez productos químicos que plantean mayores problemas de salud pública.

Después de diferentes tragedias por envenenamiento por mercurio como la sucedida en Minamata (Japón), --donde más de 2.200 personas murieron debido a la emisión de mercurio por parte de una industria petroquímica en los años 50--, se tomaron medidas políticas, recuerda el IIDMA, que añade al respecto que en 2013 diferentes países, incluido España, firmaron el Convenio de Minamata, que entró en vigor el pasado mes de agosto.

Este tratado internacional incluye obligaciones para que los estados controlen vertidos, reduzcan la exposición a la sustancia, o prohíban determinados productos y procesos como el utilizado en Solvay.

Así, después de dos informes de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, que afirmaban que la actividad de la planta de Torrelavega era contraria a derecho, la Dirección General de Medio Ambiente publicó una resolución por la que se revisa y modifica la Autorización Ambiental Integrada de sus instalaciones en el municipio, prohibiendo el uso de mercurio a partir del 11 de diciembre de 2017, en conformidad con el Reglamento UE 2017/852 sobre el mercurio.

Esta Resolución, firmada por el Director General de Medio Ambiente Miguel Ángel Palacio, sigue también las obligaciones de la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea, y las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD), que excluye la producción de cloro mediante la técnica de celdas de mercurio.

“Estamos muy satisfechos con la decisión del Gobierno de Cantabria. La labor de IIDMA en la defensa de nuestro medio ambiente utilizando las herramientas que nos ofrece el estado de derecho resulta muy satisfactoria cuando las administraciones toman decisiones de conformidad con la legislación medioambiental vigente”, valoran desde el instituto.

La moratoria de dos años que pretendía Solvay era contraria al Estado de Derecho, y “potencialmente peligrosa” para la salud y el medio ambiente. “Su aprobación hubiera sentado un grave precedente, además de suponer un desafío a la Unión Europea”, concluye la organización.